Los dos primeros años de esta legislatura se han caracterizado por una actividad legislativa frenética, con importantes consecuencias para los derechos y las libertades civiles, así como para las garantías de los ciudadanos ante la justicia. Es importante que todos entendamos que las reformas emprendidas por el Gobierno no pueden verse como acciones aisladas, sino que están íntimamente vinculadas y tienen un mismo objetivo: debilitar el Estado de Derecho. El estado de Derecho se asienta sobre dos pilares fundamentales. Por un lado, el respeto, la promoción y la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos y, por otro, un Poder Judicial fuerte e independiente, que proteja esos derechos. Las reformas del Gobierno afectan por igual a ambos pilares.
Quizás sea más ilustrativo si seguimos la cronología completa de estas reformas. Desde principios de 2012, el Ministro de Justicia venía anunciando una reforma del Código Penal. El Anteproyecto de Ley se aprobó en octubre de 2012. En otoño de ese mismo año se debatía en el Congreso la Ley de Tasas Judiciales que finalmente entró en vigor en diciembre. Ese mismo mes se publicó en el B.O.E la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que acababa con los puestos de aproximadamente 1.200 jueces sustitutos. En enero de 2013 conocíamos el borrador del nuevo código penal procesal y, en noviembre de 2013, se aprobó el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. En febrero de 2014 llegó al Congreso el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, a la par que, en apenas dos meses, se aprobaba la reforma de la justicia universal en marzo. La última en llegar en esta carrera legislativa ha sido una nueva reforma integral de la LOPJ en abril de 2014.
Frente a una sociedad civil que protesta y se moviliza pacíficamente, el Gobierno ha respondido con multas, detenciones y acusaciones. Como la Justicia ha reaccionado protegiendo los derechos en juego (anulando multas, legitimando protestas pacíficas, etc.), el Gobierno ha endurecido su respuesta y ha buscado eliminar los elementos incómodos. Si los ciudadanos se expresan y protestan, se reforma el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, criminalizando la protesta social pacífica. Como los jueces protegen a quienes ejercen sus derechos fundamentales, se transforman faltas en infracciones administrativas para que sea la Administración la que imponga directamente las sanciones.
Para debilitar al Poder Judicial, se ha eliminado el 20% de las personas que administran justicia a pesar del evidente colapso del sistema judicial. Como los trabajadores, los desahuciados y los preferentistas reclaman, se introducen tasas judiciales. Se impone el pago obligatorio de una tasa judicial a toda aquella persona que quiera demandar o recurrir una decisión judicial, tasa que no se recupera aunque se gane, dificultando así el acceso de los ciudadanos a los tribunales. Se pretende también elevar los actuales umbrales y exigencias para acceder al derecho de asistencia jurídica gratuita. Al endurecer las condiciones para que se vea reconocida la insuficiencia de recursos, menos personas podrán beneficiarse de un abogado de oficio.
Otro ejemplo de esta voluntad de impedir a la ciudadanía el acceso a los tribunales es la reforma de la acción popular que es el mecanismo por el cual la sociedad civil (ONGs, asociaciones, etc.) puede participar en el ejercicio de la acción penal. Casos como los “papeles de Bárcenas”, Noos, o “Blesa al banquillo” han sido iniciativas ciudadanas que han ejercido la acción popular ante la pasividad de la fiscalía.
El Gobierno pretende quitar a los jueces la instrucción (la fase destinada a la investigación de los delitos) y dejarla en manos de fiscalía, que depende del Gobierno a través del Fiscal General del Estado. Además se quiere introducir un “principio de oportunidad”; es decir, tendrán la capacidad de decidir si resulta oportuno o no ejercer la acción penal y en contra de quién. Todo ello sin ningún mecanismo de control o contrapeso y sin garantizar la independencia de la Fiscalía respecto del poder ejecutivo.
Finalmente, para cerrar el círculo y evitar que la sociedad pueda escuchar las opiniones críticas de los profesionales de la justicia, se pretende limitar el derecho a la libertad de expresión de jueces y fiscales, así como de sus asociaciones, y su derecho a participar en la vida pública.
Desde RIS llevamos dos años aportando análisis respecto de estas reformas, contando también con la colaboración de juristas y expertos que nos han ayudado a explicar lo que aquéllas implican para los ciudadanos. Ello nos ha permitido constatar que todas estas reformas comparten importantes deficiencias: falta de justificación debida y razonable, ausencia de una necesidad social apremiante que les otorgue legitimidad, una redacción que se caracteriza por la imprecisión de los términos, restricciones desproporcionadas de derechos fundamentales; todo lo cual las convierte en discriminatorias.
El Gobierno, sin duda, tiene un plan, pero es cortoplacista y se está llevando a cabo a través de una técnica legislativa muy criticable. El ejecutivo no ha recabado la participación de expertos durante los trámites de redacción de los anteproyectos. Incluso se ha recurrido a trámites de aprobación de urgencia, limitando con ello el debate público e ignorando las advertencias que se le venían haciendo respecto de las nefastas consecuencias de algunas de estas modificaciones normativas, como bien ejemplifica la reforma de la justicia universal que lo que ha conseguido es poner en la calle a narcotraficantes y enfrentar a jueces y fiscales. Todo ello como resultado de la obsesión por restringir los derechos de la ciudadanía, limitar el acceso de éstos a los tribunales, así como debilitar y controlar la acción de la Justicia.
Todas estas reformas, vistas en su conjunto, no protegen más al ciudadano ni fortalecen nuestro estado de Derecho. Todo lo contrario, se está legislando en contra del ciudadano y para proteger a los poderes públicos y autoridades. Se está desmantelando nuestro estado de Derecho.
Desde RIS, nos unimos a los esfuerzos de otros colectivos en la lucha contra estas reformas, y es con esta intención que ha nacido la campaña informativa #SinJusticia. Para mostrar las conexiones entre las diferentes reformas, que todos estemos informados y actuemos juntos para defender nuestro estado de Derecho.
Este artículo fue originalmente publicado en Eldiario.es
