{"id":11554,"date":"2014-01-27T16:28:00","date_gmt":"2014-01-27T16:28:00","guid":{"rendered":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/?p=11554"},"modified":"2022-06-16T16:29:29","modified_gmt":"2022-06-16T16:29:29","slug":"nueva-reforma-de-la-jurisdiccion-universal-made-in-spain","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/en\/nueva-reforma-de-la-jurisdiccion-universal-made-in-spain\/","title":{"rendered":"Nueva reforma de la jurisdicci\u00f3n universal ‘made in Spain’"},"content":{"rendered":"

El pasado octubre, la Audiencia Nacional estimaba el recurso de apelaci\u00f3n presentado por los querellantes en el asunto T\u00edbet,<\/a> y as\u00ed ordenaba tener por ampliada la querella por supuesto delito de genocidio respecto de Hu Jintao, expresidente de la Rep\u00fablica Popular China.<\/p>\n

En noviembre, la Audiencia resolv\u00eda librar comisi\u00f3n rogatoria a las autoridades chinas con el fin de notificar la querella a Hu Jintao. Adem\u00e1s, volv\u00eda a estimar otro recurso de los querellantes, dando luz verde a la solicitud de \u00f3rdenes de busca y captura frente a los querellados iniciales (entre ellos, Jiang Zemin, expresidente de China y secretario del Partido Comunista Chino).<\/p>\n

Inmediatamente se reactivaron las protestas de las autoridades chinas, acompa\u00f1adas de la advertencia de que esperaban que no se hiciera nada que da\u00f1ase \u201cla relaci\u00f3n entre China y Espa\u00f1a\u201d<\/a>. Al d\u00eda siguiente recog\u00edan algunos medios que nuestras autoridades hab\u00edan respondido que \u201cen Espa\u00f1a hay divisi\u00f3n de poderes y el Ejecutivo no puede interferir en decisiones judiciales\u201d<\/a>. Para a rengl\u00f3n seguido, y sin sonrojo aparente, avanzar que, en consecuencia, se estaba ya barajando reformar la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ), para \u201climitar el alcance de la jurisdicci\u00f3n universal\u201d<\/a>. Aquella suerte de aviso fue adquiriendo entidad plena en las semanas siguientes<\/a>.<\/p>\n

Lamentablemente (casi), nada nuevo. Sin poder detenernos en la anterior reforma que padecimos en 2009<\/a>, todos recordamos c\u00f3mo poco antes de iniciarse formalmente, la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Israel, Tzipi Livni, declaraba p\u00fablicamente que el ministro Moratinos le hab\u00eda prometido que se modificar\u00eda la ley para evitar el enjuiciamiento de militares israel\u00edes por su supuesta responsabilidad en el bombardeo del barrio Al-Daraj de Gaza.<\/a><\/p>\n

Tan satisfechos como la se\u00f1ora Livni debieron de quedar las autoridades de otros pa\u00edses, China tambi\u00e9n entre ellos, cuando de la mano del PSOE y el PP en octubre de aquel a\u00f1o qued\u00f3 aprobada dicha reforma. M\u00e1s aun cuando en su virtud se fueron archivando diversas causas en la Audiencia Nacional, aunque no todas (todav\u00eda).<\/p>\n

El 17 de enero pasamos de los avisos y rumores al hecho consumado. As\u00ed, se conoci\u00f3 que aquel d\u00eda el Grupo Parlamentario Popular hab\u00eda registrado la Proposici\u00f3n de Ley de modificaci\u00f3n de la LOPJ, relativa a la jurisdicci\u00f3n universal<\/a>. En su Exposici\u00f3n de Motivos pudimos leer entonces que ello se hac\u00eda porque, \u201ccuatro a\u00f1os\u201d despu\u00e9s de la anterior reforma, \u201cla realidad ha demostrado que hoy en d\u00eda la jurisdicci\u00f3n universal no puede concebirse sino desde los l\u00edmites y exigencias propias del Derecho internacional\u201d.<\/p>\n

Nada se dice respecto a cu\u00e1l es esa \u201crealidad\u201d, ni se explica c\u00f3mo es posible entonces que antes la jurisdicci\u00f3n universal se concibiera y aplicase fuera de esos \u201cl\u00edmites y exigencias\u201d. Pero s\u00ed se a\u00f1ade que dicha jurisdicci\u00f3n \u201cdebe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice, el consenso de la Comunidad Internacional\u201d.<\/p>\n

Esta \u00faltima frase dar\u00eda para mucho, pero qued\u00e9monos con eso del \u201cconsenso de la Comunidad Internacional\u201d. Al respecto, valga recordar que \u00e9ste qued\u00f3 plasmado precisamente en, por ejemplo, un instrumento que se cita expresamente en la Exposici\u00f3n de Motivos: el Estatuto de la Corte Penal Internacional.<\/p>\n

Su Pre\u00e1mbulo afirma que \u201clos cr\u00edmenes m\u00e1s graves de trascendencia para la Comunidad Internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo<\/strong> y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional<\/strong> e intensificar la cooperaci\u00f3n internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acci\u00f3n de la justicia<\/strong>\u201d; as\u00ed como que \u201ces deber de todo Estado ejercer su jurisdicci\u00f3n penal<\/strong> contra los responsables de cr\u00edmenes internacionales\u201d.<\/p>\n

Por otro lado, Espa\u00f1a, ciertamente, es parte de los principales tratados internacionales de derechos humanos y de Derecho humanitario. Aqu\u00ed no podemos citarlos todos, ni compararlos con todas las disposiciones de la Proposici\u00f3n de Ley. Pero al menos refiramos un ejemplo sencillo, como lo es lo previsto en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.<\/p>\n

En concreto, recoge el texto com\u00fan a los arts. 49 del primer Convenio, 50 del segundo, 129 del tercero y 146 del cuarto que \u201ccada una de las Partes Contratantes tendr\u00e1 la obligaci\u00f3n<\/strong> de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves [\u201dcr\u00edmenes de guerra\u201c], y deber\u00e1 hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Bien, pues seg\u00fan la modificaci\u00f3n propuesta, en el caso de los tribunales espa\u00f1oles esto no ser\u00e1 as\u00ed, ya que se se\u00f1ala que s\u00f3lo ser\u00e1n competentes<\/strong> si el presunto criminal es un espa\u00f1ol o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa\u00f1a, o un extranjero que se encontrase en nuestro pa\u00eds y cuya extradici\u00f3n hubiera sido denegada por las autoridades espa\u00f1olas.<\/p>\n

Una casualidad debe de ser que la Proposici\u00f3n de Ley exija tambi\u00e9n que, para que los tribunales espa\u00f1oles puedan ejercer la jurisdicci\u00f3n universal respecto del delito de genocidio, tampoco sea ya suficiente con que la v\u00edctima fuera espa\u00f1ola. Como casual ha de ser tambi\u00e9n que respecto del delito de tortura se exija lo mismo o que la v\u00edctima tuviera nacionalidad espa\u00f1ola en el momento de comisi\u00f3n de los hechos y que el presunto responsable se encuentre en Espa\u00f1a.<\/p>\n

\u00bfTendr\u00e1 todo esto algo que ver con que en la Audiencia Nacional se encuentran abiertos procesos que no cumplir\u00edan estas nuevas exigencias, contra, ya dijimos, supuestos responsables de genocidio chinos o, por ejemplo, contra varios funcionarios estadounidenses acusados de la autor\u00eda intelectual de la base jur\u00eddica que permiti\u00f3 instaurar un plan sistem\u00e1tico de torturas y trato cruel con los detenidos en la base de Guant\u00e1namo<\/a>?<\/p>\n

Con leer la Disposici\u00f3n Transitoria \u00danica, tenemos una respuesta m\u00e1s que probable: \u201cLas<\/strong> causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitaci\u00f3n por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedar\u00e1n sobrese\u00eddas<\/strong> hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella\u201d. En menos palabras, carpetazo para todos estos procesos que siguen abiertos.<\/p>\n

No menos preocupante es el propuesto como nuevo apartado 6 del art. 23.4 de la LOPJ, que dice as\u00ed: \u201clos delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente ser\u00e1n perseguibles en Espa\u00f1a previa interposici\u00f3n de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Es decir, ya no cabr\u00e1 la acci\u00f3n popular ejercida por la sociedad civil. Se restringe as\u00ed el derecho previsto en nuestra Constituci\u00f3n para la defensa de intereses colectivos leg\u00edtimos y que ha sido esencial en la lucha contra la impunidad. Sin olvidar, por otro lado, que el Ministerio Fiscal, como regla general, se ha opuesto siempre a la apertura de este tipo de casos.<\/p>\n

Una casualidad ser\u00e1 tambi\u00e9n que estos dos aspectos (restricci\u00f3n de la acci\u00f3n popular y principio de oportunidad del Ministerio Fiscal para ejercer o no la acci\u00f3n penal) formaban parte de la reforma en ciernes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal<\/a>. Sobre todo recordando que dicha reforma va muy despacio y se est\u00e1 encontrando con la oposici\u00f3n tanto de fiscales como de jueces. Y ahora aparece aqu\u00ed, en una reforma expr\u00e9s y ad hoc de la LOPJ.<\/p>\n

En fin, la afirmaci\u00f3n de que esta Proposici\u00f3n de Ley de reforma se justifica en la general necesidad de atender a \u201clos l\u00edmites y exigencias propias del Derecho internacional\u201d es absolutamente insostenible<\/strong>. Si el Grupo Parlamentario Popular quiere modificar el principio de jurisdicci\u00f3n universal, debe explicar por qu\u00e9, para qu\u00e9 y tambi\u00e9n y, sobre todo, para contentar a qui\u00e9n, sin subterfugios, llamando a las cosas por su nombre, sin tapujos; y muy especialmente, sin tratar a los ciudadanos como menores de edad. En suma, como se supone que ha de hacerse en una democracia.<\/p>\n

Este art\u00edculo fue originalmente publicado en el blog Contrapoder<\/a> de Eldiario.es<\/p>\n\n\n

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