El 15 de octubre tuvo lugar la primera comparecencia de Catalá ante la Comisión de Justicia del Congreso después de su nombramiento como Ministro de Justicia tras la dimisión de Gallardón.

En ella anunció que se impulsaría una nueva reforma, parcial, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El ministro no fue muy preciso sobre esta reforma, pero sí prometió que se abordaría la reforma de la segunda instancia penal (asignatura pendiente, que de hecho ha motivado una condena del Comité de Derechos Humanos de la ONU), que se establecería un plazo máximo para la instrucción para evitar dilaciones indebidas, que se modificaría la denominación del “imputado” por el estigma social de esta palabra entre el público general, y que mejoraría la regulación de la intervención de las comunicaciones dadas las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No precisó, en cambio, si se introducirían otras reformas que también han recomendado organismos internacionales y motivado condenas del TEDH, como abolir la detención incomunicada.

El 5 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Agilización de la Justicia Penal, el Fortalecimiento de las Garantías Procesales y la Regulación de las Medidas de Investigación Tecnológicas elaborado por el Ministerio de Justicia.

Dicho Anteproyecto no sólo mantiene el régimen de incomunicación, sino que no se incorporan las necesarias salvaguardias para prevenir la práctica de la tortura y otros malos tratos en los centros de detención y custodia policial. Además, el régimen de detención incomunicada que ahora se propone restringe también derechos de nuevo reconocimiento (previstos en Directivas UE sobre garantías procesales). Otro de los elementos preocupantes de la reforma es la posibilidad de que el Ministro del Interior o el Secretario de Estado ordene la intervención de las comunicaciones de una persona sin que medie autorización judicial.