defending rights and civil liberties

2014

03

JUN

El olvido, ¿un derecho?

El 13 de mayo del 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tomó una decisión trascendental: otorgar el derecho a los usuarios de exigir a Google y demás buscadores de Internet que borren su información personal conservada en servidores...



El Origen del Fallo

El 13 de mayo del 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tomó una decisión trascendental: otorgar el derecho a los usuarios de exigir a Google y demás buscadores de Internet que borren su información personal conservada en servidores. Esto representa una decisión transcendental para el mundo entero.

El fallo determina que aquellos interesados en reclamar el “derecho al olvido”deben presentar su solicitud directamente al gestor del buscador (Google o Yahoo, entre otros). Si el gestor se negara a retirar dicha información, el usuario tiene el derecho de acudir a tribunales, donde analizarían cuán fundamentada está la petición. Si se tratase de un caso con base sólida, se puede ordenar a dichos gestores que borren los datos en cuestión. Este procedimiento se puede iniciar cuando se considere que la información que aparece en Internet es “inadecuada, no sea pertinente o irrelevante”. La solicitud puede girar en torno a cualquier tipo de información, ya se trate de páginas legalmente publicadas y que tengan información verídica o se encuentren en el ámbito público. El fallo abre las compuertas a más de un centenar de casos similares que están a la espera de consideración reclamando el mismo derecho, consagra el “derecho al olvido”en Internet y dirime la vieja controversia de quién es responsable del acceso a determinada información.

La demanda original fue presentada el año pasado por Mario Costeja González, de nacionalidad española, quien exigió que Google desistiera de arrojar un viejo anuncio acerca de una subasta de bienes embargados por una deuda con la Seguridad Social, la cual ya había sido resuelta. El proceso tomó sus primeros pasos en tribunales españoles hace aproximadamente seis años. Tras el fallo a favor de Costeja, la reacción del gigante de Internet fue de “indignación y decepción”. A su parecer, representa una forma de censura, alegando que su motor de búsqueda no controla datos y utiliza algoritmos para ordenar y ofrecer enlaces con información relevante disponibles en la web.

Aunque aún no está del todo claro el grado de significación de la decisión, muchos especialistas confiesan que se esperaban otro resultado. El año pasado, el abogado general de la UE, Niilo Jääskinsen, le dio la razón a Google, afirmando que el gestor de búsqueda no se puede considerar responsable del trato que reciben los datos encontrados en páginas procesadas. A pesar de esto, un año más tarde, el fallo del Tribunal da media vuelta sobre esta postura, argumentando que las actividades del buscador afectaban de manera importante los derechos a la vida privada y la protección de datos personales.

El derecho a la información, ¿en peligro?
Para muchos, el fallo representa una victoria clara en aras de proteger datos personales de ciudadanos europeos, pero también conlleva la necesaria restricción de la información disponible de los mismos. En su forma actual queda abierto el camino a que se practique la censura  de contenidos legítimos, acercando al continente a la practica de control de Internet que se está llevando a cabo en varios países (por ejemplo, Turquía e Irán). En un mundo donde existen cada vez más peticiones para borrar datos, y mientras más países introducen la práctica de prohibir redes sociales (Twitter, Youtube o Facebook), la postura del Tribunal europeo puede limitar aun más la información disponible en la web, coartando así la libertad de expresión en la red. Asimismo, ¿cuál es la efectividad de obviar un rastreo de información que igualmente quedaría registrada en el portal fuente, el cual no está bajo ninguna obligación legal de eliminarla?

Periodistas expuestos a la censura en su día a día tienen muy claro lo que puede significar el fallo. Se trata de deshacerse de información del dominio público simplemente basándose en el capricho de uno o varios individuos, complicando, o bien inhibiendo, el acceso a la información. Esto desemboca en dificultar la labor de un periodista o un investigador a la hora de querer descubrir casos de fraude, abuso infantil y escándalos de corrupción, entre otros, simplemente porque alguien no quiere que se le encuentre. ¿En dónde se traza la raya? La sentencia no deja claro quién y bajo cuáles circunstancias puede un individuo gozar del derecho al olvido. Si usamos como ejemplo el caso de un pedófilo o un asesino en serie tras el cumplimiento de su condena con la cual paga su deuda con la sociedad, ¿este tipo de delincuente también debería tener el derecho a ser olvidado? Porque en la práctica, al igual que un moroso que pagó su deuda, estos individuos pagaron cumpliendo su sentencia. Y sí pueden ser olvidados, ¿qué complicaciones pueden presentarse a la labor de un periodista investigando personas o historias? En un tuit, la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) tilda el fallo del TJUE de “profundamente problemático para el periodismo”.

Internet cumple el papel de archivo histórico digital, una práctica cada vez más común. El fallo indica que la información tiene que ser borrada de archivos en línea, mas no de hemerotecas físicas. La labor de encontrar esta información simplemente se obstaculiza, sin prohibirla del todo, representando un retroceso en los avances de métodos y herramientas de investigación y el acceso público a la información.

Dueños de la información
La decisión del Tribunal deja en manos de compañías gestoras de buscadores la potestad de arreglar, borrar o impedir el acceso a enlaces de información pública. Ahora los gestores son los responsables de tomar los pasos necesarios para asegurar que aquellos datos que no estén alineados con las provisiones del fallo deben ser corregidos o borrados. De esta manera, los gestores de búsqueda se encontrarían con la habilidad de decidir qué tipo de información se puede estimar como “adecuada o relevante” y debe ser mantenida “al día”. Aunque hay provisiones dentro del fallo que indican que el interés público debe ser considerado, quizás no deberían ser los operadores de motores quienes tomen esta decisión.  

Hay que considerar que una decisión de esta envergadura debería quedar en manos judiciales. De no ser el caso, ciertos buscadores, en particular los que cuentan con menos recursos, podrían seguir la política de no analizar la situación y adaptarse a toda petición presentada. En tal caso, nuestro derecho al acceso a la información se vería gravemente afectado y, peor aún, la decisión de a qué podemos acceder y conocer en el mundo virtual quedaría en manos privadas.

En la práctica
En términos prácticos, de considerarse incapaces de decidir sobre estos casos, los gestores de búsqueda podrían comenzar a traspasar los casos a autoridades locales, lo que podría desbordar los servicios públicos que, simplemente, no cuentan con los recursos para gestionar estas solicitudes. El comisionado de información británico ya ha tildado el nuevo régimen como uno por el cual “nadie pagará”.

El fallo también obvia la posibilidad de que un individuo puede dejar de ser un ciudadano privado y convertirse en figura pública, cuya información y pasado de repente pasa a ser “relevante” o de interés público. ¿Qué pasaría en el caso de un líder de un partido político? ¿No es relevante, o bien, importante, para sus seguidores y/o votantes conocer su trayectoria?

No podemos olvidar que el concepto de privacidad ha sido alterado para siempre desde el surgimiento de Internet y las redes sociales, es decir, ya no existen ciudadanos del todo privados. Dice una periodista turca, Kaya Genc: “En la época de los medios sociales, es difícil distinguir quién es una figura pública. Nuestras vidas son todas públicas hoy en día, y entre más rápido aceptemos esta verdad, mejor nos irá”. Pero, a la vez, no es consecuente que en sociedades democráticas, donde incluso antecedentes penales sean “cancelables” después de una temporada, Internet represente para algunos una cadena perpetua.

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