Ayer tuvo lugar la Mesa de trabajo nacional en el marco del proyecto “Del derecho a la práctica: reforzando las garantías procesales bajo custodia policial” (Proyecto UE – Pro-RPC).
En ella participaron 22 profesionales: tres jueces de instrucción, dos fiscales, tres abogados, policía nacional, moscos de escuadra, ertzaintza, guardia civil, un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad, dos profesoras de procesal penal y criminología, las ONG Plena Inclusión, Fundación Idea, Iridia y una representante del CGAE. Se abordaron los retos existentes en la protección de los derechos de las personas detenidas (información, acceso a un abogado, justicia gratuita, grabación audiovisual de los interrogatorios y los derechos de los menores detenidos), se identificaron vías para superar los retos identificados.
El representante de la Ertzaintza nos hizo saber que ya han implementado todas las recomendaciones que les hicimos en nuestro proyecto Bajo Custodia Policial. Otra participante nos informó de que la Policía municipal de Fuenlabrada ha implementado una de nuestras recomendaciones en el proyecto “Actas de derechos accesibles” y han puesto la información de derechos en los calabozos, en vinilos en la pared.
El actual proyecto “Del derecho a la práctica” se centra en la identificación de buenas prácticas existentes en los países participantes, que permitan colmar lagunas existentes en la protección de los derechos de las personas bajo custodia policial respecto del acceso a un/a abogado/a durante la detención, la asistencia jurídica gratuita, el derecho a la información, las grabaciones audiovisuales de los interrogatorios y las garantías procesales de los menores.