defending rights and civil liberties

2013

11

JUL

España ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas.

La obligación de aplicar inmediatamente la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

Tras la presentación, el pasado 26 de diciembre de 2012, de su Informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada, España inició el proceso de supervisión y control de “las medidas que ha adoptado para cumplir con las obligaciones que ha contraído en virtud” de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, según reza el art. 29 de la misma. Dentro de este proceso, en las próximas semanas conoceremos el siguiente paso, es decir, la lista de cuestiones específicas que el Comité remitirá a España en atención al contenido del Informe enviado (arts. 29.4 de la Convención y 48 a 50 del Reglamento).

Más allá de múltiples cuestiones concretas, que por lo demás ya pusimos en conocimiento del Comité en un informe elaborado por RIS junto a la AEDIDH, hay un asunto general cuya importancia y transcendencia son capitales; y sobre el que el Comité nos ha ofrecido ya una primera respuesta en la buena dirección. Por expresarlo de una forma sencilla, se trataría de la determinación de cómo ha de entenderse correctamente “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como dispone el art. 24.6 de la Convención, junto con el hecho de que “la competencia del Comité sólo se extiende a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la (…) Convención”, como señala su art. 35.1. Dicho de otro modo, la duda podría ser si como al Comité sólo le han reconocido los Estados competencia sobre las desapariciones que hubieran comenzado tras la entrada en vigor de la Convención (23 de diciembre de 2010), si entonces todo el contenido de la Convención, todos los derechos y obligaciones que contiene, sólo serían aplicables también respecto a las desapariciones posteriores en su inicio a esa fecha.

Esta cuestión ha estado más o menos presente durante los últimos años, de hecho, también lo estuvo durante el proceso de redacción de la Convención; y el asunto es que expresa y directamente se ha presentado ahora al Comité a través de la posición asumida por España en su Informe. Esto es, a través de este razonamiento:

“Ha de advertirse que la ratificación de la Convención por parte de España y la entrada en vigencia de la misma han determinado que algunas organizaciones  —asociaciones y ONG con y sin estatuto consultivo— hayan planteado su aplicabilidad a los supuestos de desaparición forzada que tuvieron lugar en España durante la guerra civil y el franquismo (…).
4. Ante ello debe tenerse en cuenta que la Convención establece en su artículo 35.1: “La competencia del Comité solo se extiende a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la presente Convención”. 5. (…), dicha entrada en vigor se produjo para España el 23 de diciembre de 2010, por lo que el Comité carece de competencia para el examen de desapariciones forzadas iniciadas antes de dicha fecha.
6. Por la anterior circunstancia, en el presente informe se comentan sus artículos desde la perspectiva de que los mismos se aplican, solo y exclusivamente a “desapariciones forzadas” que sean posteriores en su inicio al 23 de diciembre de 2010”.

En consecuencia y salvando el caso de los “niños robados” (aunque sin explicación sobre el porqué), en el Informe de España no se refiere información alguna ni sobre las desapariciones anteriores en su inicio a diciembre de 2010, ni sobre ninguna medida que se hubiera o haya adoptado sobre las mismas. Menos aún, claro está, sobre si el estado de cosas, en lo fáctico y jurídico, en España se conforma con las obligaciones que ha contraído al manifestar su consentimiento en obligarse en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Ahora bien, la aparentemente compleja cuestión general que hemos expuesto tiene, en realidad, una resolución jurídica bastante sencilla. Por partes:

1.    La desaparición forzada de personas es sin lugar a duda alguna un hecho (internacionalmente ilícito) continuado. Lo que significa que sigue cometiéndose desde su inicio y hasta que no cesa.

2.    Una desaparición forzada no cesa hasta que el Estado reconoce la detención y/o proporciona información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida; lo que en su caso incluye, art. 24.3 de la Convención, “la búsqueda, el respeto y la restitución de los restos” de la persona desaparecida.

3.    Es un principio general fuera de discusión que como desde años se aclarase en el seno órganos como la Comisión de Derecho Internacional: “[s]i el comportamiento ha comenzado antes de que la obligación entre en vigor para el Estado y continúa desarrollándose posteriormente, habrá violación de dicha obligación desde el momento en que ésta haya comenzado a existir para el Estado” (Doc. de las Naciones Unidas: A/5809). A ello se le denomina, de hecho y en general, el principio del efecto inmediato de las obligaciones internacionales. En caso alguno es una aplicación retroactiva de la norma o el tratado en cuestión.

4.    Traduciendo y trayéndolo al caso: salvo disposición en contrario y desde el momento en que la Convención entró en vigor, su contenido es inmediatamente aplicable respecto a aquellos hechos continuados que no hayan cesado; esto es y en lo concreto, frente a las desapariciones forzadas que continuasen cometiéndose.

5.    La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas no contiene disposición alguna que indique que en lo sustantivo, su contenido sólo se aplica a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. En otras palabras, no existe ninguna disposición que altere lo que es propio y consustancial a la naturaleza y consecuencias jurídicas de los hechos continuados, de todos ellos, la desaparición forzada incluida.

6.    Equiparar pues la aplicación (temporal) de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité, no sólo es que sea incorrecto jurídicamente, sino que podría llevar a conclusiones tan llamativas como insostenibles; por mencionar una en forma de pregunta: ¿aquellos Estados que no hayan aceptado la competencia del Comité para recibir comunicaciones individuales de aquellas víctimas de violaciones de las disposiciones de la Convención, tampoco estarían aceptando las obligaciones dirigidas a esas mismas personas, comenzando por no hacerlas desaparecer?  No creo que nadie pudiera responder que sí. Una cosa es, en fin, el contenido y aplicación (temporalmente) de un tratado y otra distinta es que haya, o no, un órgano encargado de velar por su cumplimiento, que se haya aceptado, o no, su competencia, o que ésta sea más o menos amplia o limitada.

Aclarado todo ello, ya hemos dicho que lo que sí se dispuso en la Convención es que al Comité sólo le reconocieron competencia respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. Más allá de lo censurable de esta decisión, el reto entonces podría ser cómo el Comité podría dentro de los límites del art. 35, cuando menos aclarar que los Estados que han consentido en la Convención se encuentran obligados a cumplir sus disposiciones no sólo respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor, sino inmediatamente sobre todas aquellas que sigan cometiéndose; aunque a él no se le haya conferido competencia sobre las mismas. En suma, cómo podría recordar a los Estados el verdadero sentido y ámbito temporal de aplicación de las obligaciones que han asumido; pues si se sigue equiparando la aplicación temporal de la Convención con la competencia del Comité sería el mismo sentido, contenido, objeto y fin de la Convención lo que quedarían radicalmente desdibujados y debilitados.

Hace apenas un mes, el pasado tres de mayo, se hicieron públicas las Observaciones Finales del Comité sobre el Informe presentado por Uruguay; y fue precisamente en ellas donde, a mi entender, pudimos encontrar la respuesta a lo que acabamos de resumir. Reproduzcamos íntegramente los dos párrafos clave:

“13. El Comité toma nota con preocupación de la información brindada por el Estado parte acerca del criterio de la Suprema Corte de Justicia en virtud del cual las personas desaparecidas hace más de 30 años son consideradas como fallecidas y se imputa a los acusados de su desaparición el delito de homicidio especialmente agravado, con las consecuencias que de ello se podrían desprender en materia de prescripción (arts. 8 y 12).
14. El Estado parte debería asegurar que las desapariciones forzadas sean investigadas como tales y los responsables sancionados por este delito independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de la conducta delictiva. Asimismo, el Estado parte debería asegurar que todos los agentes estatales, incluidos jueces y fiscales, reciban formación adecuada y específica acerca de la Convención y las obligaciones que esta impone a los Estados que la han ratificado. El Comité desea destacar el carácter continuo del delito de desaparición forzada de conformidad con los principios de la Convención y recordar los términos en los que ésta regula el régimen de prescripción de este delito; así como destacar su carácter de imprescriptible cuando sea de lesa humanidad”.

Tras lo que hemos resumido, esta serie de afirmaciones podrían no parecer especialmente llamativas, pero conviene que las analicemos despacio: el Comité está destacando aquí que el Estado ha de investigar las desapariciones que sigan cometiéndose, “independientemente del tiempo transcurrido desde [su] inicio”, y aunque éste haya sido “hace más de 30 años”. Correcto, pero la pregunta bien pudiera ser: ¿por qué?, ¿por qué debe hacer esto?, ¿por qué debe asegurarse que se investiguen esas desapariciones que comenzaron hace décadas? Y me pregunto y repregunto esto porque sin reiterarme, ya hemos apuntado la tendencia a considerar que los Estados que han consentido en la Convención sólo deben atender a su contenido respecto a las desapariciones que comiencen tras su entrada en vigor; tal y como mantiene y concluye, ya vimos, España en su Informe.

La cuestión es que ante el contenido del Informe de Uruguay en este punto, el Comité podría, bien haber guardado silencio, bien haber indicado que sobre el mismo no podía manifestarse pues se refería a desapariciones que se habían “iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la (…) Convención”; pero el caso es que no lo hizo. ¿Por qué? Porque, en mi opinión lo que realmente nos está diciendo aquí el Comité, órgano –conviene no olvidarlo- cuya misión es velar por el cumplimiento sólo de la Convención, es precisamente que equiparar su competencia con la aplicación temporal de la Convención es incorrecto; que la desaparición forzada es un hecho de “carácter continuo”; que hay que entender adecuadamente “la Convención y las obligaciones que esta impone a los Estados que la han ratificado”; y que en su virtud, los Estados se han comprometido a cumplir inmediatamente las obligaciones que contiene frente a las desapariciones forzadas que continuasen cometiéndose hubieran comenzado hace treinta años o cuando hubiesen comenzado. Conclusión que aunque obviamente hubiera sido preferible leer de una manera más directa, es en el fondo y en suma, impecable.

De este modo, la solución primera que nos ha ofrecido el Comité, con una formulación ciertamente compleja, pero en la dirección y sentido correctos, sólo cabe esperar que se reitere y confirme en el caso de la posición defendida en el Informe presentado por España. La duda final pudiera ser, sólo ya, de qué modo concreto el Comité le aclarará a España que debe cumplir inmediatamente el contenido de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas frente a todas las desapariciones que, comenzasen cuando comenzasen, siguen cometiéndose en nuestro país.

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