Desde 2015, Polonia viene atravesando una crisis constitucional que ha resultado en una amenaza sistémica al Estado de Derecho en Polonia, una situación que ha sido denunciada repetidamente por múltiples organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales. La situación es tan excepcional que la Comisión Europea activó en diciembre de 2017 el procedimiento del artículo 7 (1) TUE para, entre otras cosas, advertir contra el ataque sistémico a la independencia de los jueces y la puesta en peligro del derecho a un juicio justo. Para resumir, en los últimos tres años, el Parlamento polaco ha adoptado alrededor de 20 leyes que ponen en serio riesgo la independencia del sistema judicial y la separación de poderes al permitir a la mayoría gobernante controlar y politizar al Poder Judicial.
Tribunal Supremo
Uno de los cambios más perjudiciales relacionados con la independencia del poder judicial está relacionado con el Tribunal Supremo de Polonia. Durante el último año, el Parlamento aprobó tres leyes que modifican la Ley del Tribunal Supremo. Entre los cambios introducidos se incluye reducir la edad de jubilación de los jueces, cambiar la estructura del Tribunal Supremo e introducir un nuevo mecanismo que permite, de manera extraordinaria, impugnar decisiones de los tribunales que pasaron a ser firmes y definitivas desde 1997. Pero lo verdaderamente importante es, que dichos cambios, pretenden acabar con el mandato del Primer Presidente del Tribunal Supremo y situar en la judicatura nuevos jueces seleccionados por el nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial, que ha sido copado por la mayoría gobernante. En la actualidad está pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un procedimiento en relación con la Ley del Tribunal Supremo. Para dejar sin contenido la futura decisión del TJUE, y la medida cautelar dictada por el Tribunal Supremo Administrativo, el presidente de Polonia nombró 27 nuevos jueces del Tribunal Supremo, mediante un proceso de selección dudoso, la mayoría de los cuales tienen fuertes vínculos políticos.
La decisión del Presidente suscita numerosas preocupaciones sobre la legitimidad de los jueces recién nombrados y puede tener consecuencias perjudiciales para garantizar en el futuro el derecho a un juicio justo. Esto implica que las autoridades políticas en Polonia están ignorando abiertamente tanto el procedimiento ante el TJUE en relación con la Ley del Tribunal Supremo que está pendiente de resolución (asunto Comisión c. Polonia, C-619/18), como la amenaza de incumplir las decisiones de los tribunales nacionales.
Consejo Nacional del Poder Judicial
También ha de resaltarse el papel del Consejo Nacional del Poder Judicial que ha presidido los nombramientos inconstitucionales de numerosos jueces. En 2017, el Parlamento polaco modificó la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial. El Consejo, que está constitucionalmente obligado a salvaguardar la independencia de los jueces y tribunales, así como para llevar a cabo los procesos de nombramiento de los jueces, solía estar formado por jueces nombrados por sus compañeros y representantes del Parlamento y el Presidente. Después de las reformas, corresponde al Parlamento nombrar a los jueces del Consejo. El proceso de elección de los nuevos miembros del Consejo no fue revelado y altamente politizado, siendo elegidos jueces con fuertes vínculos con el Ministro de Justicia, que es, al mismo tiempo, el Fiscal General. El Consejo, en su composición actual, no proporciona un mecanismo efectivo para proteger la independencia de los jueces y salvaguardar la separación de poderes en un estado democrático.
Recientemente, el Consejo Nacional del Poder Judicial ha nombrado jueces para los puestos vacantes de jueces en el Tribunal Supremo. Cabe destacar que varios de los candidatos impugnaron la decisión del Consejo y recurrieron ante el tribunal administrativo que dictó las medidas cautelares dejando en suspenso el proceso de nombramiento de los nuevos jueces hasta que se resuelva el fondo del asunto. A pesar de eso, el Presidente de Polonia tomó juramento a los candidatos elegidos en su toma de posesión como jueces del Tribunal Supremo.
Tribunales ordinarios
Las reformas y cambios también han afectado al sistema de tribunales ordinario. Uno de los propósitos es debilitar la posición de los presidentes de los tribunales. Como consecuencia de las enmiendas a la Ley sobre los tribunales ordinarios, el Ministro de Justicia (que también actúa como Fiscal General) ha adquirido competencias para nombrar y destituir discrecionalmente a los presidentes de los tribunales. Entre agosto de 2017 y febrero de 2018, el Ministro de Justicia reemplazó a los presidentes en alrededor de 150 procedimientos. En muchos casos, los nuevos presidentes de los tribunales también han estado estrechamente vinculados con el Ministerio de Justicia, por ejemplo, por tener relaciones personales o laborales.
Hostigamiento e intimidación
Además, aquellos jueces que se oponen a las violaciones del Estado de derecho o que toman una decisión que resulta desfavorable, desde la perspectiva de la mayoría gobernante, pueden enfrentarse a procedimientos disciplinarios, entre otras cosas, por presentar cuestiones preliminares ante el Tribunal de Justicia de la UE. Sólo en el último mes, se han iniciado procedimientos disciplinarios contra cuatro jueces. Los procedimientos están pendientes de resolverse y, dados los acontecimientos recientes, se puede afirmar que su objetivo principal no sólo será castigar a los jueces, sino que también generará un efecto disuasorio que afectará al trabajo de otros jueces en Polonia. Además, el informe recientemente publicado de la Asociación de Jueces IUSTITIA muestra que el 15% de los jueces que participaron en esa encuesta han padecido diferentes formas de presión política.
Actualmente, en Polonia no hay mecanismos que protejan de manera efectiva a los jueces frente a presiones políticas. La independencia de los jueces se encuentra sólo en sus habilidades profesionales, su integridad moral y, más allá de eso, en su coraje. Por estas razones, estamos convencidos de que existe una amenaza sistémica al derecho a un juicio justo en Polonia.
