Juan E. Méndez, Relator Especial de la ONU sobre la cuestión de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes, acaba de hacer público su informe anual, que contiene las diversas comunicaciones enviadas a Gobiernos a lo largo de este año pasado.
En el caso de España, el Relator resalta el diálogo con las autoridades acerca de la última reforma en materia de justicia universal operada a través de la Orgánica 1/2014 del 13 de marzo de 2014. A este respecto, tras recibir la respuesta del Gobierno español, concluye el Relator (la negrita es nuestra):
“483. España ha sido reconocido por sentar precedente en la comunidad internacional al combatir, juzgar y sancionar crímenes internacionales y violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluyendo actos de tortura y desaparición forzada o involuntarias cometidos en otros países bajo la utilización del principio de jurisdicción universal. La nueva ley restringiría la aplicación del principio de jurisdicción universal por los tribunales españoles de investigar y enjuiciar graves crímenes de derecho internacional. El Relator Especial se encuentra particularmente preocupado por la disposición transitoria que establece que la ley tendría efecto retroactivo, aplicándose a todas las investigaciones actualmente en curso. A raíz de ello todos los procesados quedarías sobreseídos. El Relator hace referencia al tercer postulado de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura que afirma ¨la judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley¨.
484. El Relator Especial sostiene que, bajo esta nueva disposición, el gobierno de España incumple con su obligación de actuar de manera diligente respecto de la prevención, investigación o procesamiento de actos de tortura y malos tratos derivando así en la responsabilidad internacional del Estado. El Relator Especial afirma que esta reforma traerá consigo la impunidad por la falta de investigación, procesamiento y sanción a los responsables así como la ausencia del derecho a la verdad de toda la sociedad. El Relator Especial reitera su llamamiento al Gobierno a asegurar la investigación, procesamiento y eventual condena de los responsables de las violaciones del art. 1 de la CAT acontecidas en otros países, por presuntos autores que no son nacionales y contra víctimas también extranjeras.”
