Defendiendo los derechos y las libertades civiles

Mesa redonda: El caso Garzón

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En mayo de 2010, España llamaba la atención del mundo cuando el Tribunal Supremo suspendía de sus funciones como consecuencia de la investigación abierta por prevaricación al Juez Baltasar Garzón, el único Juez que ha desafiado la falta de responsabilidad en relación con los crímenes cometidos durante la Guerra Civil española y el régimen franquista. El juicio oral en el denominado caso de «memoria histórica» contra el Juez Garzón se inició el 24 de enero de 2012. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales nos hemos pronunciado contra el atentado a la independencia judicial en España que entraña este juicio. Hemos advertido también sobre el nefasto precedente que este caso supone para el acceso a la justicia de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y en general, para el comportamiento de los tribunales nacionales a nivel mundial, los cuales deben ser garantes de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. El procesamiento del juez Garzón por el delito de prevaricación, es por lo tanto un asunto que tiene implicaciones que transcienden a España.

En la mesa redonda “Juicio a Garzón por la “memoria histórica”: los déficits de la justicia», celebrada ayer en la sala de conferencias del Ateneo de Madrid, la opinión de observadores internacionales, expertos juristas de organizaciones nacionales e internacionales, ha puesto de relieve la amenaza que este proceso supone para los derechos de las víctimas y para la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.

Rights International Spain y otras organizaciones, hemos enviado un comunicado en el que instamos a que el Tribunal Supremo actúe con el sentido del deber de garantía de los derechos constitucionales e internacionales que le imprime su función jurisdiccional, con respeto a las obligaciones internacionales contraídas por el estado español, con sentido de justicia que merece el juzgamiento de un Juez de la magistratura española, y con respeto a la independencia judicial sobre todo a los derechos de las víctimas de crímenes de derecho internacional. 


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