defending rights and civil liberties

2013

27

MAR

Algunas precisiones sobre la aplicación retroactiva de la “doctrina Parot” y el TEDH

El 20 de marzo se celebrará la vista ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con audiencia de las partes en el asunto Inés del Río contra España...

El 20 de marzo se celebrará la vista ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con audiencia de las partes en el asunto Inés del Río contra España. Al respecto, recordemos que el 10 de julio de 2012 la Sección Tercera del TEDH dictó sentencia condenando por unanimidad al Estado español por haber quebrantado el principio de legalidad penal, contenido en el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CEDH), y el derecho a la libertad previsto en el artículo 5. El gobierno español solicitó la remisión del asunto a la Gran Sala para su revisión, formalizando su recurso la Abogacía del Estado el 4 de octubre de 2012.  El panel de cinco jueces fijó el día 20 de marzo para la vista. La Comisión Internacional de Juristas fue admitida por el presidente de la Gran Sala del TEDH como “tercera parte interesada”, a la que le pidió presentar un “amicus curiae” sobre el artículo 7 del Convenio, que fue presentado el 14 de febrero de 2013, y en el que se concluye que las leyes penales elaboradas por los estados firmantes del CEDH no pueden ser aplicadas con retroactividad cuando éstas tengan un efecto «substancial e impredecible» sobre los derechos del individuo. (ver escrito de la CIJ )

Lo que se solventaba en la sentencia de 10 de julio, sometida ahora a revisión de la Gran Sala, no es la facultad del Estado español de hacer leyes por las que se condenen los delitos de terrorismo, ni la forma en la que se apliquen las penas o se computen los beneficios penitenciarios. La cuestión a dilucidar era si los jueces españoles podían, en el año 2006, después de haber venido utilizando un determinado criterio de cómputo de los beneficios penitenciarios durante todo el tiempo de vigencia del Código Penal de 1973, variar con posterioridad radicalmente dicha aplicación del Derecho y, en relación con condenas impuestas en virtud del anterior Código Penal (el de 1973), establecer nuevas fórmulas de cómputo de los beneficios penitenciarios, como las que posteriormente fueron introducidas en la reforma del año 2001 sobre el Código Penal de 1995. Ello ha implicado una extensión del cumplimiento de la condena superior a los 10 años en muchos casos, lo que se ha producido mayormente justo en el momento en el que tenía que ser aprobado por parte del tribunal la excarcelación del penado por haber extinguido su condena, es decir, su licenciamiento definitivo.

Desde Rights International Spain ya nos pronunciamos sobre la sentencia del TEDH (ver Análisis Jurídico). En resumen, entonces se concluyó que el Art. 7 del Convenio consagra tanto la accesibilidad y previsibilidad de las normas, como su irretroactividad. Para determinar si una norma es accesible y previsible hay que tener en cuenta el Derecho nacional en su conjunto (las normas vigentes y la interpretación jurisprudencial de tales normas); la irretroactividad supone la prohibición de aplicar al reo una disposición aprobada con posterioridad al momento en que sucedieron los hechos. Este análisis de la legalidad de las normas requiere que se esté tanto al contenido literal de las mismas como a su espíritu y objetivos. En ese sentido habría que tener en cuenta que la “doctrina Parot” no afecta únicamente a la ejecución de la pena sino que tiene un impacto decisivo sobre su alcance mismo.

La aplicación retroactiva de una modificación en el cómputo de los beneficios penitenciarios, introducida por vía de una novedosa interpretación jurisprudencial, quiebra la previsibilidad de modo incompatible con el artículo 7 y por tanto incompatible también con la legalidad de la detención exigida por el artículo 5.1 del Convenio. Dicho de otro modo, el derecho a la libertad únicamente puede ser limitado respetando el principio de legalidad y éste ha de venir necesariamente presidido por el principio de previsibilidad, que no se limita a la letra de la norma, sino que implica también la interpretación que de la misma vengan haciendo los órganos judiciales.

En suma, RIS concluyó que abogar por la seguridad incluye respetar y proteger la seguridad jurídica y que la aplicación de un régimen excepcional puede conducir a la degradación de principios esenciales del Estado de Derecho pues, como afirma el TEDH en su Sentencia Del Río, “los Estados son libres de modificar su política criminal, en particular reforzando la represión de los delitos”, ahora bien, “las jurisdicciones internas no pueden aplicar retroactivamente y en detrimento del interesado el espíritu de los cambios legislativos intervenidos después de la comisión de la infracción. La aplicación retroactiva de las normas penales posteriores no es admitida más que cuando el cambio legislativo es favorable al acusado”.

Los Estados tienen la obligación fundamental, en virtud del Derecho internacional, de asegurar y promover los derechos humanos de toda persona. Proteger a cualquier persona que esté bajo su jurisdicción contra actos de terrorismo -así como de enjuiciar y castigar a los autores de tales actos- no sólo es un deber imperativo de los Estados, sino un derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Nadie pone en duda que a la hora de abordar los problemas de seguridad derivados del terrorismo se requiere, en algunas ocasiones, de medidas excepcionales que limitan determinadas garantías. No obstante, en la utilización de las mismas no debe valer todo y, en todo caso, hay barreras infranqueables que imponen determinados derechos humanos fundamentales inderogables e inalienables o que, respecto de aquellos otros que permitan su modulación o suspensión, en caso de situaciones extraordinarias, se cumplan estrictamente determinados requisitos (por ejemplo, ser precisas, excepcionales, temporales, necesarias, proporcionadas así como excluir toda arbitrariedad y trato discriminatorio – ver nuestros Análisis Jurídicos sobre la actual reforma del Código Penal) En esta caso, es especialmente valiosa la jurisprudencia del TEDH que ha afirmado que los Estados parte no pueden, en nombre de la lucha contra el terrorismo, “adoptar cualesquier medidas que estimen oportunas” (asunto  Klass and others v. Germany). Sobre todo, las medidas que tomen los Estados para luchar contra el terrorismo deben respetar las obligaciones dimanantes de las normas internacionales de derechos humanos, del derecho internacional relativo a los refugiados y del derecho internacional humanitario.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha venido subrayando desde hace una década que, “advierte con preocupación la frecuencia con que los gobiernos tratan de utilizar la legislación ordinaria o recurren a leyes y procedimientos especiales o de urgencia para combatir el terrorismo, con lo que admiten o al menos aumentan el riesgo de detención arbitraria” (Docs. ONU E/CN.4/1995/31, párrafo 25 d), así como E/CN.4/2004/3, párrafo 55)-
Los límites no son solo respecto de la creación de normas jurídicas, también se extienden a la aplicación del Derecho por parte de la administración, policía, servicios penitenciarios y, ni que decir tiene, por los tribunales.  Respecto de estos, su función es aplicar de manera independiente e imparcial el Derecho, es decir, las normas jurídicas -ya sean nacionales o internacionales- sin que de ninguna manera la judicatura pueda convertirse en un apéndice del poder ejecutivo ni simbiotizarse con él en la ejecución de sus políticas criminales en general ni, en particular, en materia de terrorismo.  Los tribunales nacionales e internacionales reivindican más y más una mayor protección de los derechos humanos y niegan que la excepcionalidad pueda justificar su menoscabo (así, el asunto Kadi del TUE, el asunto Saadi o el Masri del TEDH). Tales decisiones ponen de manifiesto que existen límites constitucionales a la discrecionalidad de los poderes ejecutivos y legislativos que tienen que observarse incluso en situaciones de emergencia. En ese marco, la tarea de control judicial sólo será efectiva si los jueces son realmente independientes en la aplicación de ley.

Sin duda, la sentencia del TEDH que nos ocupa está llamada a tener una repercusión importante en muchos aspectos, también respecto a los legítimos sentimientos de muchas víctimas de los crímenes de la banda terrorista ETA. No obstante, asumiendo y respetando lo anterior, lo que está sobre la mesa es ante todo una discusión jurídica sobre hasta dónde puede llegar el margen de interpretación de los tribunales frente a cuestiones de pura legalidad (básicamente, los principios de irretroactividad y previsibilidad de la norma penal y, por lo que viene al caso, las reglas de aplicación de los beneficios penitenciarios). Es pues acerca de esta cuestión sobre la que debemos todos contribuir a formalizar un debate cabal y riguroso.