El Estado español, al igual que sus socios europeos, tiene un problema de racismo policial, especialmente en lo relativo al uso de criterios raciales en las tareas de parada e identificación. De manera sobrerrepresentada, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad controlan a personas que no son blancas por el simple hecho de no serlo. Una anomalía democrática que lejos de ser abordada es sistemáticamente negada por las instituciones.
Esta falta de reconocimiento no solo supone negar las vivencias y denuncias de las organizaciones antirracistas y por los derechos fundamentales, también implica dejar impune una práctica ilegal e injusta ampliamente documentada que genera numerosos impactos negativos en la población afectada en particular y en la sociedad en su conjunto. La criminalización de la población migrante y racializada nos interpela a todos y todas.
Esta falta de reconocimiento lleva a que instrumentos legales como lo son la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, así como la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, no solo se muestren ineficaces a la hora de evitar esta práctica discriminatoria y racista, sino que establecen un amplio margen de discrecionalidad entre los agentes que la posibilita sin consecuencias ni impedimentos.
Por todo ello, en el día de hoy, 18 de diciembre, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas Día Internacional de las personas migrantes, diversas organizaciones salimos en redes sociales con los HT #ParadelRacismo #NoalaPerfilaciónRacial para pedir que se pongan en marcha una serie de medidas que consideramos indispensables para combatir una práctica con enormes consecuencias:
- Reconocer de forma clara y manifiesta el racismo institucional y estructural, en particular la existencia de un proceder de las FCSE basado en la perfilación racial.
- Prohibir de forma explícita, por ley, el uso de perfiles raciales, recogiendo una definición clara que la señale como una forma de discriminación racial en el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana que está en fase avanzada en su proceso de reforma.
- Implementar formularios de parada e identificación en todas las fuerzas policiales. Una herramienta de registro en la cual se recoge información sobre la actuación policial, el agente actuante y la persona controlada. En la misma, se debe registrar datos como la condición étnica y racial autopercibida por la persona afectada.
- Garantizar la participación en el diseño de estos formularios de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en antirracismo, así como de aquellos colectivos afectados por las prácticas policiales descritas. Esta participación ha de extenderse a la fase de supervisión de los datos policiales obtenidos de los mismos.
- Fortalecer las garantías y vías de denuncia, creando cauces más accesibles y efectivos para las personas migrantes y racializadas afectadas.
- Crear un mecanismo externo, público e independiente de supervisión y evaluación de las actuaciones policiales, que tenga la defensa de los derechos humanos como centro y una perspectiva interseccional en su metodología de trabajo.
Si quieres conocer más sobre esta realidad puedes consultar nuestro último el informe.
