Según la Directiva 2014/41/CE, de 3 de abril, relativa a la Orden Europea de Investigación en materia penal (en adelante OEI), se trata de una decisión judicial emitida por la autoridad competente de un Estado miembro (un juez o un fiscal en el Estado de emisión) para llevar a cabo una o más medidas de investigación específicas en otro Estado miembro (de ejecución) con el objetivo de adquirir pruebas en procesos penales.
