Cuando tenemos un problema de salud no hay otra que acudir al m\u00e9dico. Lo mismo sucede cuando tenemos un problema legal: no hay otra que v\u00e9rselas con los tribunales. Es decir, el ciudadano no acude a la justicia por capricho, sino porque no tiene m\u00e1s remedio que hacerlo. Nadie se ve involucrado en un proceso judicial caprichosamente. Esto, que puede parecer una obviedad, no debe serlo para nuestros gobernantes, que vienen abordando, una tras otra, reformas legales que afectan al derecho de \u201cacceso a justicia\u201d con un denominador com\u00fan: poner m\u00e1s trabas, como si la justicia fuese un producto de lujo cuyo consumo hay que gravar.<\/p>\n
Veamos a continuaci\u00f3n tres ejemplos clamorosos:<\/p>\n
1. Tasas judiciales<\/strong>. Hace m\u00e1s de un a\u00f1o entr\u00f3 en vigor la \u201cLey de Tasas\u201d<\/a> que obliga en todo tipo de asuntos (menos los penales) a \u201cpasar por caja\u201d, salvo que al ciudadano se le conceda la justicia gratuita para plantear cualquier tipo de demanda o recurso.<\/p>\n Que a usted no le paga su inquilino, o que ha hecho una instalaci\u00f3n el\u00e9ctrica y no se la pagan, o que se va a divorciar y no puede hacerlo de mutuo acuerdo, o que es un \u201cpreferentista\u201d, o que tiene que impugnar una herencia o\u2026 Tendr\u00e1 que pagar por presentar el pleito una tasa m\u00ednima entre 150 y 300 euros (como m\u00ednimo, porque va en funci\u00f3n de la cuant\u00eda del pleito; a m\u00e1s dinero en juego, m\u00e1s tasa). Por supuesto, todo ello aparte de los honorarios del abogado y\/o procurador que hay que contratar (a veces, adem\u00e1s, hay que pagar a peritos). Aunque se gane el pleito, esa tasa nunca se recuperar\u00e1 porque es para el Estado. Y ojal\u00e1 no le toque presentar un recurso, porque seg\u00fan el tipo de procedimiento y de recurso tendr\u00e1 que pagar 200, 350 u 800 euros (1.200 si hablamos de recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo). Como m\u00ednimo, pues tambi\u00e9n hay un incremento en funci\u00f3n de la cuant\u00eda que se discute en el pleito. \u00bfEs razonable que si alguien reclama una deuda de, digamos 3.000 euros, pero el juez no le da la raz\u00f3n en primera instancia, tenga que gastar 800 euros de tasa por recurrir en apelaci\u00f3n, adem\u00e1s de tener que pagar a abogado y procurador para que le tramiten el recurso? Pues no.<\/p>\n Visto el panorama es verdad que se est\u00e1 reduciendo la \u201clitigiosidad\u201d. C\u00f3mo no. Si acceder a los tribunales cada vez es m\u00e1s caro, el ciudadano de a pie se lo tendr\u00e1 que pensar muy mucho antes de \u201cpedir justicia\u201d. Por ejemplo, seg\u00fan estad\u00edsticas recientes del Consejo General del Poder Judicial en el orden administrativo (especialmente afectado por las tasas, porque ah\u00ed todo es v\u00eda recurso) se han registrado un 15,5% menos de asuntos. Aunque los ciudadanos siguen recibiendo multas de todo tipo, recurrirlas se ha convertido en un lujo. Un problema que, obviamente, no afecta a aqu\u00e9llos que disponen de mejor fortuna y pueden seguir ejercitando acciones legales sin que el pago de tasas judiciales les suponga demasiado quebranto.<\/p>\n 2. Proyecto de Ley de Justicia Gratuita<\/strong>. El Congreso de los Diputados discute ahora mismo el Proyecto de ley que present\u00f3 el Gobierno<\/a> para modificar la Ley de Justicia Gratuita y que \u00e9ste ha pretendido vender como una mejora. Falso de solemnidad. La justicia gratuita ser\u00e1 para unos pocos, para menos de los que ahora mismo pueden acceder a ella. De acuerdo, se sube un tanto (en general) el techo l\u00edmite de los ingresos por debajo del cual se puede pedir abogado de oficio, pero este nuevo escenario perjudica claramente a los ciudadanos sin familia: m\u00e1s de 3.000 euros de ingresos anuales les separan del techo se\u00f1alado para los que convivan en pareja, aun sin hijos.<\/p>\n Pero es que, adem\u00e1s, habr\u00e1 muchos que se queden sin justicia gratuita porque si se considera que el ciudadano tiene \u201cpatrimonio suficiente\u201d tambi\u00e9n se le denegar\u00e1, a pesar incluso de no llegar a estos techos m\u00e1ximos. Por ejemplo, los ciudadanos sin familia y con un m\u00ednimo de 12.780 euros de ingresos anuales brutos independientemente de cu\u00e1les sean sus gastos, y los trabajadores aut\u00f3nomos, cuya propia actividad de por s\u00ed genera gastos.<\/p>\n Esto nos parece importante. En el actual contexto de precariedad econ\u00f3mica, habr\u00e1 ciudadanos que, m\u00e1s all\u00e1 de la vivienda habitual (lo \u00fanico que no se considera \u201cpatrimonio suficiente\u201d), tengan, por ejemplo, un coche y\/o una segunda vivienda que muy probablemente est\u00e9n a\u00fan pagando. Es decir, tienen alguna propiedad, pero est\u00e1n viviendo del subsidio del desempleo o tienen un trabajo precario que no les permite la liquidez suficiente para afrontar los costos de un proceso judicial (abogados, procuradores, tasas\u2026). Pues, seg\u00fan el Proyecto del gobierno, a pesar de su insuficiencia de ingresos no podr\u00e1n disponer de justicia gratuita porque tendr\u00edan \u201cpatrimonio suficiente\u201d.<\/p>\n Tampoco parece correcto que si el criterio para conceder o no la justicia gratuita es (y debe ser) la capacidad econ\u00f3mica del ciudadano, el Proyecto de Ley se la conceda sin m\u00e1s con independencia de sus medios econ\u00f3micos a las v\u00edctimas de s\u00f3lo algunos delitos (violencia de g\u00e9nero, de trata, de terrorismo\u2026) y a algunas organizaciones (de consumidores, de personas con discapacidad, de v\u00edctimas del terrorismo, Cruz Roja\u2026). Pero, \u00bfqu\u00e9 pasa con las dem\u00e1s? O todos o ninguno. Lo l\u00f3gico ser\u00eda que el criterio fuera siempre y en todo caso, en funci\u00f3n del nivel de recursos econ\u00f3micos.<\/p>\n 3. Al gobierno no le gusta la acci\u00f3n popular<\/strong>. La acci\u00f3n popular es un mecanismo que ha marcado muchos hitos en la persecuci\u00f3n de cr\u00edmenes muy graves frente a los que muchas veces las v\u00edctimas directas no disponen de los medios o apoyos necesarios para denunciar. Ah\u00ed han estado y est\u00e1n desde hace a\u00f1os muchas ONGs y movimientos sociales<\/a> impulsando y participando en procedimientos judiciales a trav\u00e9s de la acci\u00f3n popular, un mecanismo que prev\u00e9 la propia Constituci\u00f3n de manera que cualquier ciudadano pueda ejercitarla, aunque no sea el directamente perjudicado por el delito.<\/p>\n Pero parece que al Gobierno le perturba que haya procedimientos judiciales con activa presencia de acciones populares (casos B\u00e1rcenas, Blesa, Guant\u00e1namo\u2026) en procedimientos inc\u00f3modos para la clase pol\u00edtica. Por este motivo ya han avanzado recortes. Por ejemplo, en marzo pasado se aprob\u00f3 una reforma expr\u00e9s que afectaba a la \u201cjurisdicci\u00f3n universal\u201d donde se elimina toda posibilidad de que las denuncias las presente una acci\u00f3n popular. Ahora se exige querella y que sea presentada por el fiscal o por una v\u00edctima directa.<\/p>\n Adem\u00e1s, el Gobierno prepara una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal donde aprovecha para \u201credefinir\u201d la acci\u00f3n popular para \u201cevitar abusos\u201d. En esa redefinici\u00f3n, se prev\u00e9 excluir que pueda ejercerla \u201ccualquier persona jur\u00eddica p\u00fablica o privada\u201d (es decir, las organizaciones, salvo algunas excepciones incomprensibles) y se aplica para delitos muy contados, dejando fuera, por ejemplo, grav\u00edsimos cr\u00edmenes internacionales y contra la Humanidad. Es decir, no redefinimos, sino que eliminamos la posibilidad de que iniciativas ciudadanas, ante la pasividad de la Fiscal\u00eda o ante la imposibilidad de las v\u00edctimas, persigan graves cr\u00edmenes y violaciones de derechos humanos.<\/p>\n Con ejemplos como los que acabamos de ver, \u00bfpretenden los gobernantes que los ciudadanos conf\u00eden en el sistema de justicia<\/a> cuando nos despertamos un d\u00eda s\u00ed y otro tambi\u00e9n con m\u00e1s trabas para acceder a ella?<\/p>\n\n\n