{"id":12388,"date":"2015-12-09T14:47:00","date_gmt":"2015-12-09T14:47:00","guid":{"rendered":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/?p=12388"},"modified":"2023-01-03T14:49:29","modified_gmt":"2023-01-03T14:49:29","slug":"privacidad-en-la-era-digital-el-caso-zakharov","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/en\/privacidad-en-la-era-digital-el-caso-zakharov\/","title":{"rendered":"Privacidad en la era digital: El caso Zakharov"},"content":{"rendered":"\n

Desde que en 2013 Edward Snowden revelara los m\u00e9todos de interceptaci\u00f3n masiva de las comunicaciones utilizados por Estados Unidos y el resto de potencias occidentales, ya nadie puede poner en duda la existencia de estas potentes herramientas y que su utilizaci\u00f3n para la vigilancia masiva no es una hip\u00f3tesis sino un hecho. Hoy en d\u00eda, aunque todos somos conscientes de ello, lo hemos interiorizado, en muchos casos sin demasiada preocupaci\u00f3n, revestidos por el c\u00e1lido manto del anonimato colectivo y la premisa del nada que esconder. Pero la maquinaria internacional de vigilancia masiva supone una aut\u00e9ntica amenaza a los derechos humanos <\/a>(DDHH), tal y como pone de manifiesto la creciente preocupaci\u00f3n de Naciones Unidas (ONU) al respecto que se ha traducido en resoluciones de la Asamblea General,  como la 68\/167 de 2013 <\/a>de alt\u00edsimo valor e inter\u00e9s, e informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre \u201cel derecho a la privacidad en la era digital\u201d (junio 2014), as\u00ed como en la creaci\u00f3n en julio de 2015 de una relator\u00eda especial sobre el derecho a la privacidad. La era post 11-S, la de la War on Terror, ha tra\u00eddo consigo el aut\u00e9ntico monstruo de la hipervigilancia y el paradigma del estado Orwelliano de la manipulaci\u00f3n y del control social, que parece fortalecerse d\u00eda a d\u00eda propugnado por gobiernos que legislan a medida con esta finalidad. <\/p>\n\n\n\n

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH) en el caso Roman Zakharov c. Rusia<\/a> del pasado 4 de diciembre de 2015 se enmarca dentro de esta creciente preocupaci\u00f3n de organismos internacionales de protecci\u00f3n de DDHH, los cuales tambi\u00e9n han tenido un reflejo a nivel europeo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea que anula el acuerdo con Estados Unidos de Safe Harbor –Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner<\/a>– y la Resoluci\u00f3n del Parlamento Europeo<\/a> del pasado 29 de octubre relativa a la vigilancia masiva de ciudadanos europeos que reconoce, entre otras cosas, el importante papel jugado por Edward Snowden.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de un aut\u00e9ntico leading case que haci\u00e9ndose eco de la dimensi\u00f3n global del problema busca sentar precedente. El TEDH hace un an\u00e1lisis en profundidad -siguiendo minuciosamente su tradicional sistem\u00e1tica- del sistema jur\u00eddico ruso en relaci\u00f3n con la regulaci\u00f3n relativa a los instrumentos de interceptaci\u00f3n secreta de las comunicaciones. Lo llamativo es que se enjuicia todo un sistema, no una injerencia individual y concreta, a trav\u00e9s de una interpretaci\u00f3n amplia del art\u00edculo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), a lo que se refiere de manera expresa el voto particular cr\u00edtico del juez Dedov.<\/p>\n\n\n\n

El derecho a la privacidad, al igual que la libertad de expresi\u00f3n, es un derecho que sobrepasa la dimensi\u00f3n individual. Es un aut\u00e9ntico derecho conformador de la democracia, as\u00ed lo expresa en su voto particular concurrente del juez Ziemele cuando sint\u00e9ticamente resume que leyes como la rusa \u201ccontravienen el estado de derecho y los principios democr\u00e1ticos\u201d. El derecho a la privacidad es muy f\u00e1cil de escamotear apelando a quimeras como la de que es una necesidad que impone la seguridad. El informe de la ACNUDH incide en que cualquier captura de datos de las comunicaciones es potencialmente una interferencia en la privacidad, se usen o no esos datos posteriormente. Incluso la mera posibilidad de la interceptaci\u00f3n de las comunicaciones crea una interferencia en la privacidad y un efecto inhibitorio sobre otros derechos como la libertad de expresi\u00f3n,  el derecho de reuni\u00f3n y asociaci\u00f3n e incluso a la vida familiar o al derecho a la salud. Es por ello deber de los estados tutelar los derechos fundamentales y que las interferencias no se lleven a cabo de manera arbitraria o ilegal. <\/p>\n\n\n\n

El TEDH dentro de las garant\u00edas b\u00e1sicas que deben regir estos derechos, hace hincapi\u00e9 en que las autorizaciones judiciales no suponen en s\u00ed mismas una garant\u00eda suficiente contra los abusos y el uso arbitrario del control secreto de las comunicaciones, al no poder garantizar que el uso de los medios de vigilancia se ejerce \u00fanicamente \u201ccuando es necesario en una sociedad democr\u00e1tica\u201d. Establece la necesidad de garantizar un aut\u00e9ntico control efectivo de las intervenciones, tanto judicial como de los ciudadanos, en el ejercicio de la auto tutela de sus derechos. Y no solo en un momento puntual, sino que debe extenderse a lo largo de todo el proceso puesto que deben tasarse las circunstancias y condiciones en las que se almacenar\u00e1n y\/o destruir\u00e1n los datos interceptados.<\/p>\n\n\n\n

Una sentencia de estas caracter\u00edsticas nos plantea la necesidad de poner la lupa sobre nuestro sistema, y es que la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola en la materia difiere en poco de la rusa. Espa\u00f1a Implant\u00f3 el Sistema Integral de Control de las Comunicaciones (SITEL) en 2001 aunque empez\u00f3 a funcionar en 2004 precisamente debido a las dudas acerca de su legalidad. A esta herramienta tienen acceso directo tanto la polic\u00eda nacional y la guardia civil como el CNI. Sin embargo, mientras que en Rusia existe la Orden 70 que desarrolla t\u00e9cnicamente el acceso secreto a las comunicaciones -aunque su acceso no sea p\u00fablico, lo que le vali\u00f3 la reprobaci\u00f3n del tribunal de Estrasburgo a este respecto-; en Espa\u00f1a existe un total desconocimiento de los pormenores t\u00e9cnicos acerca del funcionamiento de SITEL y menos a\u00fan del nuevo sistema de control de las comunicaciones adquirido por Espa\u00f1a –Evident X-Stream<\/a>– y que abarca nuevos sistemas de comunicaci\u00f3n como Whatsapp o Skype. SITEL permite acceder directamente a los sistemas inform\u00e1ticos de las operadoras para obtener la informaci\u00f3n de sus usuarios, lo que provoca que potencialmente se puedan realizar interceptaciones previas a la autorizaci\u00f3n judicial, precisamente destinadas a la obtenci\u00f3n de indicios que justifiquen la posterior autorizaci\u00f3n de la intervenci\u00f3n. En este sentido, el TEDH es claro y establece que una forma de garant\u00eda contra el abuso y la arbitrariedad de las autoridades pasar\u00eda por tener que mostrar la autorizaci\u00f3n judicial de interceptaci\u00f3n de las comunicaciones a la empresa proveedora del servicio antes de poder tener acceso a las comunicaciones de una persona (\u00a7 269). <\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, la LO 2\/2002<\/a> reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) deja pr\u00e1cticamente todos los aspectos cruciales en una materia tan delicada sin regular. Establece \u00fanicamente que es necesaria la autorizaci\u00f3n judicial a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n motivada del Tribunal Supremo de las medidas que afecten al secreto de las comunicaciones, sin ser m\u00e1s preciso acerca de los supuestos en los que el CNI podr\u00e1 acudir a estas medidas. Tampoco se especifica de que manera y en qu\u00e9 circunstancias se almacenar\u00e1, se utilizar\u00e1 ni se destruir\u00e1 el material interceptado.  Al considerarse todas las actuaciones del CNI como secretas, tampoco permite ejercer ning\u00fan control adicional sobre las condiciones de injerencia en este derecho. Por su parte, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante la LO 13\/2015<\/a> -que entra en vigor estos d\u00edas- tiene igualmente much\u00edsimas lagunas respecto de las garant\u00edas imprescindibles seg\u00fan el TEDH para que las injerencias en el secreto de las comunicaciones sean compatibles con el CEDH. Introduce adem\u00e1s posibilidades de control que generan mucho m\u00e1s que incertidumbres. As\u00ed, por ejemplo, en su art\u00edculo 588 septies (a) se contempla el uso de software esp\u00edas, que en la pr\u00e1ctica permite un control de pr\u00e1cticamente todo y deja en manos de los jueces establecer las medidas para garantizar la preservaci\u00f3n de la informaci\u00f3n obtenida y las cuestiones relativas al almacenamiento y destrucci\u00f3n de los datos, cuando es algo que claramente deber\u00eda quedar establecido para garantizar precisamente una protecci\u00f3n igual en todos los casos y no dejar un indeseable margen a la arbitrariedad en aspectos tan determinantes.<\/p>\n\n\n\n

En este breve an\u00e1lisis de urgencia de esta importante sentencia del TEDH, se pretende mostrar la preocupaci\u00f3n del TEDH por la vulnerabilidad extrema a la que se ve sometido el derecho a la privacidad en la era digital y el car\u00e1cter sist\u00e9mico de este problema en el sistema normativo ruso, respecto del que concluye que carece de las garant\u00edas suficientes para la interceptaci\u00f3n secretos de las comunicaciones, pero que es expandible a otros como el espa\u00f1ol, claramente deficitarios y que permiten abusos y usos arbitrarios. El TEDH no considera suficientes los sistemas que siguen la estrategia de la autorizaci\u00f3n judicial para la interceptaci\u00f3n de las comunicaciones. Adem\u00e1s, exige no solo un algo m\u00e1s, sino un mucho m\u00e1s en relaci\u00f3n con la \u201ccalidad\u201d de la norma que ha de amparar la interceptaci\u00f3n secreta de las comunicaciones de los ciudadanos, as\u00ed como la posibilidad de acudir a los tribunales para controlar la adecuaci\u00f3n  a las normas de las injerencias de que haya sido objeto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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