defending rights and civil liberties

2013

19

MAR

Las Reformas en curso en materia de justicia desvirtúan el Estado de Derecho

El acceso a la justicia es esencial para garantizar el disfrute y goce efectivos de otros derechos. Los recortes a la asistencia legal, la imposición de tasas y la privatización de la justicia ponen en riesgo el principio de igualdad ante la ley.

El Ministerio de Justicia viene presentando una batería de importantes reformas legislativas de importante impacto en los derechos humanos, que en gran medida se ven restringidos. La Ley de Tasas, la reforma de la Justicia Gratuita, del Código Penal, la nueva Ley Procesal Penal, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, junto con otras que se solapan en el tiempo (como el Anteproyecto de Ley de reforma de los Registros, que viene a privatizar la gestión del Registro Civil; o el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que extraerá del ámbito judicial los procedimientos en los que no hay parte contraria y cuya gestión pasará a notarios y registradores de la propiedad) presentan un panorama abrumador en el que las organizaciones de derechos humanos y colectivos afectados no damos abasto a entrar a analizar.

Desde Rights International Spain abogamos por que toda reforma legal debería contar necesaria y obligatoriamente con estudios técnicos previos de impacto en los derechos humanos; y resaltamos la importancia de debates públicos e informados con expertos, conocedores del ámbito judicial y la sociedad civil.

Estas reformas vienen siendo presentadas so pretexto esencialmente de un lado de fortalecer la confianza de los ciudadanos en la Justicia y de otro lado de agilizar los pleitos y disminuir la litigiosidad. Ni lo uno ni lo otro se va a conseguir si ello pasa por restringir de forma ilegítima los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Por el contrario la adhesión a los principios básicos de transparencia, participación, responsabilidad y no discriminación es fundamental para lograr esa confianza y respeto por los derechos humanos.

Recordemos que la Constitución española consagra que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad…”,  así como  que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud…”. 

El Poder Ejecutivo es el primero sobre el que recae la obligación de proteger, respetar y garantizar la efectividad real y plena de los derechos humanos. Como decía la Magistrada Montserrat Comas, el Poder Judicial tiene que ser un contrapoder del ejecutivo y legislativo, pero para eso tiene que ser independiente y fuerte. Precisamente, la independencia judicial es una garantía para que no se erosione el estado de derecho por presiones e injerencias políticas.

El principio del Estado de Derecho está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas en cuyo Preámbulo se afirma que uno de los objetivos de la organización es “crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional”. Un estado que, por el contrario, empobrece y desmonta el servicio público de la justicia, ni la respeta, ni cumple con sus obligaciones internacionales, ni puede llamarse “de derecho”. El control que debe ser ejercido por parte de la justicia es  esencial para impedir la “arbitrariedad de los poderes públicos”.

En el informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el estado de derecho y justicia de transición de octubre de 2011, afirma que la ONU presta cada vez más atención a las crecientes amenazas al estado de derecho, como las causas básicas de los conflictos, incluidas las cuestiones relativas a la justicia económica y social. Igualmente subraya que las “profundas carencias de capacidad de las instituciones de justicia y seguridad del Estado, exacerbadas por una corrupción e interferencia política  generalizadas hacen que disminuyan los niveles de seguridad ciudadana y las  oportunidades económicas”; lo que, por otro lado, hace justamente que crezca el resentimiento, la desconfianza y hostilidad hacia los gobiernos. Es decir, una gobernanza ineficaz que requiere de determinadas políticas (digamos “represivas”) para mantener el status quo, es un factor detonante o desencadenante de conflictos sociales.

En Septiembre de 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución relativa a la seguridad humana que pone de relieve que hay un reconocimiento global que ésta no es una cuestión solo de uso de la fuerza ni medidas coercitivas, sino que se refiere al derecho de todas las personas a “disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano exige” y exige “respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas y todas las comunidades”.

Las políticas y medidas legislativas que está adoptando el gobierno, sin debate ni estudios previos –al menos que conozcamos-, se presentan por ello como ilegítimos y basta observar la contestación que vienen recibiendo desde el ámbito jurídico para constatar que, desde luego, no obedecen al mandato de una comunidad que las perciba como necesarias y benéficas. Además, se corre el riesgo tanto de desafección ciudadana frente a su sistema legal  como división y desconfianza en el Estado de derecho, precisamente en un momento en que las personas, las instituciones del Estado, el sistema legal/judicial, necesitan urgentemente aunarse en torno a unos valores comunes y sólidos.

Entonces, en cuanto al objetivo de fortalecer la confianza en la justicia es de destacar cómo el Anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial, ya aprobado por el Consejo de Ministros, entre otras medidas, viene a aumentar la participación de los políticos en el nombramiento de los miembros del Consejo reduciendo la de los jueces y sus asociaciones. Ello unido al impacto negativo de la reforma del régimen de sustituciones entre jueces (reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial), -lo que algunos han denominado como “ERE judicial” con la eliminación de casi mil jueces suplentes- en el derecho fundamental “a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías” y por tanto a “la tutela efectiva de los jueces y tribunales” protegido en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14) y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (art. 6).

La conocida como Ley de Tasas, ya en vigor, y acerca de la cual ya nos hemos pronunciado, afectará por un lado a la prestación del servicio a los ciudadanos a la vez que supone una vulneración del derecho de acceso a la justicia. Incluso el Parlamento Europeo ha afirmado que los recortes no deberían afectar el derecho de acceso a justicia. En todo caso, esta ley, que fue aprobada en noviembre 2012, ha sido objeto de modificación en virtud de Real Decreto-ley en febrero de 2013, que en absoluto ha servido para corregir el problema creado con la aprobación de la Ley en un primer lugar.

Difícil va a ser confiar más en la Justicia cuando asistimos a reformas que limitan el derecho a acceder a la misma. ??

También pendiente de reforma está la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que va a venir a  endurecer los requisitos de acceso al sistema, limitando la concesión de dicha asistencia. Esperamos que el legislador español tenga en consideración, entre otros, los recientemente aprobados Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal ( que puedes encontrar en ) que afirman que “la asistencia jurídica es un elemento esencial de un sistema de justicia ?penal justo, humano y eficiente que se base en la primacía del derecho”.

Y en el marco del derecho penal y procesal penal igualmente se presentan reformas de calado que perturban los principios de legalidad y seguridad jurídica y afectan a derechos, que bien merecen un debate en profundidad.

En relación al Anteproyecto de reforma del Código Penal, aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2012, asistimos igualmente a una reforma importante, cuya necesidad no se justifica, que trae más castigo, endurecimiento de penas –renunciando a la reinserción social y rehabilitación como mandata la Constitución- y novedades en materia de delitos contra el orden público que parecen destinadas a reprimir más la respuesta ciudadana que se multiplica en la calle frente a las medidas del Gobierno (ver Análisis Jurídico de RIS).

Por su parte el Anteproyecto de reforma de la vigente Ley de Enjuiciamiento criminal (que pasará a llamarse Código Procesal Penal) constituye en realidad una ley de nuevo cuño con una novedad esencial: que la instrucción del procedimiento penal se encomienda al fiscal. El modelo ciertamente funciona con éxito en muchos países pero en España, dados los criterios de jerarquía y unidad por los que se rige la Fiscalía, y siendo que el Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno, el riesgo de dependencia, injerencia política y parcialidad es elevadísimo. España no tiene “cultura” de independencia del Fiscal, y por lo que estamos viendo, también se quiere limitar una actividad judicial independiente.

En definitiva, el acceso a la justicia es esencial para garantizar el disfrute y goce efectivos de otros derechos. Los recortes a la asistencia legal, la imposición de tasas y la privatización de la justicia ponen en riesgo el principio de igualdad ante la ley. La percepción del Poder Judicial como poco independiente, débil o ineficaz, es un factor que  socava la confianza en el sistema legal. Como ha dicho el Secretario General de la ONU, los “Estados que se caracterizan por una gobernanza ineficaz, políticas represivas, pobreza, un alto nivel de delitos violentos e impunidad plantean una amenaza considerable a la paz y la seguridad internacionales”.  Cabe preguntarse ¿a quien pedir responsabilidades de la inseguridad y zozobra en la que vivimos? ¿Quién nos protege de ella?

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