defending rights and civil liberties

2013

26

MAY

Guatemala: el largo y difícil camino a la verdad, justicia y reparación

La sentencia condenatoria contra el ex dictador guatemalteco Ríos Montt, por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo Ixil entre 1982 y 1983, es un hito para la Justicia y la lucha contra la impunidad de crímenes internacionales...

La sentencia condenatoria contra el ex dictador guatemalteco Ríos Montt, por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo Ixil entre 1982 y 1983, es un hito para la Justicia y la lucha contra la impunidad de crímenes internacionales. Esta histórica condena responde al empeño y la tenacidad de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, de fiscales y jueces. También es una esperanza para tantas otras víctimas de graves y masivas violaciones de derechos humanos, acontecidas en tantos otros lugares, al haberse hecho en este caso efectivo el derecho a la justicia –en su sentido más amplio–, así como la reparación de los daños sufridos por las víctimas.

Por supuesto, tampoco se han hecho esperar las reacciones y las voces críticas. El actual Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molino, afirmó que la Sentencia que condena a Ríos Montt genera “una situación delicada, en donde podría peligrar la inversión extranjera”. Desde la patronal no tardaron en pedir al Tribunal Constitucional la anulación de una sentencia que, consideran, “abona la polarización y deja una percepción muy clara que la justicia ha sido presa del conflicto ideológico”.

La lucha contra la impunidad siempre encuentra gran resistencia por parte de quienes apelan al olvido como forma de reconciliación y como camino más rápido y seguro a la paz. Tal y como puso de relieve la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en un artículo para el New York Times, a la pregunta “¿paz a toda costa o justicia?” la respuesta que se ha dado en los procesos de transición en el pasado ha sido: paz, sacrificando la justicia. Y ello a pesar de que la Historia nos haya enseñado que allá donde la paz se obtuvo ignorando la justicia, optando por no investigar ni perseguir e enjuiciar a los responsables, tal paz ha sido breve y el ciclo de violencia ha vuelto a resurgir.

Guatemala, juzgando a Ríos Montt, ha optado sin embargo por la respuesta: justicia, para mantener la paz. Enfrentándose a los crímenes de su pasado, sentando en el banquillo a un expresidente, el país centroamericano ha dado una doble lección a la comunidad internacional. Primero, que se ha hecho efectiva la obligación que el Derecho internacional impone a los Estados de investigar y reparar a las víctimas. Segundo, que los esfuerzos que durante años se han hecho en aquel país para luchar contra la impunidad pueden dar frutos cuando hay medios y voluntad para ello.

No obstante, todo lo anterior se ha visto ensombrecido por la decisión del Tribunal Constitucional guatemalteco de anular la condena a Ríos Montt. Esta resolución, conocida el pasado 20 de mayo, es consecuencia de un recurso presentado por la defensa del exdictador. La anulación del fallo se basa en que, según el Tribunal Constitucional, se dieron irregularidades procesales –se dictó sentencia antes de que se hubiera resuelto una recusación planteada por la defensa– y ordena por ello que se repitan las sesiones del juicio oral celebradas entre el 19 de abril y el 10 de mayo. Ahora bien, esta decisión no supone, en sí misma, la absolución de Ríos Montt de los cargos por los que diez días antes había sido condenado, ni anula las investigaciones que condujeron a la celebración del juicio. Como ha manifestado el Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición “no hay decisión legal que sea inconsecuente, aun si es revocada”.

No cabe duda de que la decisión del Tribunal Constitucional ha supuesto un duro golpe para las víctimas. Obligarlas a repetir de nuevo sus testimonios, todos ellos de considerable carga  emocional, es una crueldad que puede tener consecuencias psicológicas devastadoras. Al conocer la noticia de la anulación de la condena por el Tribunal Constitucional era inevitable preguntarse si esta decisión no hace sino reafirmar la impunidad imperante en Guatemala. Era inevitable sentir que la condena a Ríos Montt no fue más que un sueño efímero. Sin embargo, y a pesar del revés que supone la repetición del juicio al exdictador, es necesario mantener la esperanza, confiar en que si los tribunales de Guatemala nos han dado a toda la comunidad internacional una lección ejemplar con el primer juicio, ahora tienen la oportunidad de confirmar que la impunidad ha acabado, definitivamente.

Es momento también para recordar que la sentencia condenatoria del pasado 10 de mayo en el asunto Ríos Montt es el resultado de una batalla judicial que se inició en el año 1999 con la presentación, por la Fundación Rigoberta Menchú Tumn, ante la Audiencia Nacional de una querella contra Efráin Ríos Montt y otros altos oficiales por delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Aquélla fue la primera querella en aplicación del principio de jurisdicción universal que llegaba a nuestros tribunales tras las causas abiertas apenas unos años antes por los crímenes cometidos durante las dictaduras de Chile y Argentina, con las que por primera vez se aplicó el mencionado principio en España.

En el marco del procedimiento que se inició ante la Audiencia Nacional, como consecuencia de la querella introducida por la Fundación de la Premio Noble de la Paz, se dictaron dos resoluciones judiciales esenciales, por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, relativas a la interpretación y efectividad del principio de jurisdicción universal en España.

El 25 de febrero de 2003, el Tribunal Supremo resolvió los recursos planteados por las acusaciones en el asunto relativo al genocidio en Guatemala contra la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que negaba competencia a los tribunales españoles para conocer de aquellos hechos. En su Sentencia, el Tribunal Supremo sostuvo una interpretación restrictiva del principio de jurisdicción universal previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Mantuvo el Tribunal Supremo que el principio de jurisdicción universal debía interpretarse de manera que para que los tribunales de un Estado conozcan de crímenes internacionales cometidos fuera de sus fronteras es necesario que existan puntos de conexión entre los hechos y el país cuyos órganos judiciales pretenden actuar. Como puntos de conexión válidos, que permitirían a los tribunales españoles investigar y enjuiciar en virtud del principio de jurisdicción universal, el Supremo mencionaba en su sentencia los siguientes: que los culpables se encuentren territorio español, que España haya denegado su extradición a otro país, que las víctimas tengan nacionalidad española o que existan “otros intereses españoles relevantes”. Siete Magistrados (de los quince que forman el Pleno del Tribunal Supremo) emitieron un voto particular discrepante con esta interpretación en exceso restrictiva del principio de jurisdicción universal.

Las acusaciones recurrieron en amparo y el 26 de septiembre de 2005 el Tribunal Constitucional se pronunció en una Sentencia que corrigió la interpretación del Supremo. Argumentaba el Constitucional que la voluntad del legislador al introducir el artículo 23.4 LOPJ era la de introducir un concepto amplio, cuya vigencia no puede quedar limitada por la exigencia de criterios de conexión, precisamente porque la existencia y reconocimiento del principio de jurisdicción universal se basa en la especial naturaleza de los delitos a cuya persecución se refiere; a saber, los más graves crímenes contra la humanidad y, por tanto, contra los valores de la comunidad internacional en su conjunto. Esta sentencia del Tribunal Constitucional permitió que la causa por el genocidio en Guatemala ante la Audiencia Nacional fuera reabierta.

En todo caso, aquel triunfo para quienes defienden la plena aplicación del principio de jurisdicción universal en nuestro país se vio, sin embargo, ensombrecido cuando en 2009 se reformó el artículo 23.4 LOPJ. Aquella reforma dejó patente que la intención del legislador era dar cabida a la interpretación que en 2003 había mantenido el Tribunal Supremo. Desde entonces, nuestros tribunales sólo pueden actuar en virtud del principio de jurisdicción universal cuando quede acreditado “que [los] presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o [exista] algún vínculo de conexión relevante con España”. Ahora bien, no parece que en la intención del legislador se encontrara el considerar que existe conexión relevante con España cuando se trata de investigar y enjuiciar los más graves crímenes que puedan cometerse contra la Humanidad. Tampoco parece entender el legislador que los crímenes internacionales vulneran los principios sobre los que se estructura la comunidad internacional a la que España pertenece y que nuestros tribunales tendrían por tanto la obligación de proteger tales principios, a través del enjuiciamiento a los presuntos responsables.

No obstante, la vertiente española de la investigación del genocidio en Guatemala fue reabierta como consecuencia de la Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional de 2005 y no le afecta la posterior reforma de la LOPJ que se realizó en 2009. La instrucción sigue por tanto abierta ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de la Audiencia Nacional y siguen vigentes las órdenes de busca y captura, para su posterior extradición y juicio, dictadas por ese juzgado contra Rios Montt, Guevara Rodríguez, García Arredondo, Oscar Humberto Mejía Victoria y Germán Chupina Barahona. A la vista de los últimos acontecimientos judiciales en Guatemala, cabe preguntarse cómo afectarán éstos a la causa pendiente en España. De igual modo, y para el caso de que la repetición del juicio a Ríos Montt suponga una involución en la lucha contra la impunidad, el proceso en España podría suponer una esperanza renovada. El principio de jurisdicción universal es también, sin duda, un mecanismo eficaz para combatir la impunidad respecto de los crímenes contra el derecho internacional y una vía para la restauración de las víctimas.
 

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