Cada uno tiene su propio 11 de septiembre… así parecen pensar los países que han conocido atentados o ataques violentos vinculados a las acciones de individuos de religión musulmana sobre sus territorios. España y Francia figuran entre estos países. España sigue aprovechando el clima post 11-M para argumentar que la toma de decisiones y medidas políticas y de seguridad que protegen las vidas de su población se justifica especialmente “al haberse convertido (los ciudadanos) en objetivos involuntarios de la violencia que se ejerce contra el Estado”. En Francia, los atentados de Charlie Hebdo (2015) y la conmoción popular que ha provocado el asesinato de periodistas presentados hoy como iconos de la “libertad de expresión” también han dado argumentos al gobierno para que intente tomar medidas de seguridad radicales.
Más allá de la conmoción, un miedo gubernamental
Mientras los riesgos de atentados cometidos por individuos vinculados a redes –o motivados por una ideología– que favorecen el uso de la violencia sigue siendo una amenaza real, el llamado “terrorismo yihadista” tampoco ha convertido a España, ni Francia, en “tierras de nadie”, donde los ciudadanos se vean amenazados en cada esquina. El primer ministro Manuel Valls habla de la presencia de 1400 personas (0.002% de la población) “vinculadas a las redes yihadistas” identificadas en el territorio francés. Mientras, en España, no se comunican datos sobre el número de “radicales vinculados a redes yihadistas” presentes en el país, pero hasta el Secretario de Estado de Seguridad ve que en España “no estamos tan mal como en otros países”.
En realidad, ambos gobiernos dan la impresión de que se estén aprovechando de los efectos todavía presentes del contexto post 11 de septiembre para incrementar su control sobre la población en general. La crisis de liderazgo que están atravesando varios países de la Unión Europea explica en gran parte el temor que sienten hacia la afirmación de movimientos ciudadanos a favor de un cambio radical de las políticas socioeconómicas adoptadas, por lo menos, a nivel europeo. Merece la pena destacar cómo los gobiernos francés y español parecen haber hecho suyas las ideas del último informe del organismo Europol. Este considera que la crisis económica ha favorecido el surgimiento de organizaciones “izquierdistas” que intentan aprovecharse de la crisis económica para llevar a cabo un cambio a través del uso de la violencia. Del mismo modo, tampoco la victoria del partido Syriza en las elecciones legislativas en Grecia ha sido una buena noticia para Paris y Madrid. España ve en Syriza una amenaza mayor teniendo en cuenta la posibilidad de ver a Podemos, y a otros partidos parecidos, atraer a un número importante de votos en las elecciones generales de 2015. El partido socialista en Francia también se siente amenazado por las capacidades de sus oponentes de la derecha –empezando por el Front National e incluyendo al partido de la derecha UPM– para captar el voto de los franceses en las elecciones presidenciales y legislativas de 2017. Más allá de los cálculos políticos, ambos gobiernos consideran que la ausencia de control sobre sus ciudadanos favorecería la aparición de un “poder ciudadano” que acabaría con el desmantelamiento de las estructuras estatales actuales. El cálculo de Paris y Madrid parece ser el siguiente: “más orden para evitar el desorden”.
Políticas y medidas abusivas
En este sentido, las “amenazas terroristas” sirven a los gobiernos francés y español para adoptar medidas y políticas que sean aceptadas por los ciudadanos. De hecho, en España, el “acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo”, firmado por el PP y el PSOE en febrero de 2015 y adoptado por el Congreso en marzo, subraya, junto con el alejamiento de los socialistas del principio autoproclamado de defensa de los derechos fundamentales del ciudadano, el cheque en blanco que se atribuye el gobierno para el uso de cualquier medida justificada por “la lucha contra el terrorismo”. Permitir aplicar “la máxima pena privativa de libertad recogida en el código penal” a aquellos responsables de delitos de terrorismo con resultado de muerte, en un contexto donde se trata de la posibilidad para el gobierno de erradicar “cualquier forma de radicalización violenta”, abre las puertas a toda clase de interpretaciones. Además, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (o ley Mordaza) adoptada en el Congreso (en solitario por el PP) en marzo de 2015 también se debe leer junto con las medidas y disposiciones presentes en el “pacto contra el terrorismo”. La amplia libertad que tiene ahora el gobierno para evaluar el nivel de amenaza constituido por las manifestaciones populares, así como las elevadas multas y las duras sanciones previstas contra quién pudiera alterar “el orden público” o “faltar el respeto a la autoridad”, permiten al gobierno definir con total impunidad las amenazas al país y los individuos a los que considerar responsables. Así que, si seguimos la lógica del gobierno actual, el gobierno español podría llegar a tener derecho a detener a los miembros de la Fundación Nous Catalans dado que ésta estaría, según el Ministro de Interior, Fernández Díaz, intentando captar y hacer proselitismo de “musulmanes extremistas” (una categoría de la población ya sospechosa y amenazante desde el punto de vista del gobierno) en el contexto de la independencia catalana (¿se vincula potencialmente a otra reivindicación que amenaza a la integridad territorial?).
La situación en Francia es muy parecida a la de España. Los ataques al Charlie Hebdo han llevado al gobierno francés a impulsar un proyecto de Ley de Inteligencia (ya en preparación desde más de un año) que permitirá a los servicios de inteligencia usar métodos amplios para “vigilar” a cualquier persona que pudiera amenazar “la independencia nacional, la integridad del territorio y de la defensa nacional”, así como “los intereses superiores de política exterior”. Además, el proyecto pretende “la prevención de los atentados contra la forma republicana de las instituciones” y luchar contra “la criminalidad y la delincuencia organizadas”. Junto con estas definiciones tan amplias, es llamativa la ausencia de contra-poderes reales y efectivos. La Comisión Nacional de Control de las Técnicas de Inteligencia sólo podrá dar una opinión consultiva sobre las medidas utilizadas por los servicios de inteligencia, y el Primer ministro podrá decidir, en cualquier momento, no atenerse a ella. A este dispositivo –que será adoptado aún con posibles enmiendas simbólicas– hay que añadir la existencia de otro texto también importante: la Ley del 13 de noviembre de 2014 sobre el reforzamiento de las disposiciones relativas a la lucha contra el terrorismo. Esta ley ha desplazado el delito de “apología del terrorismo” del campo de la ley de 1881 sobre la libertad de la prensa hacia el código penal. Así que, a pesar de estar justificado, según el ministro francés del interior, Bernard Cazeneuve, por la necesidad de luchar contra las estrategias mediáticas adoptadas por “los grupos criminales” y otros “terroristas”, la apología del terrorismo no ha tardado en aplicarse a un caso muy llamativo. El 18 de marzo de 2015, el humorista polémico Dieudonné M’Bala M´Bala ha sido condenado a una pena de dos meses de prisión (aunque se haya suspendido) por haber puesto en su página de Facebook, en enero de 2015, un mensaje diciendo: “Sepan que esta noche, en lo que a mí respecta, me siento Charlie Coulibaly” (una combinación del nombre de la revista Charlie Hebdo con el nombre de la persona que asesinó a cuatro franceses y/o tunecinos judíos en un supermercado, dos días después de los ataques de Charlie Hebdo). Importa precisar aquí que el juicio de Dieudonné lo había impulsado inicialmente el ministro del interior, Bernard Cazaneuve. En cuanto al delito de apología del terrorismo, la adopción de la Ley del 13 de noviembre de 2014 ha motivado centenares de procedimientos.
En búsqueda de contrapoderes
Los casos francés y español reflejan, a nivel más general, la tendencia hacia la restricción de las libertades fundamentales que se está desarrollando y favoreciendo en Europa y en otras partes del mundo. Con la excusa de la lucha contra el terrorismo (una razón plenamente justificada), los gobiernos se están atribuyendo el derecho a determinar quiénes son los que amenacen “el orden público”, sean “radicales musulmanes” (definición bastante amplia) o no (y aquí, podría caber el caso de cualquier persona). Así que, con las definiciones tan amplias que tenemos hoy sobre cuáles son las amenazas y quienes las representan, acabamos siendo todos sospechosos.
Resulta importante luchar contra esta tendencia antes de que se excluyan totalmente nuestros derechos fundamentales. La falta de determinación de los políticos –y de los partidos más importantes– a poner obstáculos a los abusos de poder de los gobiernos actuales parece complicar la tarea. Pero, en cambio, la insistencia de los ciudadanos con reivindicaciones populares pacificas aparece como un paso imprescindible para limitar el fenómeno de anulación de los derechos ciudadanos fundamentales. Del mismo modo, también se necesita una implicación mayor por parte de instituciones y poderes que tienen la capacidad de limitar las políticas radicales adoptadas por varios gobiernos. Estas incluyen al poder judicial, a las instituciones intergubernamentales (ONU, Consejo de Europa, Tribunal Europeo de Derechos Humanos…) así como al Parlamento Europeo, cuyas competencias han sido ampliamente reforzadas con el Tratado de Lisboa.
