defending rights and civil liberties

2013

25

SEP

Crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo: Un gran paso adelante. ¿Y ahora qué?

Cuando las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista vieron consumada en España, de hecho y de Derecho, la impunidad de los crímenes cometidos, acudieron a la justicia argentina en busca de verdad, justicia y reparación...

Cuando las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista vieron consumada en España, de hecho y de Derecho, la impunidad de los crímenes cometidos, acudieron a la justicia argentina en busca de verdad, justicia y reparación. El principio de jurisdicción universal, reconocido por la justicia argentina, avalaba su acción. Las primeras denuncias se presentaron el 14 de abril de 2010, y a ellas se fueron acumulando (ya más de un centenar) las de muchas otras víctimas directas y de distintas asociaciones.

Tres años y medio después, en la causa No. 4.591/2.010, “caratulada “N.N. s/ genocidio”, la jueza argentina María Servini de Cubría acaba de ordenar la imputación por delitos de tortura sobre cuatro personas: Jesús Muñecas Aguilar (guardia civil) Celso Galván Abascal (antiguo escolta de Franco y de la Casa Real), José Ignacio Giralte González (ex comisario) y José Antonio González Pacheco (ex inspector de policía) ordenando su detención preventiva a fines de extradición para tomarles declaración “indagatoria”, en tal condición de imputados. La juez les imputa distintos delitos de torturas cometidos sobre detenidos entre los años 1960 y 1975.

Establece la juez en su auto que las conductas a las que se contrae la causa pueden ser subsumidas provisoriamente en los tipos penales de homicidio, homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por aplicación de torturas y sustracción de menores, “atribuyéndose a los mismos la calidad de crímenes contra la humanidad, o de lesa humanidad”.

Con relación a las personas cuya detención se ordena, la juez concluye que conforme a la legislación argentina los delitos imputados resultan sancionables con las penas de ocho a veinticinco años de prisión. Se sostiene además que “Los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal, por las consideraciones que fueron vertidas a lo largo de esta resolución”.

Para llegar a ese punto, la juez desmenuza los avatares de su instrucción dando cuenta de las denuncias, testimonios personales, e informes recibidos que la permiten concluir que “demuestran que no se estaría llevando en España una investigación eficaz de los hechos aquí delatados”.

La juez acuerda “…Por último, todas las personas cuya imputación y detención a efectos de que presten declaración indagatoria se solicitará, tienen fijada su residencia en España. Por tal motivo, y sin perjuicio del dictado de órdenes internacionales para que sean detenidos allí donde se encuentren, procede que esta Magistrado curse específicamente a las autoridades españolas pedido de detención, en el marco del procedimiento de extradición previsto en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal celebrado entre la República Argentina y el Reino de España el 3 de marzo de 1.987, y ratificado por España el 26 de febrero de 1.990.”

Se ha marcado pues un hito. Por vez primera, una autoridad judicial ordena llamar como imputado a algún perpetrador por los crímenes cometidos durante el régimen franquista. Pero, ¿qué va a suceder ahora?

Las órdenes de detención tienen carácter internacional pero, puesto que los reclamados residen en España, es el Estado español quien habrá de dar respuesta porque se va a encontrar con un pedido directo. La respuesta está por ver. Digamos de entrada, para no llamarse a engaños, que España no tiene ningún impedimento legal para entregar a Argentina a las personas reclamadas para ser oídos en declaración como imputados. Pero veamos lo que contempla la legislación. Tenemos de un lado que la Constitución Española, en su artículo 13.3 dice que "La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.”

Siendo prevalente lo que establezcan los tratados (la ley interna tendrá carácter supletorio) conforme al Instrumento de Ratificación del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987, la extradición podrá ser denegada para nacionales (artículo 7). Es decir que la condición de nacional puede (que no obliga a) operar como causa de denegación, facultativa. Obviamente, ello no obsta a su entrega y los tribunales españoles han venido respondiendo positivamente a pedidos de extradición (a Argentina) de ciudadanos españoles por distintos delitos. Así pues, como vemos, no existe una prohibición de extraditar nacionales sino en todo caso esa “facultad” de rechazo, que, se entiende, debería argumentarse en su caso aunque, si el Estado requirente lo solicita, las autoridades españolas deberán iniciar actuaciones para, en su caso enjuiciar los hechos en España (artículo 3 de la Ley de Extradición Pasiva).

Visto de otro lado la forma en que los tribunales españoles han venido respondiendo de forma recurrente a las denuncias por los crímenes de la guerra civil y el franquismo (alegando, entre otros motivos, para no perseguir la prescripción de los delitos y/o la Ley de amnistía) cabe la posibilidad de que caigan en la tentación de acudir a que la presunta responsabilidad que se exige conforme a la legislación española estaría extinguida (por prescripción y/o amnistía) (ver artículo 4.4 de la Ley de Extradición Pasiva). E inclusive, si los Tribunales españoles declararan procedente la extradición, no siendo vinculante para el Gobierno, éste podría denegarla arguyendo razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España; también invocando el principio de reciprocidad.

A la luz de lo anterior cabría también la posibilidad de que España denegase la extradición invocando su jurisdicción porque los delitos se han cometido en su propio territorio (artículo 3 de la Ley de Extradición Pasiva). En suma, de una manera u otra, de denegarse la extradición España no tendría otra que conocer del asunto: o entrega o juzga (principio aut dedere aut iudicare).

España ha dado muestras fehacientes de su incapacidad o falta de voluntad de dar respuesta a las pretensiones de justicia de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Siendo así: que entregue (aut dedere). Debe conceder las extradiciones para que la justicia argentina siga adelante con el procedimiento en curso. Y si optase por “juzgar” debería hacerlo en pleno cumplimiento con sus compromisos internacionales frente a la impunidad, eliminando todos los obstáculos –puramente de derecho interno- que hasta ahora han impedido la investigación de tales crímenes y el enjuiciamiento de los responsables.

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