Racismo policial en el Estado español. Un estudio cualitativo del sesgo racial en la práctica policial de parada e identificación
El presente informe, elaborado por RIS e IRIDIA-Centre dels Drets Humans, se centra en el rol que juegan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), a través de la práctica policial de parada, identificación y registro por perfil racial. Hablamos de actuaciones policiales basadas en criterios racistas que son sistemáticamente negadas y reducidas a lo anecdótico desde las diferentes administraciones e instituciones del Estado implicadas, si bien se trata de prácticas ampliamente documentadas y denunciadas de forma constante por colectivos antirracistas, organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como por diversos organismos estatales e internacionales.
Los cuerpos policiales, como instituciones cuya función es garantizar el cumplimiento de la ley y velar por la seguridad de la ciudadanía, acaban por incrementar la desconfianza de las personas migrantes y racializadas en las instituciones, al verse señaladas y discriminadas de forma constante por lo que son y no por lo que hacen. Al mismo tiempo, con esta práctica, los grupos de población históricamente oprimidos son criminalizados por quienes ostentan el uso legítimo de la fuerza, contribuyendo a un imaginario social discriminatorio sobre los grupos de población más vulnerabilizados.
Además, como se señala a lo largo de este informe, no solo resulta primordial combatir las paradas y registros por perfil racial por su carácter discriminatorio, sino porque esta práctica actúa, también, como una puerta de entrada a abusos mayores. Es decir, la perfilación racial por parte de la policía es un primer contacto que puede derivar en vulneraciones de derechos más graves, como actuaciones desproporcionadas, malos tratos y/o torturas. A su vez, hablamos de una práctica criminalizadora, que perpetúa el control de fronteras y traslada su lógica al espacio público, dentro del propio territorio del Estado, limitando el derecho a la libre circulación, bajo el amparo de la Ley de Extranjería.
Lejos de reconocer las vivencias de las personas que a diario sufren estos controles y los impactos que generan las mismas, el hecho de que desde las instituciones del Estado se niegue de forma consciente y reiterada su existencia conlleva a una postura que impide abordar un problema de primer orden y de enormes consecuencias políticas y sociales. El no reconocimiento de la existencia de esta práctica racista institucionalizada impide que se puedan implementar mecanismos de supervisión y sanción de actuaciones que generan un gran impacto en los derechos de las personas afectadas, además, de impedir un debate importante sobre su efectividad real en términos de resultados policiales.
Sumado a ello, contribuye a crear una cultura de la impunidad que no solo dificulta que quienes sufren abusos puedan denunciar, especialmente cuando se trata de personas en situación administrativa irregular, sino que también genera numerosas barreras a aquellas personas que denuncian y que deciden enfrentar largos procesos judiciales, con el importante coste personal que ello supone. Todo ello conlleva un escenario de infradenuncia de este tipo de prácticas, que se suma a las dificultades por obtener datos cuantitativos, en la medida en la que la negación de este fenómeno por parte de las instituciones impide la existencia de registros oficiales o herramientas para su recolección.
