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¿Qué sabemos del operativo policial contra bandas juveniles en Madrid?

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La operación policial para hacer frente a las bandas se enmarca en un contexto de discursos mediáticos y políticos que han señalado a las comunidades migrantes y latinoamericanas como responsables de la violencia juvenil.

El jueves 10 de febrero, como consecuencia de la muerte de dos jóvenes (Diego, de 25 años y Jaime, de 15 años) y varios heridos debido a enfrentamientos callejeros entre bandas juveniles, Mercedes González, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid compareció frente a los medios para anunciar el Plan de actuación contra bandas juveniles violentas, un operativo conjunto entre agentes municipales y más de 500 policías nacionales en 11 distritos de la capital, además del municipio de Parla; apoyados por más de 800 guardias civiles centrados en Arganda, Las Rozas, Humanes, Torrelodones, Valdemoro, Galapagar, Ciempozuelos, Paracuellos y Collado Villalba.

La primera intervención del Ministro del Interior sobre el operativo conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) bajo su mando se producía días después, en la rueda de prensa del 14 de febrero, tras reunirse con responsables de Formación de la Policía Nacional para analizar los procesos de selección de los agentes. El titular de Interior anunció que tras el primer fin de semana del operativo sumaban más de 3.000 identificaciones y 37 detenciones, si bien especificó que no todas tenían que ver con bandas.

Según fuentes policiales, para esa fecha el cuerpo de Policía Nacional había identificado a 2.390 personas, detenido a 28 y levantado 105 actas por vulneración de la Ley de Seguridad Ciudadana. Tras el segundo fin de semana, el balance se colocaba en 6.951 identificaciones, 48 detenciones y 266 actas. El 1 de marzo, Policía Nacional hacía un nuevo balance a través de su perfil oficial en la red social Twitter en el que presumía de 11.725 identificaciones realizadas y 120 las personas detenidas hasta entonces.

El fin de semana del 12 al 13 de marzo, cumplido un mes desde el inicio del operativo, la Delegada del Gobierno en Madrid anunció la finalización de un operativo que se saldaba con un total de 18.087 personas identificadas, 171 personas detenidas y 1.076 actas levantadas.

Lejos de la valoración realizada por la Delegación del Gobierno a mediados del operativo en la que señaló los resultados como “muy buenos”, si nos atenemos únicamente a la efectividad en términos policiales, difícilmente podemos estar de acuerdo cuando el número de detenciones roza el 1% (0,94%), un 5,9% si se tiene en cuenta las actas por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El Plan de actuación contra bandas juveniles violentas ha supuesto decenas de detenciones y la apertura de más de un millar de actas por vulneración de la ley (posesión de estupefacientes, incautación de armas, etc.). Sin embargo, en ningún momento se hace balance del coste social de los controles. Este operativo se enmarca en un contexto de discurso mediáticos y políticos que han señalado a las comunidades migrantes y latinoamericanas como responsables de la violencia juvenil. Esta asociación estigmatizante se ha visto reflejada en la referencia a estas bandas como “latinas”.

Un contexto de criminalización y discriminación racial

Han sido varios los medios de comunicación que han establecido esta asociación. Europa Press, recogía esta denominación (y sin entrecomillar) expuesta por la formación política de ultraderecha (Vox) que encuentra en estos sucesos el caldo de cultivo para incidir en un mensaje racista, al asociar la inmigración con el crimen y señalar a las personas migrantes como criminales.

El hecho de que este operativo policial se haya desarrollado en un contexto que vincula la criminalidad con la condición racial y el origen nacional resulta preocupante, dadas las continuas denuncias de colectivos antirracistas y organizaciones sociales por los derechos fundamentales ante los sesgos raciales en las identificaciones policiales.

Hace unos meses, el presidente del Consejo Para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) denunciaba en redes sociales cómo, tras preguntar a varios agentes el motivo por el que identificaban solo a personas negras durante un dispositivo policial en Lavapiés, el responsable había contestado que se debía a que “las personas de color cometen más delitos”.

Los datos que se manejan sobre la forma en la que se realizan los controles policiales en Europa y España muestran que las personas que no son blancas son más identificadas a pesar de la ausencia de indicios que los justifiquen.

Hace exactamente un año, la organización Rights International Spain (RIS) envió una carta al Ministerio del Interior, firmada por más de 100 organizaciones, en la que se instaba a adoptar medidas para erradicar el racismo en las FCSE, en línea con la Comisión de Igualdad de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) que en 2020 hizo un llamado a los Estados miembros para actuar contra el uso de perfiles raciales prohibiéndolos de forma clara y explícita por ley e introduciendo formularios de parada que arrojen luz sobre esta práctica policial.

El Relator Especial de la ONU sobre racismo señaló estos formularios como herramientas para recopilar datos policiales, incluidas estadísticas desglosadas por etnia y raza, esenciales para demostrar la existencia y el alcance de la discriminación e identificar “prácticas policiales que centran una atención desproporcionada e injustificada en determinados grupos raciales basándose en estereotipos que asocian etnia y raza con el crimen”.

Fue el propio Defensor del Pueblo quien recomendó en 2013 el uso de estos formularios para acabar con la perfilación racial en la actuación policial, pidiendo que se hicieran extensivos a todos los cuerpos. Recomendación desoída a pesar del compromiso manifestado por la Dirección General de la Policía en 2016.

En base a esto, finalizado el operativo, RIS solicitó a través del portal de Transparencia de la Administración General del Estado información sobre el Plan de actuación contra bandas juveniles violentas. Al tiempo que se enviaba una comunicación a la Oficina del Defensor del Pueblo poniendo a su disposición esta información por si considerase oportuno actuar en el marco de sus competencias, solicitar información adicional o realizar consultas a las instituciones y autoridades pertinentes.

Es fundamental conocer las motivaciones e indicios que han regido la actuación policial a la hora de realizar las identificaciones por parte de los diferentes cuerpos policiales implicados en el dispositivo, así como conocer el número total de identificaciones desglosados según el origen nacional de las personas identificadas. Todo ello mientras las administraciones del Estado se nieguen a recoger datos desagregados por raza y etnia, lo que impide cuantificar el nivel de discriminación racial señalado y permite, entre otros, que se pueda decir que en España no hay racismo. Básicamente, porque son las propias instituciones que lo ejercen las que lo esconden.

Este artículo fue originalmente publicado en el diario El Salto

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