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Mecanismos de transparencia en el uso de la fuerza policial

Las organizaciones Novact, Irídia y RIS hemos establecido un espacio de colaboración, en el marco del proyecto “Herramientas para la modernización de los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas de las Administraciones Públicas en el uso de la fuerza y su impacto en situaciones discriminatorias y en el ejercicio del derecho a la protesta”, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

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¿Por qué este proyecto?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas comprometen a los Estados a consolidar instituciones públicas más transparentes y respetuosas con los derechos humanos, garantizando el acceso efectivo a la justicia de todas las personas (ODS 16). En las sociedades democráticas y garantes de derechos, la ciudadanía debe contar con las libertades y condiciones necesarias para una vida digna, que le permitan ejercer sus derechos en igualdad, al tiempo que las instituciones puedan desarrollar sus funciones de forma segura.

La rendición de cuentas de las administraciones públicas es una máxima que apela a los Estados a adoptar mecanismos más modernos, dotados de mayores recursos e independencia, así como de procedimientos legales y disciplinarios mucho más efectivos y transparentes. Los cuerpos policiales tienen la obligación de proteger y acatar los derechos fundamentales, y de rendir cuentas en caso de que un o una agente los vulnere.

A nivel internacional el debate en la materia se encuentra plenamente vigente. En la actualidad, más de una veintena de países en todo el mundo se han dotado de mecanismos externos e independientes de supervisión de las actuaciones policiales. Distintos organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han recomendado al Estado español la creación de este tipo de órganos. Por su parte, cabe remarcar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado en 13 ocasiones por no investigar debidamente denuncias de tortura y malos tratos.

A nivel estatal varias iniciativas han empezado a promover este debate. Son ejemplos de ello la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial en el Parlament de Catalunya o la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, un órgano colegiado con autonomía funcional respecto de la Ertzaintza y del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Con el fin de contribuir al debate público, se ha elaborado este proyecto y redactado un informe que ofrece un diagnóstico de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas existentes en los distintos cuerpos policiales del Estado español, bajo la óptica del derecho internacional de los derechos humanos.

Su objetivo es poner a disposición de la ciudadanía y de las administraciones y fuerzas políticas una herramienta de análisis para la construcción de una hoja de ruta en materia de política pública. Para ello analiza qué procedimientos internos existen cuando se denuncia una violación de derechos a manos de un o una agente de policía, así como los mecanismos externos – fuera del cuerpo policial- que pueden contribuir a una efectiva investigación de los hechos. Concretamente, el estudio se fija en la rendición de cuentas policial a las denuncias por uso indebido de la fuerza en contexto de orden público o protesta, así como de discriminación por perfil étnico-racial.

Notas de prensa

Organizaciones de derechos humanos afirman que los actuales mecanismos de control policial son insuficientes y piden la creación de un mecanismo externo e independiente

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