defending rights and civil liberties

2014

09

JUL

Valoraciones de la sentencia absolutoria por la acción 'Aturem el Parlament'

Nuestra compañera Patricia Goicoechea ha hablado con Infolibre acerca de la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en virtud de la cual se absuelve a los manifestantes acusados “del asedio al Parlament”.

Nuestra compañera Patricia Goicoechea ha hablado con Infolibre acerca de la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en virtud de la cual se absuelve a los manifestantes acusados “del asedio al Parlament”. A continuación incluimos las respuestas dadas por Patricia y que aparecen en el artículo publicado hoy en Infolibre.

En este sentido “la sentencia es muy garantista”, señala Patricia Goicoechea, abogada y directora adjunta de Rights International Spain. Para la letrada, la decisión de la Sala de lo Penal es “muy positiva” ya que en el ámbito penal “debe regir la escrupulosidad en lo que se refiere a las garantías del proceso”. “En caso de duda, en el ámbito penal, se debe fallar a favor del acusado”, recuerda. La decisión de la Sección Primera es un ejemplo de protección “de las garantías judiciales de los acusados y, al fin y al cabo, de todos nosotros”.

“Es esencial –subraya Goicoechea– que cuando se presentan vídeos como pruebas estos sean los brutos, así se garantiza su potencial como prueba de cargo y de descargo”. Cuando la pieza no está editada, tanto la acusación, como la defensa, tienen la posibilidad de utilizar la prueba en su beneficio. “Cuando una de las partes presenta una prueba manipulada y sólo se aportan indicios negativos, se elimina el derecho de la defensa”, explica la letrada. Por este motivo, “se requiere por parte del organismo judicial el bruto de las imágenes” y que este sea “utilizado por el conjunto” del tribunal.

La resolución judicial “pone de manifiesto lo que denunció la propia acusación particular: la desafortunada actuación de los Mossos”, recuerda Goicoechea. La convocatoria de la manifestación fue dada a conocer cinco días antes, apunta la abogada, por lo que “las autoridades conocían el momento y el lugar en el que iba a darse la protesta”. La “obligación” de las fuerzas de seguridad es “proteger el derecho de manifestación” y para ello deben “poner todos los medios para que pueda tener lugar”. Si las autoridades hubieran “habilitado los medios y espacios necesarios y suficientes para que el mensaje de los ciudadanos llegara a sus destinatarios”, las situaciones de tensión podrían haberse evitado, sentencia la colaboradora de Rights International Spain.

Para la abogada, “la propia actuación de las autoridades contribuyó a provocar una situación de peligro, de desorden, tanto a la hora de no proteger a los parlamentarios como a los manifestantes que participaron en la protesta”. La sentencia de la Sala de lo Penal subraya “la importancia de la ordenación del espacio, físico y simbólico, de la confrontación” para permitir “a los propios manifestantes autodeterminar sus conductas”. Para avalar esta consideración, los magistrados recuerdan la manifestación que tuvo lugar en Madrid el 25 de septiembre de 2012 bajo el lema Rodea el Congreso, “donde la autoridad gubernativa estableció un perímetro de seguridad”.

El fallo de la Sección Primera “no es más que una sentencia respetuosa con la esencia del derecho a manifestarse y el respaldo de la tendencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, asegura Goicoechea.

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