{"id":3246,"date":"2019-11-08T10:33:58","date_gmt":"2019-11-08T10:33:58","guid":{"rendered":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/\/?p=3246"},"modified":"2022-02-26T10:34:50","modified_gmt":"2022-02-26T10:34:50","slug":"censura-digital-cuando-se-puede-cerrar-una-web-por-decreto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rightsinternationalspain.org\/en\/censura-digital-cuando-se-puede-cerrar-una-web-por-decreto\/","title":{"rendered":"Censura digital, cuando se puede cerrar una web por Decreto"},"content":{"rendered":"

Con el Real Decreto-ley 14\/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad p\u00fablica en materia de administraci\u00f3n digital, contrataci\u00f3n del sector p\u00fablico y telecomunicaciones, nos encontramos de nuevo con una normativa aprobada para dar respuesta a una situaci\u00f3n muy concreta y sin haber analizado en profundidad la totalidad de \u00e1mbitos a los que les va a resultar de aplicaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

De forma similar al reiterado debate sobre el uso del cifrado y la lucha contra la delincuencia, la norma menciona nuevas amenazas como el robo de datos e informaci\u00f3n, el hackeo (sic) de dispositivos m\u00f3viles y sistemas industriales, o los ciberataques contra infraestructuras cr\u00edticas  y c\u00f3mo se ha incrementado el riesgo de utilizaci\u00f3n del ciberespacio para la realizaci\u00f3n de actividades il\u00edcitas para justificar estas nuevas potestades.<\/p>\n

Con una referencia en abstracto a \u201clos recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio espa\u00f1ol\u201d, sin mencionar expresamente, se atribuye a la Administraci\u00f3n del Estado una serie amplia de competencias, que afectan tanto al \u00e1mbito p\u00fablico como privado. Conceptos como \u201crep\u00fablica digital\u201d o los \u201cpara\u00edsos digitales\u201d, han sido mencionados desde los estamentos pol\u00edticos como causa, pero el problema es que estas competencias tienen una vocaci\u00f3n de permanencia, afectan de manera grave a los derechos de los ciudadanos y ni tan siquiera se circunscriben \u00fanicamente al territorio para el cual se ha procedido de urgencia a esta modificaci\u00f3n.<\/p>\n

 De fondo de esta norma tenemos dos actuaciones principales cuyo control se ha arrogado la Administraci\u00f3n del Estado: El despliegue de una red de fibra \u00f3ptica en r\u00e9gimen de autoprestaci\u00f3n por parte de la Generalitat, y el proyecto de identidad soberana IdentiCAT.<\/p>\n

Respecto a la primera, resulta extra\u00f1o que se entienda que la habilitaci\u00f3n ya existente en la Ley General de Telecomunicaciones era insuficiente y resultaba urgente su modificaci\u00f3n. Con la nueva redacci\u00f3n, el uso de t\u00e9rminos abstractos como orden p\u00fablico, la seguridad p\u00fablica o la seguridad nacional como supuestos de habilitaci\u00f3n, supone al final crear un marco de inseguridad jur\u00eddica inadmisible. Hablamos de competencias que, como el mismo texto se\u00f1ala, alcanzan no \u00fanicamente a una red o un servicio de comunicaciones electr\u00f3nicas, sino que extienden su eficacia a los elementos que necesariamente acompa\u00f1an a la instalaci\u00f3n o despliegue de una red, o la prestaci\u00f3n de un servicio de comunicaciones electr\u00f3nicas como son las infraestructuras susceptibles de alojar redes p\u00fablicas de comunicaciones electr\u00f3nicas, sus recursos asociados o cualquier elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario.<\/p>\n

Nos encontramos asimismo con una serie de habilitaciones para adoptar medidas cautelares, sin audiencia, por parte del Ministerio de Econom\u00eda y Empresa, y que tambi\u00e9n se ampl\u00edan para incluir la excesivamente gen\u00e9rica referencia al orden p\u00fablico y seguridad p\u00fablica. Una actuaci\u00f3n que puede afectar a m\u00faltiples derechos de los afectados y que, sin perjuicio del control judicial a posteriori, ser\u00eda tomada directamente por la Administraci\u00f3n del Estado. La introducci\u00f3n de esta habilitaci\u00f3n resulta, de nuevo, muy discutible que se realice en un Decreto Ley.<\/p>\n

Por lo que respecta a los nuevos modelos de identidad digital basados en blockchain, la norma opta por establecer de manera expresa que no ser\u00e1n admisibles en ning\u00fan caso y, por lo tanto, no podr\u00e1n ser autorizados los sistemas de identificaci\u00f3n basados en estas tecnolog\u00edas de registro distribuido y los sistemas de firma basados en los anteriores, en tanto que no sean objeto de regulaci\u00f3n espec\u00edfica por el Estado en el marco del Derecho de la Uni\u00f3n Europea, adem\u00e1s de reservarse un puesto como autoridad intermedia cuando resulte ya exista dicha normativa. <\/p>\n

El problema es que, en realidad, existe m\u00faltiple normativa ya aplicable a estos sistemas de identificaci\u00f3n, empezando por el sistema europeo de reconocimiento de identidades electr\u00f3nicas (o eIDAS), y siguiendo por normativas tan presentes como son las relativas a la protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal. <\/p>\n

Tal y como pas\u00f3 en la Sentencia del Tribunal Constitucional 55\/2018, la legitimidad de esta injerencia en el \u00e1mbito de competencias de autoorganizaci\u00f3n de una administraci\u00f3n auton\u00f3mica resulta discutible, m\u00e1s cuando se incluye una obligaci\u00f3n adicional muy importante como es la de ser autoridad intermedia en el futuro en estos sistemas.<\/p>\n

Aunque tuvieran presente el proyecto catal\u00e1n durante la redacci\u00f3n del Decreto Ley, la realidad es que otros territorios estaban empezando a plantear el desarrollo de soluciones de este tipo, y no se trata de una tecnolog\u00eda que haya sido dise\u00f1ada para realizar actuaciones il\u00edcitas. En informes del observatorio de Blockchain de la Uni\u00f3n Europa<\/a> aparecen mencionadas expresamente estas tecnolog\u00edas de identidad autosoberana como mecanismos que permitir\u00edan dar a los usuarios el control no solo de su identificador, sino tambi\u00e9n de toda la informaci\u00f3n asociada al mismo. <\/p>\n

Una prohibici\u00f3n que al final va a afectar el desarrollo de una tecnolog\u00eda neutra y \u00fatil, bajo la excusa de una falta de regulaci\u00f3n no resulta admisible, y menos, en una norma que ha sido aprobada por la v\u00eda de urgencia como es el Decreto Ley.<\/p>\n

Se habla de la imposibilidad de reaccionar a tiempo a causa de la disoluci\u00f3n de las C\u00e1maras, de la necesidad de dar una respuesta, pero se proponen una serie de modificaciones relativas a normas que ya se encuentran en vigor desde hace a\u00f1os en algunos casos, o innecesarias en otros, adem\u00e1s de nuevas habilitaciones que pueden llegar a vulnerar derechos fundamentales.<\/p>\n

Esta norma no debe ser \u00fanicamente analizada desde la perspectiva exclusiva de una comunidad aut\u00f3noma y una situaci\u00f3n puntual en el tiempo. Lo importante no son las declaraciones que se han realizado respecto a su objetivo. Su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n no se limita a esta, y al final constituye una injerencia importante en los derechos de los ciudadanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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