defending rights and civil liberties

2014

16

MAY

Sobre la implementación de las Directivas relativas a las garantías procesales

Durante dos días, RIS ha tenido oportunidad de participar en Bruselas en unas jornadas dedicadas a las Directivas europeas relativas a las garantías procesales. Este es nuestro balance.

 



En estos días en que Europa está en boca de todos, a menos de diez días vista de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo, RIS ha tenido ocasión de participar en Bruselas en unas jornadas dedicadas a las Directivas europeas relativas a las garantías procesales.

El primer día se centró en la asistencia jurídica. Tema candente en España que tiene en pie de guerra a los Colegios de Abogados españoles y, en general, al colectivo de abogados españoles, en contra del Proyecto de Ley del Ministro de Justicia. Inicialmente, el derecho a asistencia jurídica y derecho a un abogado iban a formar parte de una única Directiva. Así se concibió en el Plan de trabajo para reforzar los derechos procesales. Sin embargo, en 2010 se decidió separar en dos Directivas, Medida C1 (acceso a abogado) y Medida C2 (asistencia jurídica). El proceso de negociación de la Directiva de Acceso a un Abogado fue largo y se espera un proceso igualmente arduo y prolongado que culmine con la aprobación de la Directiva relativa a asistencia jurídica. En este proceso, la posición del Parlamento Europeo será decisiva para alcanzar un equilibrio entre las propuestas de la Comisión y del Consejo.

Por el momento la propuesta de Directiva es ciertamente débil. Se centra en el derecho a la asistencia jurídica de forma provisional, es decir, los Estados Miembros tienen la obligación de proporcionar asistencia jurídica a una persona privada de libertad hasta que se tome la decisión de si puede beneficiarse de asistencia jurídica gratuita. También deja fuera cuestiones importantes como la calidad del servicio, la independencia, la responsabilidad, gestión o la remuneración adecuada. Algunos de estos temas, sin embargo, sí se incluyen en una Recomendación de la Comisión. Por tanto, cuando pasen las elecciones al Parlamento Europeo, será esencial seguir trabajando tanto con dicha institución como con la Comisión para intentar ampliar el alcance de la futura Directiva (más allá de la asistencia jurídica provisional) y que se incluyan los temas anteriormente mencionados.

La segunda sesión de las jornadas se centró en la implementación de las Directivas procesales ya aprobadas (derecho a traducción e interpretación, a la información y acceso a un abogado). El hecho de que estas Directivas tienen distintas fechas de transposición (incorporación al derecho interno) sin duda será un reto, sobre todo, puesto que todas ellas están conectadas. Otro problema que nos comentó la representante de la Comisión es que los Estados Miembros suelen enviar grandes cantidades de documentos sin indicar las disposiciones concretas relativas a la implementación de las Directivas, así como que los Estados Miembros suelen ser bastante reacios a proporcionar datos estadísticos.

En concreto, según nos transmitió la representante de la Comisión, todos los Estados Miembros -excepto dos- han notificado ya la adopción de medidas nacionales para garantizar los derechos recogidos en la Directiva relativa al derecho de traducción e interpretación cuya fecha de transposición era el 27 de octubre de 2013. No sabemos si España será uno de esos dos Estados Miembros ya que las normas españolas no contemplan por el momento el derecho a la traducción de documentos esenciales y, por el momento, no tenemos conocimiento de que se haya modificado este extremo.

En cuanto a la Directiva relativa al derecho a información, cuya fecha de transposición es el próximo 2 de junio de 2014, según la Comisión, sólo se han recibido seis notificaciones por parte de los Estados Miembros relativas a la incorporación de los derechos de la Directiva al derecho nacional. Tampoco nos consta que se hayan adoptado las medidas necesarias en España para adecuar las normas españoles a dicha Directiva.

Sin duda, la Comisión evaluará las medidas de implementación pero se nos advirtió que la postura de dicha institución será prudente a la hora de iniciar procedimientos de infracción por la incorrecta o deficiente implementación de las Directivas. En este contexto, el papel de las organizaciones de la sociedad civil es crucial. No sólo por la información que puedan proporcionar a la Comisión sino, y muy especialmente, por su rol en casos de litigio estratégico. La Comisión tendrá muy en cuenta la interpretación que el Tribunal de Justicia de la UE haga de las Directivas procesales. Por tanto, una vía para conseguir pronunciamientos del Tribunal es a través de la remisión, por parte de los tribunales domésticos, de cuestiones prejudiciales.

Desde RIS estamos trabajando todos estos temas. Además, formamos parte de la Red de Derechos Europeos JUSTICIA, cuyo objetivo es reforzar tanto el impacto nacional y regional del trabajo de las organizaciones miembros en la esfera de la justicia penal en la UE. Os mantendremos informados acerca de las actividades que llevemos a cabo en este ámbito.

 

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