defending rights and civil liberties

2014

02

MAY

Ni entonces, ni ahora, ni nunca

El pasado 25 de abril la Audiencia Nacional decidió no acceder a la solicitud de extradición a Argentina del presunto torturador, Jesús Muñecas Aguilar. El día 30 denegó también la extradición de Antonio González Pacheco, generalmente conocido como “Billy el Niño”...



El pasado 25 de abril la Audiencia Nacional decidió no acceder a la solicitud de extradición a Argentina del presunto torturador, Jesús Muñecas Aguilar. El día 30 denegó también la extradición de Antonio González Pacheco, generalmente conocido como “Billy el Niño”. Tecnicismos al margen, la razón básica no fue que no es necesario que los tribunales argentinos investiguen, enjuicien y castiguen esos hechos, pues de ello se van a ocupar los españoles, sino que “conforme a la legislación española” todas aquellas torturas no pueden ni deben investigarse, ni enjuiciarse, ni castigarse. Sus víctimas, igualmente y en consecuencia, ni han tenido ni parece tienen derecho alguno a la justicia, la verdad y la reparación.

A la luz de estas dos resoluciones es inevitable que no acudan a la memoria algunas de las cosas que durante años han mantenido las autoridades de nuestro país, y que nosotros desde RIS hemos combatido, desmontado y denunciado dentro y fuera de nuestras fronteras. Así, cómo no recordar aquello que ante las Naciones Unidas afirmaron nuestros representantes allá por 2010, es decir, que respecto a algunos de los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo “en [España] los Jueces y Tribunales instruyen y juzgan todas las denuncias [en tanto que] el ordenamiento jurídico vigente en España obliga, de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes [internacionales] en los términos y con el alcance recogido (…) en [toda] la legislación nacional e internacional…”. En lo más específico, cómo olvidar, en fin, las respuestas de la Fiscalía General del Estado a los exhortos diplomáticos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federad Nº 1 de Argentina, en las que siempre se mantuvo que sobre “los hechos de (…) torturas denunciados ante los Juzgados de Argentina (…) la competencia preferente [ha de ser] de las autoridades españolas para [proceder a su] investigación”.

El lenguaje jurídico, los conceptos técnicos, la redacción propia a las resoluciones judiciales hace que muchas veces sea más que complejo comprender qué dicen y/o quieren decir los tribunales. Y ciertamente, no es éste el momento ni el formato para analizar y discutir jurídicamente la decisión de la Audiencia Nacional de que ni se extradite a estos dos presuntos torturadores, ni se les enjuicie en España. En menos palabras, que pese a todo lo dicho y redicho públicamente, se concluya ahora que nadie ni investigue aquellas torturas, ni atienda las denuncias de sus víctimas. Pero es importante reseñar al menos una cuestión que fuera del opaco mundo del Derecho, puede trasmitir un mensaje que requiere de una reflexión especial:Por acudir al literal del Auto relativo a Billy el Niño, en él se mantiene que los 14 delitos de torturas de los que es acusado no puede entenderse que formasen parte de un más amplio “plan sistemático y generalizado” contra un “grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos”. Traduciendo, cabría entender que cuando el ex Inspector de Policía, González Pacheco, y el ex Guardia Civil, Muñecas Aguilar, presuntamente torturaron a distintas personas detenidas en instalaciones oficiales lo hicieron, no siguiendo un plan así previsto, diseñado y aceptado por el franquismo, sino que fueron “hechos aislados” como se afirma en el Auto relativo a Jesús Muñecas Aguilar. Esto es, sigamos traduciendo, la conclusión a la que podría llegarse es que durante la dictadura franquista no existía ninguna política generalizada de torturar, o infringir tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos por lo que fuera que se entendía como “motivos políticos”. Si se prefiere una versión más edulcorada, cabría concluir que sí existía tal política, y que los señores González Pacheco y Muñecas Aguilar presuntamente torturaban, sí, pero lo hacían fuera o al margen de ella; coincidiendo, en fin, por mera casualidad con ella.

Pero aun si se quisiera aceptar lo anterior, esto es, que no existía ningún plan, establecido y/o consentido oficialmente, quizá pueda venir a la cabeza la siguiente pregunta: ¿entonces por qué nunca fueron castigados esas dos personas por todas y cada una de las torturas que presuntamente cometieron? ¿Se dedicaron a torturar en, por citar el ejemplo más conocido, la Dirección General de Seguridad por su cuenta y riesgo, nunca siguiendo un plan sistemático y generalizado, pero en todos aquellos años no se les procesó y condenó por todo aquello?

Quizás una explicación más sencilla, y que cuenta con evidencias abrumadoras, es que por supuesto que tal política generalizada y sistemática de práctica de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los detenidos existía. Que ni eran “hechos aislados”, ni excepciones, sino la regla general, establecida y consentida, por las autoridades del Estado. Y cuestiones técnico-jurídicas más o menos complejas al margen, resulta desolador que de lo mantenido por la Audiencia Nacional pueda entenderse o concluirse lo contrario. Aunque mucho más lo es que por aquellos hechos, por aquellos crímenes, sus presuntos responsables no respondieran entonces ante la Justicia, y que se siga pretendiendo que tampoco lo hagan ni ahora, ni nunca.

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