defending rights and civil liberties

2013

02

DIC

Round II: el Comité contra la Desaparición Forzada examina a España. ¿Ojos que no ven o corazón que no siente?

Como es sabido, a fines del pasado septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”...

Como es sabido, a fines del pasado septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Ahora, entre el 4 y el 15 de noviembre se reúne el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas que “ha adoptado para cumplir con las obligaciones que ha contraído en virtud” de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Dos mecanismos internacionales diferentes, dos referencias normativas distintas, y lo que está por dirimirse es si asistiremos, no obstante, a dos conclusiones similares.

Al respecto, ciertamente los dos textos jurídicos citados no son idénticos ni intercambiables, pero sí coinciden plenamente en cuanto a su objeto y fin: ambos contienen la clara decisión y compromiso de “prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, [asegurar] el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación, [y] a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida”. Por su parte, los dos mecanismos internacionales indicados tienen, sin duda, un origen, mandato, estructura y capacidades distintas, aunque ambos están llamados a cumplir su misión guiados por una “estrecha y coordinada cooperación”.

El segundo de ellos, el Comité, dentro del proceso de examen en marcha preguntó el pasado julio a España acerca de 1) cómo “se llevaron adelante las investigaciones [relativas a denuncias sobre desaparición forzada]”, y 2) respecto a “qué medidas lleva adelante actualmente [España] para la asistencia de los familiares de personas desaparecidas durante la guerra civil y el régimen de Franco en la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos”. Cabe recordar que en su inicial Informe al Comité, España se había negado a proporcionar información sobre estos particulares, en tanto que a través de una singular interpretación del artículo 35 de la Convención, estimaba que ésta sólo era de aplicación respecto a “desapariciones forzadas” que sean posteriores en su inicio al 23 de diciembre de 2010”. Luego volveremos a ello, pero hay que señalar que no obstante, el 23 de octubre quizá pudiera decirse que -como le demandábamos- España empezó a asumir el correcto modo de interpretar el ámbito de aplicación temporal de la Convención. Es decir, acudiendo a la figura técnica, puede que comenzase a asumir qué significa e implica el principio general del efecto inmediato de las obligaciones internacionales; traducido y por explicarlo a través de un ejemplo sencillo: supongamos que un Estado detiene ilegalmente a una persona en un momento que no había aceptado internacionalmente que no lo haría y desde entonces le mantiene en una mazmorra y tira la llave. Si posteriormente el Estado suscribiese un tratado en el que se comprometiese a no detener ilegalmente a nadie, ese tratado, esa obligación, sería de aplicación no sólo respecto a las personas que a partir de entonces pudieran ser objeto de una detención ilegal, sino también e inmediatamente respecto a las personas que en ese momento continuasen detenidas; esto es, respecto a la persona que en nuestro ejemplo estaba en aquella mazmorra, aunque la detención ilegal no se hubiera iniciado con posterioridad a la aceptación del tratado internacional en cuestión. Este principio general es por supuesto y sin duda predicable no sólo en algunos casos concretos, sino que salvo que se haya acordado algo distinto, es la regla que rige la aplicación temporal de cualquier obligación internacional frente a hechos continuados/que continúan en el tiempo; como avanzando y sin ir más lejos, ocurre obviamente respecto a aquellas personas que desaparecieron en un momento u otro pero continúan desaparecidas.

Pues bien, como decíamos, el asunto es que el 23 de octubre España finalmente se avino a responder a las preguntas que le formuló el Comité. Probablemente sea muy optimista considerar que lo hizo al aceptar final y plenamente que a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y el franquismo y que a día de hoy continúan desaparecidas, les son de aplicación las disposiciones de la Convención; pero en cualquier caso, el hecho es que España ofreció finalmente una primera respuesta al Comité. En concreto, sobre la pregunta 1) citada le indicó que “se están recopilando datos sobre esta cuestión”; respecto a la 2), le refirió en esencia a la conocida como “Ley de Memoria Histórica”.  Y punto.

De nuestro lado y junto con la AEDIDH, hace unas semanas enviamos al Comité una adición a nuestro primer Informe en el que le ofrecimos respuesta a sus preguntas; aportando entre otros elementos y datos, justamente lo que el primero de los mecanismos que hemos mencionado al comienzo, el Grupo, puso negro sobre blanco en sus Observaciones Preliminares del pasado 30 de septiembre. Esto es, en resumen: respecto a la búsqueda de los desaparecidos, que como ocurre en España, “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado [y que] todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado”; en materia de derecho a la justicia, el Grupo comprobó y concluyó que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de amnistía, han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”. Por mejor decir, el Grupo consideró que la combinación de argumentos utilizados para no llevar a cabo investigaciones penales (la prescripción, la muerte o el desconocimiento de los presuntos responsables, el hecho de que el carácter continuado de las desapariciones es una ficción jurídica inaceptable y la aplicación de la Ley de amnistía) “es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración”.

Simplificando, el Grupo determinó en fin que España había ignorado y seguía ignorando sus obligaciones internacionales, codificadas en la Declaración. Impecable conclusión que descorazona comprobar que aún no ha movido, no ya al Ejecutivo, sino tampoco y ni siquiera a nuestros tribunales de justicia a replantearse sus posiciones al respecto, y/o consultar al Tribunal Constitucional acerca de cómo asimilar todo lo anterior, en lo general o por citar una sola previsión dentro del artículo 10.2 de nuestra Carta Magna. Adelantándonos un tanto, quizá haya que seguir esperando hasta que ahora el Comité nos vuelva a recordar, a ellos y a todos, cuáles son las obligaciones internacionales aceptadas por nuestro país. Si bien, que ello vaya a ser así es algo ya de por sí lamentable, por decir lo menos.

Ahora bien, realmente el Grupo constató lo resumido sobre los dos puntos señalados, pero no sólo se manifestó sobre ellos. Por citar un único ejemplo adicional, igualmente reclamado de nuestra parte desde hace tiempo, el Grupo comprobó que “el Código español no contiene un delito autónomo de desaparición forzada” pues sólo cubre “el supuesto de detención ilegal o secuestro cuando la Declaración se refiere a otras posibilidades”, por lo que recomendó que “la revisión del Código Penal es una oportunidad para incluir el delito autónomo de desaparición forzada, de acuerdo a la definición de la Declaración”. Estamos por ver si el Legislativo se da, como debe, por aludido -o tampoco.

A partir de lo anterior, aclarar conviene que a nuestro entender nada indica que el Comité no vaya a concluir, con unas palabras u otras, exactamente lo mismo que todo lo que hemos reproducido. Es más, ante la realidad en nuestro país y la actitud y comportamiento de nuestro Estado, ninguna otra cosa, tristemente, cabe esperar. La duda realmente sólo radica en un aspecto técnico, relativamente complejo y ciertamente árido, respecto a la competencia que los Estados le concedieron al Comité, tal y como ya avanzamos. En gran resumen, la cuestión es que no sin poca discusión lo que finalmente se recogió en el artículo 35 de la Convención es que “la competencia del Comité sólo se extiende a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Convención” (23 de diciembre de 2010), pero la Convención, las obligaciones que ella contiene, en ningún caso se ha acordado que sólo sean de aplicación respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. En otras palabras, no existe ninguna previsión que altere la regla general que resumimos antes, esto es, que la Convención debe aplicarse inmediatamente respecto a aquellas desapariciones que aunque comenzaran cuando comenzasen, continúan cometiéndose tras su entrada en vigor; tampoco que modifique o limite temporalmente, de ningún modo, por poner un solo ejemplo “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como recoge el artículo 24.6 de la Convención. Retornando a la posición de España que apuntamos supra, en síntesis el hecho es que invocar el artículo 35 de la Convención para tratar de mantener que la Convención sólo se aplica a desapariciones forzadas que sean posteriores en su inicio al 23 de diciembre de 2010 resulta algo más que muy difícilmente sostenible jurídicamente.

A nuestro juicio, la realidad es que equiparar la aplicación temporal de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité, no sólo es que sea incorrecto y marque una línea que debilita o vacía las mismas obligaciones internacionales que se dicen respetar y/o garantizar, sino que solamente hará posible una cosa: que desde luego no será el mejor (e inmediato) cumplimiento de las obligaciones internacionales aceptadas por España ni de los derechos a verdad, justicia y reparación de los que son titulares las víctimas de desaparición forzada. En el fondo, nuestra impresión es que lo que realmente está y especialmente estará sobre la mesa del 4 al 15 noviembre es el intento último de mantener que sea como fuere, el Comité no puede de ninguna forma subrayarle a España ni cuáles son sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención, ni que éstas no se refieren sólo a las desapariciones que hubieran comenzado después de diciembre de 2010. En suma, que respecto al modo que ha tratado y trata a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en el Guerra Civil y el franquismo no pueda decirle nada. Postura que a la postre, de salir adelante lo único que permitiría es que el Comité no pueda señalarnos que como ya hizo el Grupo en los aspectos señalados, respecto a ellas en España tampoco se respeta la Convención.

Y la pregunta final no puede ser otra que la(s) siguiente(s): ¿y ello para qué? ¿Qué se conseguirá con esto? ¿Quién ganará algo? Imposible dar otra respuesta que no sea que sin duda, ni las víctimas de desaparición forzada, ni el respeto a sus derechos y a los compromisos internacionales adquiridos por España, ni en suma, nuestro estado de Derecho

  • España renuncia a una verdadera reforma de la Ley Mordaza

    01 DIC

    El plan del nuevo gobierno para reformar la famosa "Ley Mordaza" no cumple con las exigencias de los defensores de derechos humanos y los ciudadanos.

  • ¡Cómprenme el cuento!

    01 DIC

    Cuento es una palabra que viene del término latino “computus”, que significa cuenta. Es una narración breve de hechos imaginarios, con un grupo generalmente reducido de personajes y un argumento no demasiado complejo

  • Proyecto EuroCoord sobre la orden europea de investigación en materia penal

    28 NOV

    Según la Directiva 2014/41/CE, de 3 de abril, relativa a la Orden Europea de Investigación en materia penal (en adelante OEI), se trata de una decisión judicial emitida por la autoridad competente de un Estado miembro (un juez o un fiscal en el Estado de emisión) para llevar a cabo una o más medidas de investigación específicas en otro Estado miembro (de ejecución) con el objetivo de adquirir pruebas en procesos penales.

  • Celebra el #GivingTuesday donando a Rights International Spain

    16 NOV

    El 27 de noviembre se celebra el #GivingTuesday, un día para incentivar las buenas acciones y colaborar a través de donaciones con alguna causa que haga del mundo un lugar mejor. Y esa causa puede ser la de Rights International Spain.