Con el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, nos encontramos de nuevo con una normativa aprobada para dar respuesta a una situación concreta y sin haber analizado en profundidad los ámbitos a los que les va a resultar de aplicación.
