Ante la intención del Gobierno de implementar un modelo de control digital en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, diversas organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas RIS, han firmado un manifiesto en el que se alerta de los peligros del uso de esta tecnología en espacios que se prestan de por sí a la vulneración de los derechos, como son las fronteras.
Con el objetivo de evitar que se violen derechos fundamentales, como la privacidad, y se favorezca la discriminación y la criminalización de aquellos que no cuentan con un pasaporte europeo, a través de la recogida de datos biométricos, los colectivos adheridos exigen:
La aplicación de la regulación de la IA y protección de datos elaborada por la Comisión Europea también a contextos y situaciones que se consideran de tipo “securitario”, no puede haber vacío legal en este ámbito.
• La derogación del Reglamento UE 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo 30/11 /17 que permite el reconocimiento facial.
• La necesidad de información y consentimiento informado ante el uso de estos sistemas, incluso si se llegan a aplicar y desplegar.
• Incorporación sistemática de observadores de derechos humanos en las actuaciones en frontera.
• Aplicación de tecnologías explicables y auditables, auditoría y control externo de las tecnologías aplicadas, los datos e imágenes almacenadas.
• Para que la tarea de fiscalización y control por parte de la sociedad civil se pueda llevar a cabo de manera rigurosa, los procesos de diseño y pruebas de los sistemas, incluyendo las bases de datos utilizadas para calibrar los algoritmos, deben ponerse a disposición de auditorías independientes y personas afectadas.
