Defendiendo los derechos y las libertades civiles

López Martínez c. España: RIS vuelve a intervenir presentando una comunicación ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa

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2012, 29 de septiembre. Tras una de las manifestaciones ‘Rodea el Congreso’ varios agentes antidisturbios se colocaron a las puertas de un bar cercano al hemiciclo donde, según ellos, habían acudido los protagonistas de ciertos altercados que habían tenido lugar durante la manifestación. Los agentes ordenaron salir a todos los presentes y fueron golpeando con violencia y sin motivo alguno a todo el que cruzaba el umbral de la puerta hacia la calle. No se llevó a cabo detención alguna. 

Una de las víctimas decidió denunciar sin éxito lo ocurrido, ya que sufrió numerosos politraumatismos y una brecha en la cabeza, aportando como prueba un vídeo que mostraba la arbitrariedad con la que se propinó una paliza a todo el que pasaba por allí sin ningún tipo de causa.

En 2016, el colectivo Legal Sol decidió elevar la demanda al TEDH, y en 2017, RIS elaboró un amicus curiae o Third Party Intervention. 

Finalmente, en 2021, el fallo del TEDH condenó a España por no investigar la agresión en los tribunales, considerando que España había violado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece que «nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes» en su variante judicial que obliga a la investigación de las denuncias por este motivo. Además, el Estado tuvo que indemnizar a la demandante con 1000€.

Abierto el procedimiento de supervisión de la ejecución de la sentencia ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el Estado presentó en marzo de 2022 su plan de acción actualizado, argumentando que la sentencia ya había sido ejecutada y procedía, por tanto, el archivo del caso.

En esta fase RIS ha presentado una comunicación al amparo del artículo 9.2 de las reglas del Comité de ministros para la supervisión de la ejecución de sentencias.  En nuestra comunicación argumentamos que sigue existiendo un problema sistémico de falta de investigación de denuncias de malos tratos, y que el sistema de identificación de los agentes de Policía Nacional sigue siendo deficiente.

Sugerimos al Comité de Ministros una serie de recomendaciones que este debería dirigir al Estado. 

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