¿Dónde está la Prevención?

Ahora que empiezan a enfriarse las noticias sobre los ataques de París, quizás sea el momento de reflexionar más en frío sobre lo ocurrido y, principalmente, sobre sus futuras consecuencias. A los pocos días de los atentados, los ministros europeos de justicia e interior, junto al fiscal general de los EE.UU., se reunieron en París donde anunciaron medidas para reforzar las fronteras exteriores de la UE, de los viajeros y de internet. En el Estado español, además, se anunciaron reformas del Código Penal y al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, queriendo sancionar, por ejemplo, la lectura reiterada de páginas web de contenido ‘pro-yihad’ o apoyando la apertura de ficheros de viajeros.

¿Pero, es éste el camino correcto? Yo no lo creo. Recordemos que los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York se dieron en 2001. Hace ya más de una década. Momento en el que, como reacción a los mismos ya se impusieron medidas de control en aviones y fronteras, endurecimientos de penas y restricciones de derechos y libertades, entre ellas por cierto, de la libertad de expresión; pero aquí seguimos.

Así, curiosamente, mientras los diferentes estudios sobre quiénes son estos ‘yihadistas’ nos informan que éstos son, en su mayoría, nacionales europeos y que, por lo tanto, se necesita hacer un trabajo al interior de Europa. Tenemos gobiernos, como el español, que sigue tratando la cuestión como ajena o exterior, aprobando protocolos de actuación particulares contra personas de origen o apariencia árabe (aunque luego hayan sido anulados), discriminatorios y victimizantes hacia una población que, ya de por sí, está en peligro de exclusión y que, en cualquier caso, simplemente no son eficaces.

De hecho, mucho se ha escrito estos días tratando de aclarar la diferencia entre árabe, musulmán, islamista o integrista, pero pareciera que llueve sobre mojado pues estamos asistiendo a un control desproporcionado hacia personas de estas características: joven, árabe y pobre. Olvidando, por ejemplo, que quienes luchan en Afganistán, Siria o Irak, no siempre responden a ese patrón, por no mencionar el carácter marginal de los mismos entre la población musulmana en Europa. Así, si en el Estado español viven más de dos millones de musulmanes, la mayoría, ciertamente, de origen árabe, se calcula que únicamente medio centenar ha ido a luchar con el Estado Islámico, representando solamente un 0,0025 % de la población potencialmente afectada por éstas medidas. Algo, completamente irracional, si por ejemplo, se hace la absurdidad de comparar la «necesidad» de la medida con la población total de la Comunidad Autónoma Vasca y la Foral Navarra, y el número de miembros que ETA ha llegado a tener en su historia. Y si nunca hemos aceptado un protocolo particular de actuación de la policía para vascos o similares, ¿por qué lo aceptamos para árabes o parecidos? Y, ¿cómo se diferencia físicamente a un yazidí de un árabe cristiano, un sefardí, un salafista, o cualquier señor de Granada o Marsella? ¿Por las barbas? ¿Ya no podrá uno ser hípster?

Cuando analizo problemáticas en derechos humanos y los posibles métodos de actuación me gusta tener en cuenta las teorías que rodean a la medicina preventiva y sus diferentes fases. Las cuales se diferencian, resumiendo, en (i) prevención primaria: actuaciones antes de que aparezca una determinada enfermedad; (ii) prevención secundaria: de diagnóstico precoz, cribado o screening, con el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad y que suele estar asociada a un tratamiento eficaz o curativo; (iii) prevención terciaria: o restablecimiento de la salud, una vez que ha aparecido la enfermedad, aplicando un tratamiento para intentar curar o paliar; y (iv) prevención cuaternaria: o el conjunto de actividades sanitarias que atenúan o evitan las consecuencias de las intervenciones innecesarias o excesivas (sobretratamiento). Pues estimo que es la mejor manera de intentar entender una situación compleja en su totalidad buscando soluciones a la misma. Lógica, que para nada está siendo utilizada en ésta situación particular.

Volviendo al caso español, es de conocimiento público que un número significativo de ‘yihadistas’ ha salido concretamente del barrio Príncipe Alfonso de Ceuta. Un barrio de 12.000 habitantes con un 65% de paro, altas tasas de abandono escolar y con muy poca y deficiente presencia del Estado. De población mayoritariamente musulmana, presenta uno de los peores índices de desarrollo humano del Estado, deficiente acceso a electricidad, agua y saneamiento, indicando la nula intervención desde una perspectiva de Prevención Primaria. No es cuestión de criminalizar la pobreza, pero sí de tener en cuenta que la exclusión y la discriminación son caldo de cultivo del desarraigo y la marginalidad, puertas de entrada en muchas ocasiones a la criminalidad.

De hecho, en Príncipe Alfonso, la violación de derechos básicos está a la orden del día y si verdaderamente se quisiera prevenir la tasa de identificación de sus habitantes con grupos fundamentalistas, una actuación de Prevención tanto Secundaria como Terciaria, lógicamente debería implicar la puesta en marcha de una intervención integral que buscase dar la vuelta a esta situación. Pero justamente ocurre todo lo contrario, la Prevención no está presente.

Así, paradójicamente, tras poco más de un año de funcionamiento, recientemente se decidió cerrar la oficina que apoyaba la implementación del Plan de Desarrollo del barrio, con la pérdida de credibilidad que ello implica para la institucionalidad, sumándose ésta al cierre de comedores escolares o de otras unidades de atención social en la ciudad, agravando la situación de abandono del mismo. El diagnóstico está, la «enfermedad» está, el peligro de extenderse también… pero, faltan fondos para trabajo social. Eso sí, no faltan fondos para reprimir ni controlar. Dándose el contrasentido de que la administración española tiene dinero para poner en marcha dispendiosos programas de control informatizado de sus ciudadanos y visitantes, pero no para cumplir con el simple derecho de acceso al agua potable o poder dar una comida caliente al día a sus ciudadanos más débiles.

Por el contrario, tanto Reino Unido como Alemania o Dinamarca están llevando a cabo experiencias interesantes en “desradicalización” de aquellos cercanos o que incluso participaron en grupos fundamentalistas, basadas en la recuperación y promoción de derechos como ciudadanos. Y aunque estos programas también hayan sido afectados por la tendencia a la reducción del gasto público, ¿por qué no aprendemos más de ellos? ¿Será que son medidas poco vendibles en año electoral?

Tras casi una década trabajando en los Balcanes observé muy de cerca cómo grupos islamistas se acercaban a la población y hacían proselitismo ofreciéndoles no solamente la palabra de Dios, sino resultados efectivos a sus necesidades básicas. Así, mientras nosotros trabajábamos por construir democracia, o más concretamente, puentes e infraestructura, ellos daban de comer, ayudaban a llegar a fin de mes, cubrían gastos de calefacción y se encargaban de la educación. Simple pero eficaz. Y así aumentaba su parroquia.

No es cuestión de apostar por el asistencialismo, pero la situación de Príncipe Alfonso, guardando algunas diferencias, se repite en otros lugares de toda Europa con concentración de población excluida, de donde han salido la mayor parte de los más de 500 combatientes fundamentalistas británicos o los más de 1000 franceses. Y aunque la puesta en marcha de medidas preventivas no significa que den un resultado del 100%, ni a corto, medio o largo plazo, pues siempre, como en todo «tratamiento», hay efectos secundarios y/o individuos inmunes, el enfoque de derechos garantizando unas coberturas básicas a la hora de trabajar con estas poblaciones ayuda y mucho. Lo que sí es cierto es que, al contrario, con el aumento de la represión y el olvido de la prevención, corremos el riesgo de seguir como hasta ahora y tener, además, que afrontar a futuro esas consecuencias de intervenciones innecesarias o excesivas de las que trata la Prevención Cuaternaria al estilo Guantánamo.