Los días 20 y 21 de marzo, una delegación de la Comisión del Parlamento Europeo que investiga el uso del software de espionaje Pegasus realizó un viaje a Madrid para reunirse con autoridades, periodistas y organizaciones de defensa de derechos civiles.
RIS fue invitada por la comisión parlamentaria a la audiencia pública celebrada el lunes 20. Compartimos con la delegación del Parlamento Europeo nuestras preocupaciones respecto del uso de programas de vigilancia de este tipo, su carácter extremadamente invasivo y su potencial abusivo. Pusimos de manifiesto la necesidad de una acción coordinada y firme de las instituciones de la Unión Europea para establecer garantías adecuadas contra la desproporcionada afectación a los derechos y libertades que la mera existencia de estos instrumentos supone.
La protección de la seguridad nacional es un objetivo legítimo de la actuación de los Estados, sus instituciones y agentes. No obstante, las normas y estándares protectores de los derechos fundamentales exigen que tal actuación respete en todo caso los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Por ello, la legitimidad de la actuación estatal en protección de la seguridad nacional puede verse mermada por las herramientas utilizadas y por los caminos elegidos para la consecución de tal objetivo. Así mismo, la ausencia de claridad e información pública y oficial puede transmitir la sensación de que las instituciones no hayan actuado conforme a las normas o dentro de los márgenes previstos por éstas.
La existencia de programas informáticos de vigilancia como Pegasus y su uso dentro de la Unión Europea es un problema que trasciende a uno solo, o a unos cuantos, Estados Miembros. La mera existencia de estas herramientas constituye un riesgo para la seguridad de todos los ciudadanos europeos y de las instituciones de la Unión.
Por ello, desde RIS creemos que es imprescindible una acción firme y coordinada por parte de las instituciones comunitarias. En este sentido, el borrador de informe preparado por la comisión de investigación del Parlamento Europeo, así como el borrador de recomendaciones de acción a futuro, recogen una serie de propuestas de reformas normativas que consideramos muy acertadas y oportunas.
No obstante, hasta tanto no se produzcan tales reformas legislativas, RIS considera esencial la inmediata adopción de una moratoria respecto de la comercialización y uso de estos programas en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Consideramos también que se debería valorar seriamente la introducción de una prohibición expresa de la comercialización y uso de programas de vigilancia tan extremadamente invasivos, programados de manera que permiten el acceso ilimitado a todo el contenido de un dispositivo. En su estado actual, el uso de herramientas de este tipo nunca podría resultar respetuoso con los principios de proporcionalidad y necesidad, exigibles en un estado de derecho democrático.
Confiamos en que, teniendo en cuenta los pronunciamientos realizados sobre esta materia, entre otros, por la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento Europeo conduzcan a la adopción por las instituciones de la Unión de medidas que constituyan salvaguardias efectivas contra el peligro que esas nuevas herramientas tecnológicas suponen para los derechos y libertades.