La inminente reforma del C\u00f3digo Penal tiene \u2014desafortunadamente\u2014 puntos comunes con la reforma aprobada hace apenas dos a\u00f1os: las dos afirman ser las m\u00e1s duras de la democracia y las dos dicen responder a acontecimientos sociales significativos. Se apunta en la Exposici\u00f3n de Motivos del Anteproyecto que la reforma responde a \u201cla necesidad de fortalecer la confianza en la Administraci\u00f3n de justicia\u201d. Afirmaci\u00f3n esta no exenta de iron\u00eda cuando, precisamente, se est\u00e1n tomando medidas que no consiguen sino todo lo contrario, tales como la extraordinaria subida de las tasas judiciales, la pr\u00e1ctica anulaci\u00f3n de los turnos de oficio, la eliminaci\u00f3n de los Servicios de Orientaci\u00f3n Jur\u00eddica, o los recortes en el funcionariado. Para fortalecer la confianza ciudadana en la justicia, cualquier modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal ha de tomar en consideraci\u00f3n dos factores esenciales: la propia sociedad y el Derecho internacional.<\/p>\n
En un Estado de derecho las reformas legislativas han de ser leg\u00edtimas y esa legitimidad no se mide solo en apoyo parlamentario, sino que depende tambi\u00e9n de la necesidad de la reforma y de su oportunidad. En cuanto a la necesidad, es dif\u00edcil entender que proceda endurecer la legislaci\u00f3n penal \u2014elevar las penas y crear delitos nuevos\u2014 en un pa\u00eds que tiene la tercera tasa de criminalidad m\u00e1s baja de la Uni\u00f3n Europea. Por lo que respecta al criterio de oportunidad, no escapa a nadie que esta reforma del C\u00f3digo Penal se plantea en un momento socioecon\u00f3mico cr\u00edtico, en el que las prioridades de la sociedad espa\u00f1ola est\u00e1n muy alejadas de la pol\u00edtica criminal. Precisamente, los delitos respecto de los que el anteproyecto prev\u00e9 un mayor incremento de las penas son los delitos contra el orden p\u00fablico y contra el patrimonio. El primer supuesto es, cuando menos, llamativo: se pretende aumentar las penas y crear tipos delictivos nuevos en un contexto de descontento y movilizaci\u00f3n social creciente, aun cuando es palpable que la paz social no se ha visto alterada de modo que justifique tal endurecimiento. En cuanto al segundo supuesto, la reforma, significativamente, no afecta a algunos delitos contra el patrimonio cuyas consecuencias son extremadamente graves, como es el caso del blanqueo de capitales o de los delitos societarios.<\/p>\n
Falta por tanto en este proceso de reforma una explicaci\u00f3n coherente y razonada de su necesidad y es fundamental fomentar un debate p\u00fablico, transparente, constructivo e informado, que tome en consideraci\u00f3n el parecer tanto de expertos capaces de valorar las consecuencias que toda decisi\u00f3n penal conlleva, como de la sociedad civil en general. Es de suma importancia acudir a datos estad\u00edsticos y a estudios sobre las causas de cada tipo de delincuencia, sobre el alcance, prevalencia e incidencia de factores socioecon\u00f3micos y educativos. Tal enfoque objetivo, tomando en cuenta la realidad social, es esencial para el desarrollo de medidas efectivas. El recurso a reformas legislativas constituye tan solo uno de los pilares de la pol\u00edtica criminal, que a su vez debe enmarcarse en un programa global, dotado de medios id\u00f3neos y adecuados \u2014humanos, econ\u00f3micos y t\u00e9cnicos\u2014. Una pol\u00edtica criminal eficiente no puede basarse exclusivamente en el endurecimiento de penas, sino que han de desarrollarse medidas de prevenci\u00f3n de la delincuencia, de educaci\u00f3n y de apoyo social. En definitiva, una reforma de tan hondo y grave calado, como la del C\u00f3digo Penal, no puede hacerse de espaldas a la sociedad y de los operadores conocedores del \u00e1mbito judicial y penitenciario, tampoco de las organizaciones representativas de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos.<\/p>\n
\nHace falta acudir a datos estad\u00edsticos y a estudios sobre las causas de cada tipo de delincuencia<\/h3>\n<\/blockquote>\n
En un pa\u00eds que se dice a la vanguardia en la protecci\u00f3n de los derechos humanos, estos han de ser tenidos en cuenta en toda reforma legal que tan directamente les afecte. El Derecho internacional no admite limitaciones legales a los derechos humanos que no respondan a criterios de proporcionalidad, necesidad, objetividad o razonabilidad e igualdad. Cuando est\u00e1n en juego libertades y derechos fundamentales de las personas, los anteproyectos de ley deben contar obligatoriamente con estudios t\u00e9cnicos previos de impacto en los derechos humanos.<\/p>\n
Entre las obligaciones b\u00e1sicas que incumben a los Estados en virtud del Derecho internacional de los derechos humanos destacan tres deberes: proteger, respetar y realizar. En el caso de reformas legales entran en juego, sobre todo, los deberes de proteger y respetar. El deber de proteger, en el \u00e1mbito penal, implica la obligaci\u00f3n de incorporar delitos previstos en instrumentos internacionales siguiendo las definiciones contenidas en dichos instrumentos. El deber de respetar conlleva que los Estados no puedan incurrir en actos o conductas que interfieran o restrinjan \u2014directa o indirectamente\u2014 el disfrute de los derechos humanos si no se dan determinadas condiciones previstas en las normas internacionales.<\/p>\n
Al ser la forma m\u00e1s dr\u00e1stica de intervenci\u00f3n del Estado, el poder punitivo ni es ilimitado, ni puede ser utilizado de cualquier manera. Su ejercicio, de conformidad con la obligaci\u00f3n de respetar, deber\u00e1 responder a criterios preliminares b\u00e1sicos, como la razonabilidad-objetividad, la proporcionalidad, la eficacia y el respeto de la igualdad ante la ley. As\u00ed, el Comit\u00e9 de Derechos Humanos, \u00f3rgano encargado de supervisar la correcta aplicaci\u00f3n del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, del que Espa\u00f1a es parte, recuerda en la Observaci\u00f3n General N\u00ba 31 que \u201ccuando se introducen restricciones, los Estados deben mostrar su necesidad y adoptar \u00fanicamente las medidas que resulten proporcionales a la consecuci\u00f3n de los leg\u00edtimos objetivos para lograr una protecci\u00f3n constante y eficaz de los derechos del Pacto\u201d.<\/p>\n
\nEl legislador no tiene poderes ilimitados y deben existir garant\u00edas contra los abusos<\/h3>\n<\/blockquote>\n
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tambi\u00e9n se ha pronunciado acerca de los requisitos que debe cumplir toda limitaci\u00f3n de derechos reconocidos por el Convenio Europeo para la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. As\u00ed, la actividad legislativa y gubernamental de un Estado que suponga la restricci\u00f3n de un derecho debe responder a una exigencia social imperiosa debidamente justificada, ser proporcional con el objetivo leg\u00edtimo perseguido e interpretada en un sentido muy restrictivo (asuntos Klass c. Alemania y Silver c. Reino Unido). En definitiva, aunque el legislador estatal goza de cierta discrecionalidad para imponer restricciones, no tiene poderes ilimitados, debiendo existir garant\u00edas suficientes y adecuadas contra los abusos. Y aunque los cambios en el seno de la sociedad pueden determinar la eventual necesidad de modificar las leyes, tal modificaci\u00f3n debe estar presidida por la moderaci\u00f3n y ponderaci\u00f3n de los Gobiernos y legisladores al plantear las respuestas y argumentar las limitaciones.<\/p>\n
El Gobierno a\u00fan tiene tiempo para abordar una reforma penal y procesal respetuosa con los principios generales y est\u00e1ndares internacionales, explicar por qu\u00e9 hay que cambiar o derogar determinadas medidas, as\u00ed como valorar todas las opciones disponibles, no solo las jur\u00eddicas-punitivas, sino tambi\u00e9n de \u00edndole social y educativa. Por otra parte, la actual reforma es una oportunidad para introducir figuras delictivas internacionales (por ejemplo la desaparici\u00f3n forzada), cumpliendo as\u00ed con obligaciones internacionales asumidas por Espa\u00f1a y hasta ahora descuidadas.<\/p>\n
Si el Gobierno espa\u00f1ol quiere realmente lograr el objetivo de \u201cfortalecer la confianza en la Administraci\u00f3n de justicia\u201d, es fundamental, primero, que analice las necesidades reales de la sociedad espa\u00f1ola; segundo, que les d\u00e9 una respuesta adecuada, consultando y escuchando para ello a los operadores jur\u00eddicos y a los profesionales conocedores de la realidad criminal y penitenciaria. Es fundamental, tambi\u00e9n, que se entienda que el endurecimiento de la ley no traer\u00e1 mayor seguridad ni resolver\u00e1 aquellos problemas cuya soluci\u00f3n se encuentra en otros \u00e1mbitos ajenos al derecho penal. Finalmente, ello solo podr\u00e1 hacerse desde el respeto a las obligaciones internacionales y a las normas protectoras de los derechos humanos. Abogar por la seguridad incluye respetar y proteger la seguridad jur\u00eddica, alej\u00e1ndose de c\u00e1lculos de oportunidad pol\u00edtica y respetando las garant\u00edas esenciales en todo Estado de derecho.<\/p>\n\n\n
Este art\u00edculo se public\u00f3 originalmente en El Pa\u00eds<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La inminente reforma del C\u00f3digo Penal tiene \u2014desafortunadamente\u2014 puntos comunes con la reforma aprobada hace apenas dos a\u00f1os: las dos afirman ser las m\u00e1s duras de la democracia y las dos dicen responder a acontecimientos sociales significativos. Se apunta en la Exposici\u00f3n de Motivos del Anteproyecto que la reforma responde a \u201cla necesidad de fortalecer […]<\/p>\n","protected":false},"author":49,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"give_campaign_id":0,"footnotes":""},"categories":[365,358],"tags":[466],"class_list":["post-11642","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-our-articles-en","category-rule-of-law","tag-our-articles-rule-of-law"],"yoast_head":"\n
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