La semana pasada el Ministro del Interior en funciones pidió al Consejo General del Poder Judicial que tomase “algún tipo de medida” contra el Magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada después de que este manifestara, en una mesa redonda, que “la tortura se ha producido de manera clara” y que había tenido “muchos casos de sospecha fuerte”.
En Rights International Spain consideramos que estas declaraciones están amparadas por la libertad de expresión del Magistrado y no son constitutivas de ilícito alguno. Nos preocupa particularmente la reacción del Ministro, puesto que no sólo ahonda en el tabú que existe en España en torno a la tortura, sino que también constituye un nuevo caso de ataque ilegítimo del ejecutivo a la independencia judicial y a la separación de poderes. Por este motivo, hemos elevado una queja ante varios relatores especiales de la ONU.
El Juez de Prada no es el primero en afirmar que en España existen casos de tortura y que no existen mecanismos eficaces para prevenir, investigar y reparar esos casos. Son de este mismo criterio numerosos organismos internacionales y europeos de protección de los derechos humanos. Desde las Naciones Unidas se han pronunciado en este sentido el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la Cuestión de la Tortura, el Relator Especial sobre la Promoción de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Por parte del Consejo de Europa también respaldan esta opinión el Comité Europeo de Prevención de la Tortura y el propio Comisario de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en varias ocasiones por no investigar debidamente las denuncias de tortura, llegando a afirmar que el propio supone, per sé, una vulneración de la prohibición de la tortura establecida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En el Estado español existen casos de tortura a los que no se ha dado debida respuesta; muchas cosas deberían cambiar para cumplir plenamente con los estándares de derechos humanos en esta materia (en nuestro informe sombra al Comité contra la Tortura para el último examen de España dimos buena cuenta de los déficits; y el propio Comité hizo suyas muchas de nuestras preocupaciones). Lo que está claro es que para avanzar en la lucha contra esta lacra es necesario partir de una auténtica voluntad política de reforma; las declaraciones del Ministro del Interior en funciones son indicativas de todo lo contrario.
Estas declaraciones suponen además una nueva injerencia del poder ejecutivo en la independencia judicial. Como ya dijimos en una de nuestras comunicaciones (conjunta con asociaciones de jueces) a la Relatora Especial sobre Independencia Judicial de la ONU, este tipo de descalificaciones realizadas por miembros del Gobierno contra jueces y magistrados constituyen un ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes, mermando uno de los elementos más importantes del Estado de Derecho. Esta voluntad de entrometerse indebidamente en la administración de la justicia se hace aún más patente en esta ocasión, pues se llega a sugerir al Consejo General del Poder Judicial, que debe ser independiente, a quién debe expedientar.
Cuando desde el ejecutivo se realiza un ataque a la separación de poderes, nuestros derechos y libertades corren peligro; necesitamos jueces y tribunales independientes que velen por la protección y el respeto de los derechos humanos.
