Hace unos días os informábamos de la comunicación remitida por cinco expertos de la ONU mostrando su preocupación por el impacto en materia de derechos humanos de varias de las reformas legislativas del Gobierno actualmente en curso (Ley de Seguridad Ciudadana y reformas al Código Penal y antiterrorista). Uno de estos expertos era Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos. Recordemos además que desde RIS y junto con el IDHC ya nos habíamos puesto en contacto con una serie de relatores de la ONU en una carta remitida en diciembre de 2013, poniendo de manifiesto nuestras preocupaciones sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.
Pues bien, el Sr. Forst acaba de hacer público su informe anual, en el que refleja todas las Comunicaciones con los Estados y las respuestas de éstos, y en relación con la reforma a la Ley de Seguridad Ciudadana, señala (pfo. 437):
“Con respecto al anteproyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que restringiría indebidamente libertades fundamentales como son la libertad de reunión pacífica y la libertad de opinión y expresión, el Relator agradece la explicación detallada que recibió del Gobierno y reconoce las supuestas buenas intenciones de la Ley. La ley se encuentra pendiente de aprobación en el Senado. Sin embargo, en diciembre 2014, en el momento de ser aprobado en texto por el Parlamento, diversos actores y grupos sociales denunciaron que limitaba indebidamente derechos fundamentales y libertades públicas. Además, durante el segundo Examen Periódico Universal de la ONU a España, en enero de 2015, más de veinte países expresaron su preocupación de que la Ley restringiera indebidamente las libertades de manifestación pacífica y de reunión. El Relator reitera esta preocupación de que la Ley pueda ser utilizada para limitar de manera indebida derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos que se consideran esenciales en una sociedad abierta y democrática. El 23 de febrero de 2015, el Relator junto con un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU exhortó a España a rechazar esta reforma legal que “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”.”
También muestra su preocupación por el ataque violento que sufrió la sede de SOS Racismo Madrid, organización que se dedica a la lucha contra la xenofobia. A este respecto, manifiesta su deseo de “que la investigación sobre el ataque continúe, que se identifique a los responsables y se les cite ante la justicia, y que las autoridades aseguren que los defensores de derechos humanos puedan realizar su legítimo trabajo en un entorno seguro y propicio” (pfo. 438).
