defending rights and civil liberties

#DíseloAEuropa

Comisión Europea: ¡Actúen contra los ataques a valores esenciales de la UE en España! ¡¡Haz oír tu voz y firma la petición!!

El paquete de reformas legislativas promovido y adoptado por el Gobierno español socava gravemente principios básicos de la Unión Europea. Desde RIS hemos denunciado hace ya un año, a través de nuestra campaña #SinJusticia, que no se trata de acciones aisladas, sino que todas estas reformas forman parte de un mismo y estudiado plan para dejarnos #SinJusticia. Con esta nueva campaña #DíseloAEuropa trasladamos a la UE la denuncia de este paquete de reformas.

Y es que, ante la ineficacia de los mecanismos existentes en España para prevenir las amenazas al Estado de Derecho, nos hemos visto obligadas a acudir a la Comisión Europea para denunciar la situación. Pese a estar en plena contradicción con valores esenciales de la UE, muchas de las medidas legislativas más problemáticas ya han sido aprobadas.

¿Qué denunciamos y qué pedimos?

Denunciamos que la reforma de la Ley de Justicia Gratuita cercena el acceso a la justicia y a una revisión judicial eficaz. Con la reforma menos personas podrán beneficiarse del derecho a un abogado de oficio. Con la crisis, más personas han tenido que acudir a este servicio, sin embargo, con la nueva ley, se limitará el acceso a este derecho. Solicitamos, por tanto, que se tomen medidas desde la Comisión para asegurar que la nueva ley no vulnere el derecho de acceso a la justicia.

Denunciamos las tasas judiciales por vulnerar el principio de igualdad ante la ley. Si bien recientemente las personas físicas han quedado exentas del pago de estas tasas para acceder a la justicia, lo cierto es que siguen siendo discriminatorias al tener un impacto desproporcionado en las PyMes y algunas ONGs, en comparación con las grandes empresas (bancos, aseguradoras, etc.). Por ello, pedimos a la Comisión que inste a las autoridades españolas a su derogación total.

Denunciamos la falta de medios de la Justicia y las interferencias políticas en la Justicia, lo que tiene un impacto sobre la independencia judicial. Consideramos que las reformas propuestas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son reformas parciales e insuficientes, por lo que solicitamos que sean retiradas en tanto no se realice un proceso de consulta con expertos y sociedad civil con el objetivo de alcanzar una efectiva reorganización y modernización del sistema judicial. La Comisión debería además asegurar que se dote de suficientes medios a la Justicia y que se eviten las interferencias políticas.

Denunciamos que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal suponen una clara vulneración al principio de seguridad jurídica y de respeto a los derechos fundamentales. Denunciamos la amenaza que suponen estas leyes para los derechos a la libertad de expresión y de reunión, la vaguedad de muchos de sus preceptos (lo que puede conllevar una aplicación arbitraria de las sanciones) y que la enmienda que legaliza las devoluciones desde Ceuta y Melilla entra en clara contradicción con el propio derecho de la UE. Se solicita, por tanto, que se deroguen ambas reformas.

Denunciamos que, al tramitar todo este paquete de reformas, no se haya respetado un procedimiento adecuado, al no haberse llevado a cabo por parte del Gobierno una verdadera consulta con la sociedad civil y los expertos en materia de derechos humanos. Solicitamos que la Comisión recuerde a España que toda reforma legal debe ser sometida a una adecuada consulta pública, llevándose a cabo evaluaciones de impacto, asegurándose el consenso de todos los partidos, en la medida de lo posible, así como el respeto al principio de seguridad jurídica.