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La jurisdicción universal es el principio que permite a los estados investigar, perseguir y castigar violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, los crímenes de guerra, de lesa humanidad o el genocidio con independencia del país en el que se hayan cometido o la nacionalidad de víctimas y agresores, con arreglo a los estándares del derecho internacional. Hasta hace no mucho, España era uno de los países de referencia en la persecución de este tipo de delitos, pero la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2014 supuso un antes y un después en esta materia.
