Este 2016 el 17 de julio, Día de la Justicia Internacional, ha llegado ante la mirada de un mundo que se desangra en conflictos armados nunca acabados y desplazamientos masivos de población similares a los que acontecieron tras la segunda guerra mundial.
Y es, sin embargo, en este año en el que la justicia internacional parece empezar a dar sus frutos.
La idea de la necesidad de una justicia universal nace con los juicios de Núremberg y los de Tokio en los que se entiende de manera colectiva la necesidad de protección conjunta de la humanidad frente a crímenes que dada su gravedad no pueden quedar impunes como son los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Para celebrar y recordar que aún queda mucho por hacer, el Día de la Justicia Internacional es el aniversario de la adopción del Estatuto de Roma.
Desde entonces diferentes mecanismos para garantizar la justicia internacional se han ido creando. En el 2002 nació la Corte Penal Internacional (CPI), que actúa a nivel supranacional en aquellos casos en los que cuenta con jurisdicción. Previa y posteriormente, diferentes tribunales penales internacionales y tribunales ad hoc han juzgado crímenes como los genocidios de Ruanda y de la Antigua Yugoslavia. Por último, los tribunales nacionales actuando en virtud del principio de justicia universal suponen una valiosa herramienta para luchar contra la impunidad.
Pese a que todos los juristas internacionales somos conscientes de que la justicia internacional se tambalea, no es precisa, ni ajena a la política como un sistema judicial debería ser, este año y más este día podemos y debemos celebrar tres grandes victorias.
En primer lugar, el 14 de marzo de 2016 el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY) condenó a 40 años de prisión a Karadži?. Pese a declararse inocente, obre él recaían por parte de la fiscalía dos cargos de genocidio, cinco de crímenes contra la humanidad, cuatro por violación de los derechos en tiempos de guerra o crímenes de guerra.
Desde 1991 a 1995 Karadzic participó activamente para eliminar a los musulmanes bosnios y croatas de las zonas de Bosnia y Herzegovina que consideraba territorio serbio. Entre otros crímenes, se le considera responsable de dirigir una campaña en Sarajevo de expansión del terror contra la población civil privándoles de agua y productos básicos como forma de terror psicológico.
Pero si Karadzic destaca es por su participación en el genocidio de Srebrenica en 1995, en un enclave que en principio se consideraba zona segura y bajo la protección de las tropas holandesas. En este murieron 7.500 hombres y niños musulmanes de procedencia bosnia por el hecho de su origen racial como parte de una campaña para aterrorizar y desmoralizar a la población musulmana y bosnia. Karadzic, de profesión doctor y poeta, estuvo prófugo 13 años, negó su culpabilidad sobre las acciones, y en numerosas ocasiones puso en duda la legitimidad del tribunal para juzgarle y posteriormente pasó a representarse a sí mismo en juicio durante 8 años.
Este juicio ha sido identificado como uno de los más importantes desde Núremberg, siendo él uno de los 161 acusados en la guerra de Yugoslavia en la que más de 130.000 personas fueron asesinadas. Sin embargo, el juicio aún enfrenta dudas sobre si la justicia lleva a la paz. Hoy en los Balcanes la reconciliación se ve lejana, en un momento en el que Bosnia y Kósovo están más divididas que nunca y en la que Milorad Dodik lo ha homenajeado inaugurando una residencia de estudiantes con su nombre. En una mitad de la antigua Yugoslavia, esta sentencia se ha entendido como una expresión más del carácter extremadamente anti-serbio del tribunal mientras que para la otra parte una sentencia con 20 años de retraso no es en realidad justicia.
Dos datos positivos. El TPIY ha recogido pruebas testimoniales que nos permiten no olvidar lo que pasó ante un viraje nacionalista en las repúblicas yugoslavas. A la vez supone el reconocimiento internacional de estos criminales como tales tras los pactos de Dayton y, por lo tanto, alejarlos del foco público en algunos lugares en los que ejercían su liderazgo.
Como si de una carrera para hacer justicia se tratara, el segundo triunfo de este año para la justicia internacional llegaba el 21 de junio de 2016. Este día dictaba sentencia condenatoria la Corte Penal Internacional en el caso de Jean Pierre Bemba Combo con 18 años en prisión, acusado de crímenes contra la humanidad, asesinato y violación y tres cargos por crímenes de guerra en la Republica Centro Africana, todo ello en tan solo 6 meses en el poder entre 2002 y 2003.
Con Bemba, dos situaciones se aclaran tras un juicio que empezó con irregularidades y en el que aparecieron acusaciones de sobornos y falsos testigos paralizando el proceso. Por un lado, esta sentencia desarrolla la especial crueldad empleada contra civiles indefensos por parte de los soldados liderados por Bemba como superior de ellos y, por lo tanto, responsable en la cadena de mando de su actuación. El juez Steiner puntualizó ciertas prácticas durante el juicio que demuestran la violencia y ánimo con el que se cometían los crímenes. Los asesinatos eran perpetrados públicamente frente a las familias y frecuentemente se acompañaban de violaciones y saqueo. Se han registrado numerosas víctimas de edades comprendidas entre 10 y 17 años y casos de sadismo, violando a familias enteras, lo que acarrea ostracismo, estigmatización y rechazo social por parte de las comunidades.
Asimismo, con Bemba se reconoce en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional por primera vez la violación como crimen de guerra y crimen contra la humanidad, tanto contra mujeres como también -y aquí la segunda novedad- la sufrida por hombres reconociéndola como violencia sexual.
Por último, el asunto Hissène Habré es el primer caso de jurisdicción universal en África, condenado en mayo por la Corte Africana Extraordinaria emplazada en Senegal a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad de guerra y tortura cometidos en Chad durante su mandato como presidente entre 1982 y 1990. Se calcula que existen más de 40.000 víctimas asesinadas o que murieron en los distintos centros de detención creados por su régimen. La existencia de numerosos actos de violencia contra las mujeres que las convertía en esclavas sexuales a manos de oficiales del Ejército también ha quedado demostrada a partir del testimonio de las víctimas en el juicio. Después de 20 años huyendo de la justicia y tras diferentes obstáculos legales, se consiguió su extradición. En este caso hay que remarcar la gran labor de las víctimas, tanto en la recolección de pruebas como su valor testificando.
Habré ha sido condenado por la Corte Africana Extraordinaria emplazada en Senegal, suponiendo el primer caso en resolverse en África por parte de un tribunal local, en un contexto en el que tanto Kenia como Sudáfrica han manifestado recientemente que podrían denunciar el Estatuto de Roma y en el que la Unión Africana ha trazado una “hoja de ruta” para que sus Estados miembros abandonen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
¿Cuál es entonces el futuro del sistema de justicia internacional?
El derecho internacional a menudo se encuentra con una escasa voluntad de los estados de cumplir sus obligaciones y soberanía, lo cual dificulta la total rendición de cuentas por los responsables de crímenes internacionales. Sin embargo, lastres sentencias de este año demuestran que la justicia internacional sigue siendo el mejor mecanismo que tiene el mundo para afrontar la impunidad y buscar la justicia, verdad y reparación para las víctimas. La violencia expresada en forma de los peores crímenes se sigue expandiendo en la actualidad y nuevos juicios serán necesarios a la hora de enfrentarnos a las nuevas realidades de este siglo y las nuevas formas de terrorismo. Como ejemplo, la Corte Penal Internacional confirmó que enjuiciaría a Ahmad Al Faqi Al Mahdi, por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra mezquitas y mausoleos. Esta sería la primera vez que alguien afronta cargos ante la CPI o cualquier otro tribunal por la destrucción de edificios dedicados a la religión.
Así, este 17 de julio hay que recordar aspectos negativos y justas críticas que existen, pero no hay que olvidar que, desde su nacimiento, ciento treinta y nueve países han firmado el tratado de la CPI y cerca de ochenta estados de cada región del mundo lo han ratificado, habiendo en la actualidad más de 10.000 víctimas que han entablado procedimientos en la justicia internacional en Afganistán, Colombia, Libia, México, Palestina, Siria, Sudán, Sudán del Sur y Ucrania.
