defending rights and civil liberties

2013

19

SEP

Directiva UE relativa al derecho de acceso a un abogado en los procesos penales: en España también.

España y, por supuesto, muchos países de la UE van a tener que realizar un trabajo importante para reformar sus marcos normativos para implementar y cumplir la Directiva. Y en esta labor, la sociedad civil tenemos un papel también importantísimo que jugar...

Cuando hoy publicaba a través de las redes sociales la noticia de la aprobación por el Parlamento Europeo de la propuesta de Directiva de la Comisión en materia de acceso a abogado en los procedimientos penales, una compañera me respondía diciendo que lo increíble era que ello significaba que en algunos países de la UE tal derecho no estaba garantizado. Ante mi respuesta, “como España”, la suya si cabe más sorprendida aun: “¿cómo que España?”

Déjenme comenzar por el principio. Estamos viviendo un momento de acercamiento de legislaciones de los Estados miembros de la UE en materia penal con el objeto de fortalecer la confianza y facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de decisiones penales, es decir, la cooperación judicial penal. La herramienta jurídica escogida para llevar a cabo tal armonización es la Directiva, que marca unos objetivos últimos a alcanzar dejando los medios a disposición de los Estados, lo que supondrá la creación en cierto modo de un marco de derecho procesal europeo.

El Plan de acción que establece las prioridades en el área de derechos y garantías procesales contiene 6 medidas: A) relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (Directiva 2010/64/UE de 20 de octubre de 2010); B) relativa al derecho a la información en los procesos penales (Directiva 2012/13/UE de 22 de mayo de 2012); C1) relativa al derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho de comunicación en el momento de la detención (que se espera sea aprobada pronto por el Consejo de Ministros de la UE); C2) relativa a la asistencia jurídica (que está aún en fase de debate); E) relativa a salvaguardias especiales para sospechosos o acusados vulnerables; y F) relativa a la detención provisional (ambas, en fase mucho más preliminar).

Las dos Directivas en vigor (interpretación-traducción y derecho a la información) tendrán que ser incorporadas al derecho interno, es decir, los Estados deberán adoptar las medidas necesarias (legales, administrativas, etc.) para garantizar los derechos recogidos en ellas antes del 27 de octubre de 2013 y 2 de junio de 2014, respectivamente.

Volviendo a la Directiva relativa al derecho de acceso a un abogado. Déjenme resumirles brevemente las disposiciones claves, que pudieran ser particularmente relevantes para España:

- Acceso a un abogado tan pronto como sea posible y sin dilaciones indebidas. La Directiva contiene una lista de momentos y situaciones específicas en los cuales todos los sospechosos y acusados deben poder tener acceso a un abogado: en el momento de la privación de la libertad, antes de y durante el(los) interrogatorio(s) de la policía, cuando se celebre algún acto de investigación o de recogida de pruebas, así como en todo momento ante cualquier comparecencia judicial.

- Excepciones: están permitidas pero en circunstancias excepcionales. Así, toda excepción debe justificarse por razones imperiosas relacionadas con la urgente necesidad de evitar un peligro para la vida o la integridad física de una o más personas, así como ajustarse al principio de proporcionalidad. Pero -lo que es más importante- ninguna excepción debe basarse exclusivamente en el tipo o en la gravedad del delito, y ello de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto quiere decir que se estaría incumpliendo la Directiva si, por ejemplo, no se permite el acceso a un abogado en los términos descritos en la Directiva a los sospechosos o acusados de terrorismo.

- Confidencialidad. Debe asegurarse que todas las comunicaciones –con independencia de la forma que adopten– entre un sospechoso o un acusado y su abogado sean totalmente confidenciales. La Directiva prevé este derecho como un derecho absoluto, es decir, no cabe derogación; si bien la Exposición de Motivos se refiere a algunas excepciones, por ejemplo, si la comunicación tiene una finalidad delictiva.

- Derecho a comunicarse lo antes posible en el momento de la detención al menos con una persona de su designación, que, en la mayor parte de los casos, será un familiar o empleador, a efectos de informarle de la detención. Cualquier excepción a este derecho sólo será posible en las circunstancias limitadas expuestas anteriormente. La Directiva hace expresa referencia a las reiterada recomendaciones del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa relativas al derecho a la notificación de la detención como salvaguardia importante contra los malos tratos.

Recordemos que en la actualidad está abierto un proceso de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que pasa a llamarse Ley Procesal Penal) que sería el lugar y la oportunidad idónea para ir preparando y abordar la adecuación de nuestro derecho es esta materia a la Directiva comunitaria. No obstante, nada se dice al respecto en los borradores que se han circulado hasta el momento. Sin embargo, lo que sí aparece en la nueva Ley Procesal Penal es una reforma del régimen de incomunicación; régimen que, como sabemos, supone una excepción sustancial a las garantías procesales más amplia de lo que permitirá la Directiva y que no refleja en absoluto esas recomendaciones que el Comité de Prevención de la Tortura, entre otros, hace de forma recurrente a España.

Así que volviendo a la pregunta inicial “cómo que España”, sí, España y, por supuesto, muchos países de la UE van a tener que realizar un trabajo importante para reformar sus marcos normativos para implementar y cumplir la Directiva. Y en esta labor, la sociedad civil tenemos un papel también importantísimo que jugar.

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