{"id":10240,"date":"2020-04-20T10:08:00","date_gmt":"2020-04-20T10:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/?p=10240"},"modified":"2022-05-25T10:09:14","modified_gmt":"2022-05-25T10:09:14","slug":"las-libertades-en-tiempos-de-excepcionalidad-pandemica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/en\/las-libertades-en-tiempos-de-excepcionalidad-pandemica\/","title":{"rendered":"Las libertades en tiempos de excepcionalidad pand\u00e9mica"},"content":{"rendered":"

La enorme conmoci\u00f3n causada por el coronavirus tambi\u00e9n debe llevarnos a valorar su impacto en nuestro sistema de garant\u00edas, derechos y libertades<\/strong>.<\/p>\n

La irrupci\u00f3n de una pandemia<\/strong> implica necesariamente consecuencias<\/strong> de car\u00e1cter sanitario, econ\u00f3mico y social<\/strong>. Adem\u00e1s, la enorme conmoci\u00f3n causada por el coronavirus tambi\u00e9n debe llevarnos a valorar su impacto en nuestro sistema de garant\u00edas, derechos y libertades<\/strong>. De hecho, se trata de una prueba relevante sobre la solidez de nuestras instituciones, los mecanismos de control del poder y los posibles excesos en las actuaciones estatales.<\/p>\n

El marco jur\u00eddico principal de actuaci\u00f3n suscita dudas razonables<\/strong>. El contenido del decreto <\/strong>que regula el estado de alarma impone un confinamiento domiciliario<\/strong> que ha generado restricciones muy relevantes del derecho fundamental a la libre circulaci\u00f3n<\/strong>. Y han sido numerosos los juristas que han cuestionado su adecuaci\u00f3n al art\u00edculo 11 de la Ley Org\u00e1nica 4\/1981. El debate se ha centrado en si esta regulaci\u00f3n del estado de alarma encaja en la idea de libertad con l\u00edmites<\/strong> (de acuerdo con la ley org\u00e1nica) o m\u00e1s bien supone un confinamiento con excepciones<\/strong> (contrario a la regulaci\u00f3n legal, como sostienen los juristas m\u00e1s cr\u00edticos con el decreto). No podemos olvidar que la naturaleza de las disposiciones del estado de alarma imposibilita de facto el ejercicio del derecho fundamental de reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Los juristas disconformes con la regulaci\u00f3n del estado de alarma alegan que la limitaci\u00f3n de derechos fundamentales que provoca solo ser\u00eda compatible con la declaraci\u00f3n del estado de excepci\u00f3n<\/strong>. Se trata de una opini\u00f3n muy discutible, porque en ese caso el remedio podr\u00eda ser bastante peor que la enfermedad. El estado de excepci\u00f3n est\u00e1 previsto para supuestos de grave alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico<\/strong> y permitir\u00eda al gobierno suspensiones de los derechos fundamentales de enorme entidad. No se aprecia ese encaje legal del estado de excepci\u00f3n en la presente emergencia sanitaria, pues otorgar\u00eda al poder ejecutivo atribuciones desorbitadas en relaci\u00f3n con la realidad de esta pandemia, sin habilitaci\u00f3n legal para ello, lo cual supondr\u00eda una manifiesta inconstitucionalidad<\/strong>. En cambio, la ley org\u00e1nica s\u00ed contiene una previsi\u00f3n expresa del estado de alarma para las situaciones vinculadas a epidemias. En consecuencia, la conclusi\u00f3n ser\u00eda que la legislaci\u00f3n vigente hace viable la declaraci\u00f3n del estado de alarma en el presente caso, pero no ha delimitado con precisi\u00f3n todas las situaciones posibles que afectan a la libertad de circulaci\u00f3n<\/strong> en una situaci\u00f3n de epidemia, probablemente por falta de precedentes inmediatos.<\/p>\n

Ante las citadas dudas de delimitaci\u00f3n, habr\u00e1 de ponderarse si el contenido de la declaraci\u00f3n de estado de alarma se ajusta esencialmente a la legislaci\u00f3n y a la emergencia sanitaria existente. La pregunta obligatoria ser\u00e1 si las medidas<\/strong> acordadas son las m\u00e1s adecuadas para la ciudadan\u00eda, desde una perspectiva de protecci\u00f3n de la salud p\u00fablica. En l\u00edneas generales, la respuesta es que apenas se han planteado alternativas sanitarias<\/strong> al confinamiento decretado. Las medidas est\u00e1n respaldadas por abundantes dict\u00e1menes cient\u00edficos y apoyadas por la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud<\/strong>. Son similares a las decididas por otros pa\u00edses en la misma situaci\u00f3n. Por ello, las dudas existentes pueden resolverse en el sentido de que lo acordado cumple esencialmente los criterios de justificaci\u00f3n, necesidad y proporcionalidad<\/strong>. Considerar que la plena libertad de circulaci\u00f3n resulta preferente colisionar\u00eda con el derecho a la integridad f\u00edsica <\/strong>y con el derecho a la vida de otras personas<\/strong>, por lo que las medidas del estado de alarma contar\u00edan con suficiente cobertura legal y constitucional<\/strong>. En todo caso, nos encontramos ante un supuesto dudoso, controvertido jur\u00eddicamente, lo cual habr\u00eda de conllevar cierta mesura en la ejecuci\u00f3n estatal de las medidas del estado de alarma.<\/p>\n

La escenograf\u00eda oficial adoptada no ha ido en la direcci\u00f3n m\u00e1s apropiada para favorecer esa aconsejable contenci\u00f3n. La presencia en las comparecencias ministeriales de altos cargos policiales y militares, con declaraciones a veces poco afortunadas, estimula la percepci\u00f3n de un marco general de primar el orden p\u00fablico a toda costa<\/strong>, por encima de las libertades. Lo mismo ocurre con las met\u00e1foras b\u00e9licas, las apelaciones a la militarizaci\u00f3n c\u00edvica o la activa presencia de tropas en las ciudades.<\/p>\n

Este tono gubernamental militarizado se ha acompa\u00f1ado con planteamientos de defensa de una verdad oficial \u00fanica y con insuficiencias informativas. La suspensi\u00f3n del portal de transparencia<\/strong> ha acentuado esas carencias. M\u00e1s inquietantes a\u00fan son los avisos sobre monitorizar policialmente las redes sociales, para convertir en delitos de odio lo que a menudo no son m\u00e1s que duras cr\u00edticas pol\u00edticas. Sin duda, el derecho a difundir informaci\u00f3n veraz <\/strong>no incluye la difusi\u00f3n de bulos t\u00f3xicos<\/strong>, pero no es el poder ejecutivo quien debe decidir sobre la propagaci\u00f3n de contenidos. Su funci\u00f3n consiste en incrementar los flujos de informaci\u00f3n.<\/p>\n

Por otro lado, durante las \u00faltimas semanas han circulado bastantes grabaciones que evidencian un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza policial<\/strong> contra personas que se encontraban en la v\u00eda p\u00fablica. Y esto ha sucedido en el citado contexto de sobredimensi\u00f3n de la protecci\u00f3n del orden p\u00fablico, lo cual explica que esas intervenciones inadecuadas de las fuerzas de seguridad hayan sido respaldadas peligrosamente por parte de la ciudadan\u00eda. Se trata de excesos policiales minoritarios, pero deber\u00edan haber sido desautorizados por los responsables pol\u00edticos, porque en determinadas situaciones puede parecer que quien calla tambi\u00e9n otorga.<\/p>\n

En este mismo contexto, el Ministerio del Interior<\/strong> ha cursado instrucciones a las fuerzas de seguridad para que formulen denuncias por el quebrantamiento<\/strong> de las medidas de confinamiento. Estas prescripciones incluyen que se acuerde una propuesta de sanci\u00f3n por desobediencia leve<\/strong> por la mera inobservancia de la cuarentena, aunque los agentes no hayan dirigido una orden previa a la persona afectada. Dicha interpretaci\u00f3n extensiva no parece encajar en lo dispuesto en el art\u00edculo 36-6 de la Ley de Seguridad Ciudadana<\/strong>. De hecho, resulta abiertamente contradictoria con una instrucci\u00f3n precedente del propio Ministerio del Interior, emitida antes del estado de alarma. Cabe a\u00f1adir que dicha infracci\u00f3n administrativa procede de la despenalizaci\u00f3n de la falta de desobediencia leve; y la jurisprudencia<\/strong> hab\u00eda determinado para su concurrencia (al igual que con la desobediencia grave) el requerimiento previo del agente. No puede sorprender que la Abogac\u00eda del Estado<\/strong> haya formulado objeciones jur\u00eddicas bastante s\u00f3lidas a esta interpretaci\u00f3n del Ministerio del Interior. La afectaci\u00f3n a las libertades puede valorarse con el dato nada insustancial de que los agentes han impuesto hasta ahora m\u00e1s de 600.000 propuestas de sanci\u00f3n, adem\u00e1s de practicar bastantes detenciones (dif\u00edcilmente justificables ante la inexistencia de delito).<\/p>\n

Otra extralimitaci\u00f3n policial llamativa es la que se refiere a la imposici\u00f3n de los productos de la cesta de la compra, con listas curiosas en las que se considera que el helado es un alimento b\u00e1sico, pero no el chocolate. Tambi\u00e9n han resultado extra\u00f1as otras prohibiciones policiales, como la de estar en azoteas o espacios comunes de los edificios, a pesar de no estar regulada esa restricci\u00f3n en el decreto. Estas decisiones y otras semejantes nos muestran los elevados riesgos de aprobar normas de textura muy abierta y poco definida. El resultado es que las fuerzas de seguridad pueden acabar convirti\u00e9ndose en poder legislativo de hecho, con todas las grietas que ello supone para la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n

En este mismo ambiente de liquidez de algunos derechos se han producido varias resoluciones judiciales<\/strong> que acuerdan la condena por delito de desobediencia grave sin requerimiento previo del agente (a pesar de la jurisprudencia indicada). Tambi\u00e9n se ha acordado el destierro de un investigado<\/strong> por un hipot\u00e9tico delito de odio consistente en difundir un v\u00eddeo en el que afirmaba que iba a contagiar a la gente de una poblaci\u00f3n (a pesar de la vinculaci\u00f3n de la referida infracci\u00f3n penal con determinados colectivos vulnerables).<\/p>\n

El cat\u00e1logo de actuaciones dudosas se puede completar con anuncios de posibles confinamientos de personas contagiadas en hoteles o pabellones deportivos, incluso contra su voluntad (sin especificarse claramente la intervenci\u00f3n judicial en estos asuntos). Y sin olvidar la adopci\u00f3n de determinadas medidas de geolocalizaci\u00f3n<\/strong> de ciudadanos con fines de protecci\u00f3n de la salud p\u00fablica; aunque actualmente se practican con el tratamiento anonimizado de sus datos, existe un riesgo relevante de uso posterior de los mismos de manera contraria al derecho fundamental a la intimidad, por lo que resulta necesaria una vigilancia especial de este tipo de iniciativas.<\/p>\n

Todo ello representa un impacto en las libertades<\/strong> de cierta entidad. No podemos compartir las admoniciones apocal\u00edpticas de que est\u00e1 en riesgo el sistema democr\u00e1tico o el Estado de Derecho<\/strong>. Pero tampoco debemos minusvalorar los retrocesos en materia de derechos que se est\u00e1n manifestando, sobre todo porque la situaci\u00f3n de emergencia puede prolongarse. Menos a\u00fan se puede ignorar que a menudo las regresiones tienen tendencia a consolidarse. No son aceptables las justificaciones de que nos encontramos en situaci\u00f3n de excepcionalidad. Los derechos se constituyen especialmente para limitar al poder en situaciones de excepcionalidad.<\/strong> En circunstancias ordinarias hay menos incentivos para los excesos estatales. Hay que seguir insistiendo en que resulta absolutamente posible la actuaci\u00f3n contra la pandemia desde el m\u00e1ximo respeto<\/strong> a nuestro sistema de garant\u00edas, derechos y libertades.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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