{"id":3103,"date":"2020-05-20T11:51:47","date_gmt":"2020-05-20T11:51:47","guid":{"rendered":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/\/?p=3103"},"modified":"2022-05-25T10:03:42","modified_gmt":"2022-05-25T10:03:42","slug":"el-derecho-de-defensa-en-tiempos-de-coronavirus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/en\/el-derecho-de-defensa-en-tiempos-de-coronavirus\/","title":{"rendered":"El derecho de defensa en tiempos de Coronavirus"},"content":{"rendered":"

El pasado 14 de marzo \u2013una fecha que se percibe como muy lejana, pese a que el momento en el que escribo estas l\u00edneas no han transcurrido ni diez d\u00edas de ella\u2013 el Consejo de Ministros aprob\u00f3 el Real Decreto 463\/2020<\/a> . Durante esta situaci\u00f3n tan excepcional el Ejecutivo puede limitar, en cierta medida, nuestros derechos fundamentales, pero jam\u00e1s suspenderlos. Se trata de la segunda vez que se declara el estado de alarma en el Estado espa\u00f1ol, siendo la primera durante una huelga de controladores a\u00e9reos en el a\u00f1o 2010 <\/a>y el ej\u00e9rcito tuvo que tomar el control de sus puestos de trabajo <\/strong><\/p>\n

La norma precitada regula una serie de cuestiones log\u00edsticas, como el cierre de comercios abiertos al p\u00fablico, la prohibici\u00f3n de salir a la v\u00eda p\u00fablica sin causa justificada y la movilizaci\u00f3n del ej\u00e9rcito, entre otras. Pero, sin duda, la parte m\u00e1s interesante para los juristas que acudimos regularmente a tribunales se encuentra en la Disposici\u00f3n Adicional Segunda, que establece lo siguiente: \u201cSe suspenden t\u00e9rminos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los \u00f3rdenes jurisdiccionales\u201d. Es decir, se paraliza por completo toda la actividad judicial.<\/p>\n

Ahora bien, en el p\u00e1rrafo siguiente se mencionan una serie de excepciones a esta paralizaci\u00f3n en el orden jurisdiccional penal: \u201cla suspensi\u00f3n e interrupci\u00f3n no se aplicar\u00e1 a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores\u201d.<\/p>\n

Es decir, como no pod\u00eda ser de otra manera, el Decreto deja claro que las actividades judiciales durante los servicios de guardia se mantienen. Y es que la polic\u00eda sigue deteniendo a personas \u2013los datos indican que pese a que la delincuencia se ha reducido en un 50%, las detenciones por desobediencia a las provisiones del estado de alarma van en aumento<\/a>\u2013 y mientras esto suceda, resultar\u00eda intolerable, en un Estado de Derecho, que esas privaciones de libertad no se vean sometidas a control jurisdiccional alguno. En consecuencia, cualquier detenido tiene derecho a impugnar ante cualquier autoridad judicial la legalidad de su detenci\u00f3n y a declarar ante un juez lo que a su derecho convenga. Porque, como ya se ha explicado sobre estas l\u00edneas, durante el estado de alarma los derechos fundamentales (entre los cuales se encuentran la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa) se pueden ver algo limitados, pero jam\u00e1s suspendidos.<\/p>\n

El Decreto, adem\u00e1s, estipula que \u201cen fase de instrucci\u00f3n, el juez o tribunal competente podr\u00e1 acordar la pr\u00e1ctica de aquellas actuaciones que, por su car\u00e1cter urgente, sean inaplazables\u201d. Por ello, entre la cobertura a los servicios de guardia y a la libertad que se da al juez para practicar diligencias de investigaci\u00f3n urgentes, formalmente el derecho de defensa queda salvaguardado.<\/p>\n

Sin embargo, la realidad material a veces dista de la formal y en algunas ocasiones nos encontramos con algunas trabas para poder ejercer una adecuada defensa. Los motivos pueden ser diversos, y yo los he clasificado en cuatro bloques: (1) la falta de medios, (2) la no tramitaci\u00f3n de cuestiones urgentes, (3) la inseguridad jur\u00eddica y (4) la cultura del castigo o del Derecho del enemigo que se est\u00e1 generando.<\/p>\n

1.- Falta de medios<\/p>\n

La falta de medios es uno de los grandes problemas que lleva arrastrando nuestra Administraci\u00f3n de Justicia desde hace a\u00f1os. Falta personal, instalaciones nuevas, equipos inform\u00e1ticos actualizados, formaci\u00f3n espec\u00edfica a jueces y fiscales y un largo etc\u00e9tera de carencias. Y ahora, en plena pandemia v\u00edrica, se echan en falta, adem\u00e1s, medios de protecci\u00f3n individual y colectiva b\u00e1sicos.<\/p>\n

A los abogados nos est\u00e1n pidiendo que asistamos a detenidos en comisar\u00eda y en los juzgados, espacios por definici\u00f3n cerrados, sin dotarnos de guantes, ni mascarillas. Si queremos preservar nuestra salud, debemos evitar el acercamiento con nuestros defendidos \u2013por no hablar del contacto f\u00edsico\u2013 y pasar el m\u00ednimo tiempo posible con ellos (lo cual dificulta generar confianza con el investigado, y que nos puedan contar su versi\u00f3n de los hechos con el nivel de detalle deseable).<\/p>\n

Esto genera una mayor sensaci\u00f3n de desasosiego y desconfianza en los detenidos, que no solo sienten los efectos de la privaci\u00f3n de libertad, sino que tambi\u00e9n perciben una merma en la calidad de su defensa.<\/p>\n

Por su parte, algunos jueces y fiscales (que ya de por s\u00ed suelen guardar una cierta distancia con los detenidos cuando prestan declaraci\u00f3n ante ellos), buscar\u00e1n despachar con mayor celeridad a los detenidos, lo cual puede generar, como consecuencia, una menor disposici\u00f3n para escuchar toda la versi\u00f3n de descargo.<\/p>\n

Tanto es as, que hace unos d\u00edas, tres de las cuatro principales asociaciones de jueces remitieron un escrito urgente a la Comisi\u00f3n Permanente del Consejo General del Poder Judicial advirtiendo de que cerrar\u00e1n los \u00f3rganos judiciales que permanecen abiertos <\/a>en cumplimiento de servicios esenciales si no se les dotaba de medios reales de protecci\u00f3n sanitaria.<\/p>\n

2.- No tramitaci\u00f3n de cuestiones urgentes<\/p>\n

Como ya he se\u00f1alado, el Decreto permite a los jueces acordar la pr\u00e1ctica de cualquier diligencia urgente que sea inaplazable. Esto, sobre el papel, es irreprochable. Pero en la pr\u00e1ctica no est\u00e1 resultando ser nada sencillo conseguirlo, teniendo en cuenta que los juzgados est\u00e1n manteniendo servicios m\u00ednimos y que la definici\u00f3n de lo que es urgente puede variar de magistrado en magistrado.<\/p>\n

Pondr\u00e9 un ejemplo real que me ha sucedido a m\u00ed: hace unos d\u00edas, la polic\u00eda detuvo a una clienta m\u00eda. Le imputan una agresi\u00f3n a un agente, acci\u00f3n que ella niega tajantemente. Tras pasar a disposici\u00f3n judicial y ser puesta en libertad la investigada, exploramos el lugar de su detenci\u00f3n y descubrimos la existencia de c\u00e1maras videovigilancia en el lugar de los hechos. Es decir, la intervenci\u00f3n policial ha podido ser grabada y puede existir una prueba que acredite la inocencia de mi defendida. Hace dos semanas que le solicit\u00e9 al juzgado de instrucci\u00f3n que oficiara al Ayuntamiento para recabar estas grabaciones, pero mi escrito no est\u00e1 siendo tramitado. Y es indudablemente urgente, puesto que, de acuerdo con nuestra legislaci\u00f3n, las im\u00e1genes deber\u00e1n ser borradas en el plazo m\u00e1ximo de un mes si ning\u00fan juez las solicita antes. Por ello, hace unos d\u00edas le solicit\u00e9 a un juzgado de guardia que las recabara, pero se declar\u00f3 no competente para ello. En consecuencia, deber\u00e9 reiterar hasta la saciedad la petici\u00f3n, so pena de perder una prueba vital para los intereses de mi defendida.<\/p>\n

La paralizaci\u00f3n de los juzgados tiene innegables consecuencias sobre el derecho de defensa. Hay pruebas que pueden desvanecer, o perder calidad. Y no me refiero \u00fanicamente a grabaciones. Por ejemplo, hay testigos que, conforme pase el tiempo, pueden ir olvidando gradualmente detalles que percibieron en el momento de los hechos, hasta el punto de perder credibilidad o efectividad.<\/p>\n

Sin duda, la acumulaci\u00f3n de casos que se producir\u00e1 una vez que volvamos a la normalidad provocar\u00e1 un retraso mayor que el que, por desgracia, ya ten\u00edamos en nuestro sistema judicial, con la consiguiente degradaci\u00f3n del valor del acervo probatorio.<\/p>\n

3.- Inseguridad jur\u00eddica<\/p>\n

Si bien es cierto que la causa citada en el apartado anterior no es achacable al Decreto del Gobierno por el cual se acordaba el estado de alarma, este tercer motivo s\u00ed lo es: a mi despacho est\u00e1n llegando numerosos casos en los que la polic\u00eda est\u00e1 proponiendo para sanci\u00f3n a distintas personas por criterios absolutamente subjetivos y arbitrarios, es decir, no contemplados en la Ley. Y es que actualmente existe una gran confusi\u00f3n, no solo entre la ciudadan\u00eda sino tambi\u00e9n entre el funcionariado p\u00fablico, sobre qu\u00e9 es legalmente exigible y qu\u00e9 no.<\/p>\n

Por ejemplo, han llamado personas que han sido paradas por la polic\u00eda mientras se trasladaban a sus puestos de trabajo, les han pedido que muestren un certificado de la empresa que acredite sus funciones y horarios y, cuando han explicado a los agentes que no ten\u00edan ninguno, se les ha iniciado un procedimiento sancionador. Sin duda, es conveniente llevar un \u201csalvoconducto\u201d, pues nos puede facilitar la vida a todos, pero no existe ninguna obligaci\u00f3n de portarlo.<\/p>\n

El Real Decreto de 14 de marzo estableci\u00f3 una prohibici\u00f3n generalizada de salir a la calle, salvo en determinados casos excepcionales (como el desplazamiento para ir a trabajar, o la adquisici\u00f3n de alimentos o productos farmac\u00e9uticos, entre otros), pero no impone la obligaci\u00f3n de portar un certificado de empresa, por lo que \u00e9ste no puede ser exigible en un control policial.<\/p>\n

Asimismo, n\u00f3tese que regula que \u201cen cualquier desplazamiento deber\u00e1n respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias\u201d, las cuales son indeterminadas y no tenemos por qu\u00e9 conocer. M\u00e1s inseguridad jur\u00eddica, alimentada, adem\u00e1s, por la falta de concreci\u00f3n de los protocolos en el estado de alarma, la difusi\u00f3n de rumores, fake news y bulos en Internet y el estado de nerviosismo generalizado. Nerviosismo, por cierto, que me lleva al cuarto y \u00faltimo punto.<\/p>\n

4.- Derecho sancionador del enemigo<\/p>\n

Por \u00faltimo, quisiera hacer una breve menci\u00f3n a la peligrosa cultura de la venganza y el castigo que se est\u00e1 generando en nuestra sociedad.<\/p>\n

Hace unos d\u00edas, circul\u00f3 por redes sociales un v\u00eddeo de un joven que estaba siendo detenido por la Polic\u00eda <\/a>en Valladolid. Parece ser que se encontraba en la calle sin justificaci\u00f3n alguna, lo cual muestra un comportamiento socialmente insolidario por su parte. Sin embargo, eso no es lo m\u00e1s grave de las im\u00e1genes. Tras detener al chaval, que se encuentra en una actitud absolutamente pac\u00edfica, un agente se dedica a propinarle varios bofetones en la cara y a llamarle gilipollas.<\/p>\n

Lejos de denunciar este intolerable comportamiento por parte de un agente de la autoridad, las redes se llenaron de mensajes apoy\u00e1ndole. \u201cMe parecen super bien dados\u201d, \u201cse est\u00e1 llevando las que no le dieron sus padres\u201d, \u201cson guantazos educativos a gentuza\u201d, \u201csi bajo yo le doy dos m\u00e1s\u201d y \u201calgunos no entienden otro lenguaje\u201d son una peque\u00f1a muestra de los tuits que siguieron al v\u00eddeo. Nadie niega el abuso policial; se celebra, porque se dirige contra un \u201chijo puta\u201d, un \u201cirresponsable\u201d que \u201cnos pone a todos en peligro\u201d y que \u201cno nos respeta\u201d (sic).<\/p>\n

Se est\u00e1 generando mucho odio. En plena pandemia la sociedad no ve al infractor como un conciudadano que se ha equivocado y al que hay que corregir, sino como un enemigo, un sujeto a inocuizar por cualquier medio a nuestro alcance. Y esto conduce a excesos policiales y judiciales que, sin duda, ponen en jaque el derecho de defensa y hace que perdamos como horizonte axiol\u00f3gico del Derecho sancionador la reinserci\u00f3n social de quien no ha respetado la Ley.<\/p>\n

El derecho de defensa es la oportunidad que tenemos de defendernos ante los tribunales de justicia de los cargos de los que nos imputan o acusan con plenas garant\u00edas de igualdad e independencia (siempre y cuando se respeten otros derechos, como la tutela judicial efectiva, la imparcialidad judicial y la presunci\u00f3n de inocencia). Si la defensa ha sido efectiva, el castigo que se impondr\u00e1 ser\u00e1 proporcional al da\u00f1o causado. Sin defensa no hay proceso justo, como tampoco lo hay si todos los operadores no respetan la Ley. Al ejercer este derecho, no solo defendemos a una persona concreta, sino que simult\u00e1neamente defendemos los derechos de todas las ciudadanas. Pero si nuestros vecinos jalonan los excesos, abrimos la puerta a poner fin a todas las garant\u00edas judiciales a las que tenemos derecho. <\/p>\n

Esperemos que el miedo, la inseguridad y el nerviosismo sea transitorio. De lo contrario, nos dirigimos a un autoritarismo que puede terminar por minar todos los derechos sociales y procesales que tanto nos han costado conquistar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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