{"id":11268,"date":"2015-06-13T14:49:00","date_gmt":"2015-06-13T14:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/?p=11268"},"modified":"2022-06-15T14:51:19","modified_gmt":"2022-06-15T14:51:19","slug":"de-la-sentencia-del-supremo-en-el-caso-tibet-al-cierre-del-caso-couso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/en\/de-la-sentencia-del-supremo-en-el-caso-tibet-al-cierre-del-caso-couso\/","title":{"rendered":"De la sentencia del Supremo en el caso T\u00edbet al cierre del caso Couso"},"content":{"rendered":"
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El punto de arranque hasta llegar a este desolador panorama hay que situarlo en la Ley Org\u00e1nica 1\/2014<\/a>, con la que el legislador pretendi\u00f3 dinamitar el principio de Jurisdicci\u00f3n Universal en nuestro ordenamiento<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

Hace unos d\u00edas se hizo p\u00fablica la sentencia del Tribunal Supremo en el conocido como caso T\u00edbet<\/a>, en la que se afirm\u00f3 una suerte de doctrina cuyas consecuencias van mucho m\u00e1s all\u00e1 del caso concreto. De hecho, y por si alguien pudiera tener duda, el mismo Tribunal Supremo (TS) se\u00f1al\u00f3 que lo que manten\u00eda para ese caso concreto deb\u00eda aplicarse a \u201cotros supuestos similares\u201d. Y precisamente eso es lo que ha ocurrido con el Auto del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n 1 de la Audiencia Nacional del pasado d\u00eda 9<\/a>, en el que el Juez Pedraz se ha visto obligado a dar por cerrada la investigaci\u00f3n por la muerte de Jos\u00e9 Couso.<\/p>\n

No es tarea sencilla condensar las m\u00e1s de cien p\u00e1ginas de esta sentencia del TS, tampoco traducir sus vueltas y revueltas jur\u00eddicas. Valga, eso s\u00ed, adelantar una consecuencia pr\u00e1ctica general: los responsables de cr\u00edmenes como el genocidio, los cr\u00edmenes contra la humanidad o de guerra pueden estar tranquilos, tambi\u00e9n si sus v\u00edctimas son espa\u00f1olas, porque nuestros tribunales no van a poder hacer nada de nada contra ellos mientras se mantengan fuera de nuestras fronteras. En menos palabras: una garant\u00eda bastante amplia de impunidad para los criminales y de desamparo para sus v\u00edctimas.<\/p>\n

Como es sabido, el punto de arranque hasta llegar a este desolador panorama hay que situarlo en la Ley Org\u00e1nica 1\/2014<\/a>, con la que el legislador pretendi\u00f3 dinamitar el principio de Jurisdicci\u00f3n Universal en nuestro ordenamiento. El motivo es tambi\u00e9n conocido: lograr que se archivasen distintos procedimientos judiciales que incomodaban a algunas de nuestras autoridades. De este modo, y en resumen, se intent\u00f3 imponer que los tribunales espa\u00f1oles s\u00f3lo podr\u00edan perseguir los m\u00e1s graves cr\u00edmenes internacionales si su autor era espa\u00f1ol, o resid\u00eda habitualmente en Espa\u00f1a, o estando en nuestro pa\u00eds, otro Estado ped\u00eda su extradici\u00f3n y nosotros no la conced\u00edamos. Punto final.<\/p>\n

En realidad, me corrijo, exist\u00eda a\u00fan un escollo para ratificar semejante cosa: una  serie de normas internacionales aceptadas por Espa\u00f1a, cuyo contenido parec\u00eda hacer imposible lo que el legislador deseaba. En ellas se sostuvo, de hecho, el mismo Juez Pedraz para reci\u00e9n aprobada la Ley Org\u00e1nica 1\/2014, en su Auto de 17 de marzo<\/a>, afirmar que aquella restrictiva ley no pod\u00eda ser de aplicaci\u00f3n ante cr\u00edmenes de guerra, acordando as\u00ed continuar con el caso Couso. El motivo principal es que la normativa (internacional pero tambi\u00e9n espa\u00f1ola) al respecto dispone literalmente que: Espa\u00f1a \u201ctendr\u00e1 la obligaci\u00f3n de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, [\u201dcr\u00edmenes de guerra\u201c], y deber\u00e1 hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad\u201d (art\u00edculo 49 del primer Convenio de Ginebra, 50 del Segundo, 129 del Tercero y 146 del Cuarto \u2013en BOE desde 1952).<\/p>\n

A partir de aqu\u00ed, mantener que el legislador pudiera modificar estas disposiciones con la Ley Org\u00e1nica 1\/2014, exigiendo sin m\u00e1s que ahora ya s\u00f3lo podr\u00eda abrirse un proceso si el criminal de guerra era espa\u00f1ol, etc., supondr\u00eda hacer saltar por los aires distintos principios b\u00e1sicos del Derecho, as\u00ed como lo que expresamente se\u00f1ala nuestra Constituci\u00f3n (art\u00edculo 96) y es pac\u00edfico para todos nuestros tribunales. En consecuencia, el punto final  vino por otro lado. Transformando lo reproducido en un interrogante, digamos que la (auto)pregunta ser\u00eda o fue algo como: Pero, \u00bfcu\u00e1ndo tendr\u00e1 Espa\u00f1a esa obligaci\u00f3n de buscar a los criminales de guerra? \u00bfDesde que tenga evidencias de ese crimen, en tanto que es un crimen internacional que por definici\u00f3n atenta contra la Comunidad Internacional en su conjunto, Espa\u00f1a incluida? O, \u00bfquiz\u00e1 s\u00f3lo a partir de un momento o circunstancia determinada? Pues s\u00ed, esto \u00faltimo\u2026 Y es que, en s\u00edntesis, lo que mantuvo el TS es que cuando el art\u00edculo citado afirma la obligaci\u00f3n de nuestras autoridades de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, un crimen de guerra, lo que realmente est\u00e1 diciendo no es exactamente eso, sino que esto debe hacerse s\u00f3lo y exclusivamente si est\u00e1n o desde que est\u00e9n en Espa\u00f1a. \u00bfY si no lo est\u00e1n? Pues entonces no. Esto es, que nuestros tribunales nada podr\u00e1n hacer. Y cuando digo \u201cnada\u201d, me refiero exactamente a eso. Por parafrasear el mismo Auto del Juez Pedraz: \u201cAs\u00ed, ante un crimen de tal tipo cometido contra periodistas o personas espa\u00f1olas consideradas como poblaci\u00f3n civil (p.e. cooperantes), ni aun los familiares de v\u00edctimas o el Ministerio Fiscal podr\u00e1n instar la apertura de diligencias en Espa\u00f1a para al menos identificar a la v\u00edctima, solicitar la autopsia u otras diligencias urgentes o investigar c\u00f3mo acontecieron los hechos\u201d.<\/p>\n

De este modo es como se lleg\u00f3 al acto final, que por la misma sentencia del TS supuso el fin del caso T\u00edbet, y tras \u00e9l y en su virtud, el del caso Couso. La base de todo ello, en fin, es que la Ley Org\u00e1nica 1\/2014 no s\u00f3lo no vulnera ninguna obligaci\u00f3n internacional en materia de persecuci\u00f3n de cr\u00edmenes internacionales, sino que es total y plenamente acorde con todas ellas. Y ello porque aunque ninguna de estas obligaciones lo dice, lo que hay que entender es que s\u00f3lo exigen perseguir a los responsables de estos cr\u00edmenes cuando est\u00e9n en nuestro pa\u00eds; y todo esto, a\u00f1ade el TS, pese a que por \u201cla gravedad y universalidad de [estos] delitos [fuera] aconseja[ble]\u201d que sean perseguidos universalmente… Con todo, parece olvid\u00e1rsele al mismo TS que para la Ley Org\u00e1nica 1\/2014, ni siquiera esta restrictiva interpretaci\u00f3n es suficiente, pues rizando el rizo lo que exige es, en general, no ya que el presunto autor  est\u00e9 en Espa\u00f1a, sino que \u201cresida habitualmente en Espa\u00f1a\u201d, como ya vimos. Como sobre esto nada indica el TS, a la postre cabe entender que la tesis final pudiera resumirse as\u00ed: Lo que en verdad dicen los Convenios Ginebra no es lo que todos podemos leer, sino que Espa\u00f1a \u201ctendr\u00e1 la obligaci\u00f3n de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, [\u201dcr\u00edmenes de guerra\u201c], s\u00f3lo cuando est\u00e9n en Espa\u00f1a pero no de paso sino que solamente si residen habitualmente aqu\u00ed, y (entonces s\u00ed) deber\u00e1 hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad\u201d.<\/p>\n

Sin forzar tanto el cuadro para lograr el encaje de la Ley Org\u00e1nica 1\/2014, en la cuesti\u00f3n general, la posici\u00f3n defendida por el TS es ciertamente una de las que han estado presentes en el debate jur\u00eddico desde hace tiempo. En lo que nos ocupa, eso s\u00ed, la m\u00e1s restrictiva. Cabr\u00eda abrir aqu\u00ed entonces una discusi\u00f3n sobre m\u00faltiples cuestiones, empezando por las reglas de interpretaci\u00f3n de un tratado internacional. No obstante, no es \u00e9ste el momento ni el lugar para ello, pero una m\u00ednima consideraci\u00f3n al menos: En realidad, el TS s\u00ed apunta en su sentencia algunas de estas reglas interpretativas, pero omite otras y entre ellas una no menor: todo tratado internacional debe interpretarse teniendo en cuenta su objeto y fin. Lo que s\u00ed aparece, fugazmente, es alguna menci\u00f3n al objeto y fin del sistema en que descansa la persecuci\u00f3n de estos cr\u00edmenes internacionales; de hecho, afirm\u00f3 el mismo TS que \u201cla Jurisdicci\u00f3n Universal supone que los Tribunales de un Estado deben ejercer jurisdicci\u00f3n extraterritorial sobre ciertos delitos en funci\u00f3n de su naturaleza, para evitar que los responsables puedan encontrar un lugar de refugio donde alcanzar la impunidad\u201d. Estoy de acuerdo. Ahora bien, debates t\u00e9cnicos al margen, la clave es que con la interpretaci\u00f3n que ha defendido de las normas en cuesti\u00f3n, el TS a donde nos ha llevado es a lo siguiente: A partir de este momento, los responsables de cr\u00edmenes que atentan contra todos nosotros tendr\u00e1n, de hecho y de Derecho, un estupendo refugio en cualquier lugar del mundo, con tal de que no vengan a Espa\u00f1a. Perd\u00f3n, tambi\u00e9n lo tendr\u00e1n aqu\u00ed salvo que se decidan a residir habitualmente dentro de nuestras fronteras.<\/p>\n

Frente a esta realidad, ya se est\u00e1 trabajando en la redacci\u00f3n de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Confiemos entonces en que terminemos logrando que las v\u00edctimas de los m\u00e1s graves internacionales, que todos los que formamos parte de la Comunidad Internacional contra la que tambi\u00e9n atentan, finalmente logremos ser amparados por la justicia espa\u00f1ola.<\/p>\n\n\n

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