Los próximos 6 y 7 de julio tendrá lugar en Ginebra el examen a España por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano encargado de velar por la correcta aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El año pasado desde RIS ya contribuimos a la elaboración del listado de cuestiones sobre las que se versará el examen del mes que viene y, de hecho, el listado que fue finalmente aprobado recogió en buena medida las preocupaciones que apuntamos desde la organización. El informe que presentamos ahora tiene como objetivo complementar todo aquello que el Gobierno español ha silenciado en sus respuestas al mencionado listado del Comité. Resumimos a continuación algunos de los temas abordados por nuestro informe.
Falta de un verdadero compromiso con los derechos humanos
Hemos denunciado que el Gobierno no haya aprobado un Segundo Plan de Derechos Humanos y que tampoco se haya puesto en marcha una de las medidas a las que se comprometió España en la primera edición de dicho Plan: la aprobación de un mecanismo que garantice la correcta implementación de los Dictámenes emitidos por los Comités de la ONU en casos individuales. En este sentido se denuncia, además, que el Estado español no haya cumplido debidamente casi ninguno de los dictámenes emitidos por éste y otros comités en los últimos años.
Lagunas en la lucha contra la discriminación racial o étnica
En nuestro informe denunciamos que no exista un verdadero organismo independiente, con competencias para investigar, sancionar o litigar en casos de discriminación racial o étnica; cuando ésta medida es esencial para prevenir y luchar contra la discriminación. También insistimos en que persisten las prácticas policiales discriminatorias consistentes en usar el perfil étnico a la hora de proceder a identificar o cachear a las personas, pese a que las autoridades aseguren que no es así. En este sentido, lamentamos que no se haya aprovechado la tramitación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para adoptar medidas que han demostrado ser eficaces para prevenir estas prácticas discriminatorias y que de hecho han sido recomendadas por muchos organismos internacionales y la Defensora del Pueblo. También denunciamos el hostigamiento, por medio de sanciones e imputaciones penales, que sufren activistas que se dedican a monitorear la labor de la policía y documentar las prácticas discriminatorias.
Deudas en la lucha contra la tortura
También ponemos de relieve las deudas (muchas de ellas, históricas) de España en materia de lucha contra la tortura y los malos tratos, haciéndonos eco además de las recientes observaciones finales sobre España del Comité contra la Tortura. En este ámbito, hemos hecho saber al Comité que persiste la práctica de la detención incomunicada, que el delito de tortura sigue sin adecuarse a los estándares internacionales, que no se han adoptado medidas para prevenir abusos policiales (tales como formación específica o la creación de un mecanismo independiente de supervisión de las actividades policiales), así como la impunidad de los agentes por falta de investigaciones efectivas y que, los pocos agentes que son condenados, en un número no desdeñable de casos, son objeto de indulto. También se denuncia el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y que siga sin prohibirse el uso de armas táser, pese a las consecuencias fatales que han demostrado tener estas armas.
Trabas en el disfrute de derechos sexuales y reproductivos
En materia de aborto denunciamos que, si bien finalmente se retiró el anteproyecto de ley impulsado por el ex Ministro Gallardón, la reforma propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, actualmente en tramitación, pondrá en peligro a aquellas jóvenes menores de 18 años y mayores de 16 que quieran abortar sin permiso paterno, incluso en aquellos casos en los que, según la legislación vigente se permite interrumpir el embarazo de la menor sin informar a los padres o tutores, como los casos de violencia familiar.
Justicia transicional: nada se ha avanzado desde el último informe sobre España
Le hemos hecho saber al Comité que nada se ha hecho para implementar las medidas que, según sus últimas observaciones finales sobre España de 2008, serían necesarias para que España diese cumplimiento a sus obligaciones internacionales con las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo. Sigue sin hacerse esfuerzo alguno para investigar el paradero de las personas desaparecidas o para juzgar y sancionar estos hechos y, como bien dijo el Comité, ni la Ley de Amnistía ni la supuesta prescripción de estos delitos (pues son imprescriptibles) son excusa para que España no cumpla con sus obligaciones.
Violaciones de los derechos de las personas migrantes
En este ámbito traemos a colación, en primer lugar, las vulneraciones de derechos humanos y el uso indebido de la fuerza en el control fronterizo, haciéndonos eco de los casos documentados en Ceuta y Melilla. En este ámbito también hacemos saber al Comité que se haya “legalizado” (aunque sea imposible legalizar lo que es ilegal) la práctica de las devoluciones sumarias, poniendo en peligro de este modo muchos de los derechos de los que son titulares las personas migrantes, con independencia de su estatus administrativo. Por otro lado, también denunciamos los casos de malos tratos por parte de los agentes encargados de custodiar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y las malas condiciones de estos centros, causantes de hecho del fallecimiento de distintas personas internas. En este sentido, animamos al Comité a instar a España no sólo a poner fin a las violaciones de los derechos humanos que se comenten en el interior de los CIE, sino a dar un paso más y erradicar la práctica del internamiento preventivo de migrantes para el aseguramiento de su expulsión tal y como han recomendado varios mecanismos de la ONU.
Atropello a nuestros derechos y libertades con la excusa de la lucha contra el terrorismo
Le hemos hecho saber al Comité que muchas de las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo podrían poner en peligro los derechos humanos de las personas. La reforma al Código Penal pactada por el Gobierno con el principal partido de la oposición introduce nuevos tipos delictivos que, por su vaguedad e imprecisión, podrían dar lugar a una aplicación arbitraria de la ley penal y a criminalizar el mero ejercicio de la libertad de expresión y de información a partir de la entrada en vigor de la reforma el próximo 1 de julio. También llamamos la atención sobre dos medidas recientes del Gobierno que podrían conllevar una injerencia indebida en nuestros derechos, como el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional o el Plan Estratégico contra la Radicalización Violenta.
La privacidad, en peligro con algunas de las medidas del Gobierno
En cuanto al derecho a la vida privada de las personas, ponemos en conocimiento del Comité dos medidas que nos preocupan especialmente: la pretendida introducción, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de las “grabaciones de las comunicaciones orales” (lo que permitirá que un juez decrete que se graben imágenes en el domicilio de una persona investigada –incluso por delitos de poca entidad-, lo que invadirá no sólo su privacidad, sino también de todas las personas que convivan con ella) y el anuncio de la creación de un sistema informático para establecer “perfiles de sospechosos” de terrorismo, con capacidad de analizar correos electrónicos, registros de llamadas y hasta notas clínicas.
Trabas en el acceso a la justicia
Hemos hecho saber al Comité que, si bien una reciente reforma a la Ley de Tasas de 2012, exime a las personas físicas del pago de las tasas judiciales, éstas siguen aplicándose a todo tipo de personas jurídicas, lo que provoca situaciones injustas; pequeñas y medianas empresas o hasta determinadas asociaciones u ONGs tienen que pagar exactamente las mismas tasas que grandes empresas, como entidades bancarias o aseguradoras. También denunciamos que, de aprobarse la reforma a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, menos personas podrán beneficiarse del derecho a un abogado de oficio. Asimismo, ponemos el acento en la falta de recursos destinados a la Justicia, lo que por un lado provoca grandes retrasos en los procedimientos y por el otro debilita la independencia judicial, y subrayamos que la reorganización estructural y la modernización de la justicia requieren de medidas globales, exhaustivas y bien planificadas así como de recursos adecuados y suficientes.
Leyes Mordaza
Finalmente, también denunciamos la criminalización de la protesta pacífica (y por tanto, del ejercicio de las libertades de expresión, información y reunión) que se deriva de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y de las reformas al Código Penal que entrarán en vigor todas ellas el próximo 1 de julio. Además de introducir restricciones desproporcionadas e injustificadas a derechos y libertades fundamentales, estas leyes vienen motivadas por el incremento de manifestaciones y de otros tipos de protesta que ha habido en los últimos años, precisamente en respuesta de los recortes a nuestros derechos impulsados por el Gobierno.
