defending rights and civil liberties

2013

28

ABR

Las presuntas torturas en la base española de Diwaniya

Extraterritorialidad de la obligación internacional de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos: el deber de investigar crímenes de derecho internacional.

Los derechos humanos no son un obstáculo para la seguridad y la paz, en realidad, son la clave para alcanzarlas. El respeto por los derechos humanos y el imperio de la ley es también vital para el éxito de las políticas de prevención y represión del terrorismo.

La efectividad en la lucha contra el terrorismo sin duda depende en gran medida de la cooperación judicial entre los Estados. También la obligación de cooperar resulta del deber de investigar, perseguir y en su caso castigar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Los métodos de cooperación y la manera en que los Estados los implementan deben estar sujetos a las reglas del debido proceso, a la prohibición de detención arbitraria, de desaparición forzada, de la tortura, así como de otros requisitos bajo el marco de la normativa internacional de protección de los derechos humanos.

Así, hay que advertir que no son admisibles formas de colaboración o conductas estatales que conduzcan o posibiliten la comisión de violaciones de derechos humanos (es el caso, por ejemplo, del programa de entregas extraordinarias y detenciones ilegales y traslados secretos en el marco de la denominada “Guerra contra terror”).

Se suscita aquí la siguiente interrogante: ¿qué ocurre cuando son los agentes del Estado los que cometen hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos o llevan a cabo actuaciones ilegales en el extranjero en el marco de la lucha contra el terrorismo? Las normas de Derecho internacional vinculantes para España obligan a estos agentes a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas aunque actúen fuera de territorio español.

Cabe recordar en este punto que España ya se vio involucrada en el año 2002 en el envío de funcionarios españoles a realizar interrogatorios a Hamed Abderraman Ahmed y Lahcen Ikassrien recluidos en Guantánamo. En ese caso (2006) los tribunales españoles (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional) declararon nulas toda actuación practicada en la base naval de Guantánamo. Hasta allí se desplazaron agentes españoles con el propósito de obtener la colaboración de los detenidos: “Ante las reiteradas negativas por parte de Lahcen a colaborar con las autoridades españolas en este asunto, y a pesar de la insistencia con la que se trató de hacerlo, se optó por decirle a Lahcen que en el caso de que cambiase de opinión (…) y así poder hablar de nuevo con él para llegar a algún tipo de acuerdo” (extracto del informe de los policías españolas de la Unidad Central de Información Exterior sobre su visita a Guantánamo en julio de 2002). No obstante, aquella actuación policial no se tradujo en responsabilidad alguna para los agentes.

Pero el hecho de que agentes de cualquier Estado hayan estado involucrados de alguna manera en situaciones que entrañan violaciones de los derechos humanos no puede carecer de consecuencias jurídicas. Tal y como ha afirmado Mariño Menéndez, miembro del Comité contra la Tortura, también “cualquier Estado tiene que responder ante la Comunidad Internacional de la acción de sus agentes cuando cooperen o presten su aquiescencia a graves violaciones de derechos [humanos]”.  

La cuestión parece volver a estar sobre la mesa tras la reciente publicación en la web de El País de unas imágenes de varios soldados españoles sometiendo aparentemente a tortura a dos prisioneros iraquíes en el supuesto centro de detención de la base española de Diwaniya (Irak) en los primeros meses del 2004, según refiere la información publicada. La pregunta es, o vuelve a ser entonces: ¿qué ocurre con la responsabilidad de los soldados que ahí aparecen?, ¿y con la del Estado español?

Al respecto, cabe recordar el último informe anual al Consejo de Derechos Humanos de la ONU del Relator Especial sobre la protección y promoción de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, titulado: “Principios marco para asegurar la responsabilidad de las autoridades públicas por violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos cometidas en el contexto de iniciativas estatales de lucha contra el terrorismo”. En el mismo se destaca, entre otras cuestiones, que se consideran graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos la tortura autorizada en el curso de interrogatorios, el traslado de sospechosos a la custodia de Estados cuando se sabe que hay riesgo de tortura, la desaparición forzada de sospechosos, incluida la detención temporal en centros secretos que lo que pretenden es poner a las personas fuera de la protección legal del Derecho internacional de los derechos humanos (párr. 22). En lo que ahora ocupa, los principios de Derecho internacional relativos a la responsabilidad por tales violaciones tienen dos dimensiones complementarias: por un lado, el Derecho internacional hoy día protege el derecho de las víctimas y del público a conocer la verdad; este derecho implica la obtención de toda la información relevante acerca de la violación, incluida la identidad del perpetrador, el paradero de la víctima y, en su caso, el proceso por el que la violación fue autorizada oficialmente (párr. 23). Por otro lado, el Derecho internacional impone la correspondiente obligación a los Estados (bajo la rúbrica del principio de responsabilidad "accountability"), también y entre otras de llevar a cabo una investigación independiente, completa, imparcial y eficaz sobre esos hechos (párrs. 27-31)

En el mismo orden de ideas, respecto a EEUU y Guantánamo, en 2006 un grupo de relatores y mandatos especiales de derechos humanos (el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Relator especial sobre la libertad de religión o de creencias, el Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental) concluyeron en un informe que:

“… el Comité de Derechos Humanos, que monitorea la implementación del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] ha clarificado que “un Estado parte debe respetar y garantizar los derechos consagrados en el Pacto a toda persona bajo el poder o control efectivo de ese Estado Parte (Observación general No. 31 (2004), CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, parr. 10). De igual manera, la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva acerca de las consecuencias jurídicas en el caso de la construcción de un muro en el territorio ocupado palestino ( I.C.J. Reports 2004 (9 July 2004) reconoció que la jurisdicción de los Estados es principalmente territorial, pero concluyó que el PIDCP se aplica a “actos llevados a cabo por un Estado en el ejercicio de su jurisdicción fuera de su propio territorio” (…). Por tanto, las obligaciones de EEUU bajo el derecho internacional de los derechos humanos se aplican respecto de las personas detenidas en la Bahía de Guantánamo” (Situación de los detenidos en la bahía de Guantánamo, U.N. Doc. E/CN.4/2006/120, párr. 11 (15 de febrero de 2006).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre casos similares. Así, la Gran Sala del TEDH en asunto Al Jedda c. Reino Unido concluyó (sentencia de 7 de julio de 2011) que, en el marco de una misión de paz de la ONU:

“la Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidos, en su párrafo 10, autorizaba al Reino Unido a tomar las medidas necesarias para contribuir al mantenimiento de la seguridad y estabilidad en Irak. No obstante, ni la Resolución 1546 ni ninguna otra Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas indicaba  de forma explícita o implícita que el Reino Unido podía a poner a un individuo considerado por las autoridades de su país como un riesgo para la seguridad de Irak, bajo detención indefinida sin cargos”. De forma que subrayando que “la detención es atribuible al Estado demandado y que el demandante estaba bajo la jurisdicción de dicho Estado”, concluyó que existió en el caso una violación del artículo 5.1 (derecho a la libertad) del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Recordemos también que la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (de la que España es Estado parte) se refiere en sus artículos 2.1 y 16.1 a la obligación de los Estados partes de tomar las medidas necesarias para “impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción” así como “a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura”. La prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes es uno de esos derechos humanos considerados como absolutos por cuanto no pueden ser objeto de derogación, limitación o suspensión ni siquiera en caso de emergencia pública o conflicto armado. Por su parte, el artículo 3 común a los cuatro Convenio de Ginebra de 1949 (de los que España también es parte) proscribe “los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente (…) los tratos crueles, la tortura y los suplicios”. Según el III Convenio, los Estados partes y las autoridades respectivas tienen la obligación de tratar humanamente a los prisioneros de guerra, en todas las circunstancias, quedando prohibido y siendo “considerado como infracción grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder” (art. 13). Igualmente, señala el mismo Convenio que “los prisioneros de guerra están en poder de la Potencia enemiga, y no de los individuos o de los cuerpos de tropa que los hayan capturado. Independientemente de las responsabilidades individuales que pueda haber, la Potencia detenedora es responsable del trato que reciban” (art. 12).

Tanto la Convención contra la Tortura como los Convenios de Ginebra establecen la clara obligación de perseguir, enjuiciar y, en su caso, castigar a los responsables de delitos de tortura y graves infracciones (crímenes de guerra, incluida la tortura a prisioneros) respectivamente. Esta obligación es de “carácter absoluto” (art. 129 del III Convenio y arts. 2-5 de la Convención contra la Tortura).

Aclarado lo anterior, la cuestión, es qué debe entenderse por investigación y persecución efectivas partiendo de la general obligación internacional de investigar. Según el Comunicado del Ministerio de Defensa de España del pasado día 19 de marzo: “De acuerdo con las instrucciones del ministro de Defensa, Pedro Morenés, el Ejército de Tierra ha puesto en manos del juez togado decano de Madrid las primeras conclusiones de la información sumarísima recabada hasta el momento en relación con un vídeo publicado recientemente por un medio de comunicación sobre un caso de presunto maltrato de soldados españoles a prisioneros iraquíes. En cuanto al vídeo en sí, las conclusiones preliminares indican que su localización podría corresponder efectivamente con las instalaciones habilitadas para prisioneros en el cuerpo de guardia de base 'España' en Diwaniya (Irak) y que, de poder analizarse el vídeo original, los distintivos que los agresores portan en sus uniformes podrían llevar a la identificación de su unidad de procedencia y, de no haberse velado intencionadamente sus rostros, sería factible reconocer al menos a dos de los agresores. De acuerdo con la investigación previa, ninguno de los jefes de los contingentes destacados en Iraq tiene ni tuvo constancia y ni siquiera sospecha de que se infligieran malos tratos a prisioneros y afirma, por el contrario, que siempre se les dio un trato correcto y concorde, en todo momento, con la legislación vigente y con las Reglas de Enfrentamiento en vigor”.

Celebrando la aparente voluntad de las autoridades españolas de (ahora) investigar los hechos apuntados, es importante subrayar en este punto que resulta una conclusión ampliamente reiterada y compartida que la jurisdicción militar debe ser competente exclusivamente en las cuestiones referentes a la disciplina militar y en ningún caso intervenir en el juzgamiento de los que comportan violaciones a los derechos humanos (véanse por ejemplo: “La administración de la justicia y los derechos humanos de los detenidos. La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos). Informe final elaborado y revisado por M. Joinet”, párr. 38; o el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, párr. 29).

Por ejemplificar lo anterior a través de sendas decisiones de los tribunales regionales de protección de los derechos humanos, valga recordar que la Gran Sala del TEDH en el asunto Al-Skeini y otros contra Reino Unido, afirmó que la investigación interna llevada a cabo por la policía militar británica de la muerte de 5 iraquíes a manos de tropas británicas en Basrah, carecía de independencia. Además, no se había dado ninguna explicación por parte del gobierno en relación con los largos retrasos ocurridos entre las muertes y el juicio militar y que tales retrasos socavaban seriamente la efectividad de la investigación. Asimismo, el TEDH consideró que el enfoque de la investigación había sido demasiado limitado como para satisfacer los requisitos del artículo 2 del Convenio. En las circunstancias del caso, el TEDH concluyó que el artículo 2 exigía de una investigación independiente, accesible a los familiares de las víctimas así como al público respecto de cuestiones más amplias relativas a la responsabilidad del Estado por las muertes, incluidas “las instrucciones, el entrenamiento y la supervisión de los soldados que llevaron a cabo tareas como las del caso tras la invasión”. En consecuencia, el TEDH encontró violación de la obligación procesal del artículo 2 del Convenio por falta de una investigación efectiva y adecuada.

Por su parte, en una formulación más amplia la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que “cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia” (sentencia de 30 de mayo de 1999, Caso Castillo Petruzzi y otros c. Perú, párr. 128.

En suma, si lo que evidencian las imágenes exhibidas constituyen un crimen internacional (actos de tortura, perpetrados por soldados sobre prisioneros de guerra) es imperativo que sin más demora la jurisdicción ordinaria española lleve a cabo una investigación rigurosa, efectiva, independiente e imparcial, tal y como dispone el Derecho internacional.

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