{"id":12188,"date":"2017-08-30T16:50:00","date_gmt":"2017-08-30T16:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/?p=12188"},"modified":"2022-11-04T16:53:38","modified_gmt":"2022-11-04T16:53:38","slug":"desaparecidos-los-muertos-sin-tumba-las-tumbas-sin-nombre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/en\/desaparecidos-los-muertos-sin-tumba-las-tumbas-sin-nombre\/","title":{"rendered":"Desaparecidos: los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre"},"content":{"rendered":"

Pocas palabras ilustran mejor las consecuencias que traen consigo las desapariciones forzadas, como las que encabezan esta entrada; escritas por Eduardo Galeano en su poema 30 de agosto, d\u00eda que hoy conmemoramos.<\/p>\n

Las desapariciones forzadas tienen su origen en la directiva Nacht und Nebel del Gobierno nacionalsocialista, por la cual se ordenaba que ciertos prisioneros fueran trasladados a Alemania en la m\u00e1s absoluta clandestinidad y sin dar referencia alguna de su paradero final a las familias. De esa forma, nadie tendr\u00eda informaci\u00f3n acerca de su situaci\u00f3n; algo que en la pr\u00e1ctica supon\u00eda darle por muerto pasado un cierto per\u00edodo de tiempo, independiente de si tal era, finalmente, su suerte.<\/p>\n

No obstante, las desapariciones, como t\u00e9cnica de represi\u00f3n contra el enemigo pol\u00edtico, fueron popularizadas por las dictaduras latinoamericanas durante los a\u00f1os setenta y ochenta. Argentina, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Chile o Brasil construyeron aut\u00e9nticos sistemas, perfectamente organizados, mediante los cuales hac\u00edan desaparecer a todo aquel sospechoso de no comulgar con los dictados del Gobierno. \u00danicamente gracias a la labor de organizaciones sociales como las Madres (luego Abuelas) de la Plaza de Mayo (en Argentina), as\u00ed como al descubrimiento de los llamados \u201cArchivos del Terror<\/a>\u201d en Paraguay, y el trabajo llevado a cabo por diferentes comisiones de la verdad en estas latitudes, hemos podido averiguar el modo en el que funcionaba la represi\u00f3n estatal y conocer de primera mano el padecimiento de aquellos que tuvieron que convivir con la ausencia de un ser querido.<\/p>\n

La situaci\u00f3n cr\u00edtica que sufri\u00f3 todo el continente americano, durante dos d\u00e9cadas de gobiernos dictatoriales, aviv\u00f3 la urgencia dentro de los sistemas de protecci\u00f3n de derechos humanos por armar alg\u00fan mecanismo de respuesta jur\u00eddica que pudiera amparar el derecho de los familiares a conocer el paradero de sus seres queridos. Tanto los \u00f3rganos de Naciones Unidas, como de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos, ante la ausencia de una norma espec\u00edfica (ya interna o internacional) que sancionara la desaparici\u00f3n forzada, reinterpretaron la legislaci\u00f3n internacional por entonces en vigor para poder condenar a estos Estados por no investigar el paradero de aquellos que ellos mismos hac\u00edan desaparecer.<\/p>\n

Los esfuerzos de la comunidad internacional por paliar el sufrimiento de las v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada, en estrecha colaboraci\u00f3n con asociaciones de v\u00edctimas y defensores de derechos humanos, poco a poco comenzaron a dar sus frutos. Y es que no solo se empez\u00f3 a condenar internacionalmente a estos Estados por dichas pr\u00e1cticas, sino que, a partir de los a\u00f1os noventa, el foco empez\u00f3 a dirigirse a las leyes de amnist\u00eda que imped\u00edan jur\u00eddicamente cualquier intento de los tribunales por condenar penalmente a los m\u00e1ximos responsables de hacer desaparecer a su propia poblaci\u00f3n. Chile, Argentina, Per\u00fa o Guatemala son gratos ejemplos, ya en el imaginario colectivo, de que la situaci\u00f3n de impunidad de aquellos que utilizaron el aparato del Estado contra la oposici\u00f3n pudo eliminarse.<\/p>\n

Teniendo lo anterior como base necesaria, y traslad\u00e1ndonos al otro lado del Atl\u00e1ntico, en Espa\u00f1a, la pregunta que nos hacemos es: si en estos Estados se pudo combatir la impunidad de aquellos que directamente daban las \u00f3rdenes de hacer desaparecer a los opositores, \u00bfpor qu\u00e9 no aqu\u00ed?<\/p>\n

Seguramente la respuesta necesitar\u00eda ser no solo respondida por juristas, sino por historiadores, soci\u00f3logos, fil\u00f3sofos, polit\u00f3logos y dem\u00e1s disciplinas, debido a la multitud de factores que han de ser estudiados para comprender c\u00f3mo se realiz\u00f3 la transici\u00f3n a la democracia en Espa\u00f1a; como desde muchas tribunas se ha puesto de manifiesto, hay una gran diferencia entre que un dictador sea depuesto por su propia ciudadan\u00eda, a que muera en la cama.<\/p>\n

El conformismo imperante en la sociedad espa\u00f1ola hacia la impunidad de la que disfruta el franquismo hace que los m\u00e1s de ciento cincuenta mil desaparecidos (registrados) de la Guerra Civil y el franquismo hayan sido entendidos como el \u201cnecesario precio\u201d a pagar por disfrutar una democracia formal y una cierta paz social. Sin embargo, muchos nos resistimos a aceptar que el sufrimiento de todas aquellas familias sea interpretado como una simple moneda de cambio.<\/p>\n

Esta \u201caceptaci\u00f3n\u201d de que la impunidad es imprescindible para superar un pasado conflictivo no solo se ha impuesto en ciertos sectores de la sociedad espa\u00f1ola, sino que ha impregnado gran parte del Poder Judicial espa\u00f1ol. El Tribunal Supremo ya dej\u00f3 sentado en febrero de 2012 que la Ley de amnist\u00eda, que sustenta el relato oficialista de la transici\u00f3n, es jur\u00eddicamente compatible con las obligaciones internacionales de Espa\u00f1a. Sin embargo, esta es una interpretaci\u00f3n que, a nivel internacional (y podemos aventurarnos a afirmar que a nivel de la mayor\u00eda de las jurisdicciones nacionales), no sostiene organismo alguno, puesto que impide la investigaci\u00f3n penal de las desapariciones (y dem\u00e1s cr\u00edmenes) que ocurrieron en Espa\u00f1a entre 1936 y 1977. M\u00e1s a\u00fan cuando nuestro C\u00f3digo Penal no tipifica el delito de desaparici\u00f3n forzada acorde a los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n

Con la v\u00eda de la jurisdicci\u00f3n nacional cerrada a cal y canto, actualmente, la \u00fanica alternativa abierta para las v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada en Espa\u00f1a se encuentra en el procedimiento abierto en Argentina y en la posible acci\u00f3n que desde los organismos especializados de Naciones Unidas pueda llevarse a cabo (Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias, Comit\u00e9 contra la Desaparici\u00f3n Forzada y Comit\u00e9 de Derechos Humanos); toda vez que la v\u00eda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos parece definitivamente cerrada despu\u00e9s de, ya, ocho negativas, por razones\u00a0m\u00e1s que (jur\u00eddicamente) discutibles<\/a>.<\/p>\n

Lastimosamente, todo este enjambre jur\u00eddico nubla la dura realidad espa\u00f1ola a la espera de que se pueda hacer justicia: los muertos seguir\u00e1n sin tumbas y las tumbas seguir\u00e1n sin nombre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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