El miércoles pasado un Jurado de Staten Island (Nueva York) decidió no presentar cargos contra el policía (blanco) que estranguló a Eric Garner (negro), pese a que el fallecimiento se produjo por un ataque al corazón mientras el agente le hacía una llave que le asfixió. “No puedo respirar, no puedo respirar”, dijo en varias ocasiones Eric Garner antes de morir. Conocemos todos los detalles de este caso porque se grabaron en un vídeo que ha dado la vuelta al mundo, y pese a ello, como decía, el jurado no vio motivos suficientes para siquiera imputar al agente que asfixió a Eric Garner.
Todo esto ha ocurrido, además, tan sólo dos semanas después de que otro jurado tampoco presentara cargos contra el agente de policía (también blanco) que asesinó a disparos a Michael Brown, adolescente de Ferguson de tan sólo 18 años. Michael estaba desarmado y carecía de antecedentes penales; no había nada en su conducta que justificase los disparos, pero era negro.
Tanto en Ferguson como en Nueva York la decisión de los jurados ha provocado que se recrudezcan más, si cabe, las protestas de los distintos colectivos contra la policía. Debe recalcarse que estos homicidios, con un más que aparente sesgo racista, ocurren en un contexto en el que determinadas comunidades están sobreexpuestas, de forma claramente desproporcionada, a la actuación de la policía. Los homicidios son solamente la punta del iceberg de una realidad de estigmatización y discriminación, en la que el color de la piel u otras características personales condicionan el tipo de relación que pueda tener una persona con la policía.
Los datos hablan por sí solos: en Nueva York, los negros y latinos sufrieron el 88% de los 4,4 millones de controles policiales en la calle realizados entre 2004 y 2012, pese a representar apenas la mitad de la población (controles que, de hecho, no se justificaron en la mayoría de los casos: un 83% de las paradas no conllevaron ni denuncia ni detención). Y los jóvenes están aún más sobreexpuestos a estas prácticas: en 2011 los negros y latinos de 14 a 24 años fueron objeto del 41,6% de los controles, pese a representar únicamente el 4,7% de la población total de Nueva York.
En España lamentablemente no disponemos de datos oficiales, pues no se registran ni las características étnicas de las personas identificadas por la policía, ni el resultado de tales controles; pero un estudio elaborado por la Universidad de Valencia documentó por primera vez con datos fiables y científicos el alcance del sesgo discriminatorio de las identificaciones policiales en España. Se preguntó a 2.800 personas si habían sido identificadas por la policía en los dos últimos años. Mientras que tan sólo el 6% de las personas blancas (con rasgos europeos) contestaron haber sido paradas por la policía en los dos últimos años, el porcentaje de la gente que respondía en el mismo sentido era de un 22% en las personas con apariencia andino-latinoamericana, un 39% en las personas con apariencia afro-latinoamericana, un 45% en las personas con apariencia magrebí, y alcanzaba el 60% en el caso del colectivo gitano.
El miércoles pasado, poco después de conocerse la decisión del jurado de Staten Island, una tuitera afirmaba: “me entristece que la ley en la que se supone que tenemos que confiar esté permitiendo que los policías maten gente”. Resumía así, en menos de 140 caracteres, lo que los académicos llaman la teoría de la justicia procedimental (procedural justice). Las investigaciones realizadas bajo este paradigma han demostrado que las experiencias con la policía percibidas como negativas por quienes la padecen dañan la confianza y la legitimidad conferida a esta institución, lo que redunda negativamente en la voluntad de estas personas en cooperar con las autoridades; esto a su vez mina la efectividad policial, y por tanto la propia seguridad ciudadana. Esta es una realidad que ha podido confirmarse en todos los países donde las minorías étnicas asentadas son discriminadas por la policía, y que de hecho ha desembocado en conflictos muy graves entre los colectivos y las instituciones: además de lo sucedido recientemente en Estados Unidos, no olvidemos los disturbios habidos en Francia, el Reino Unido o Suecia recientemente.
En este sentido, los investigadores de la Universidad de Valencia alertaban de que, si bien en este momento las minorías étnicas no tienen una opinión especialmente negativa de la policía española pese a estar sobreexpuestas a la actuación policial, esto se debe a su perfil inmigrante relativamente “reciente”. Sin embargo, esta realidad puede cambiar a medio plazo: las minorías asentadas en España pueden acabar perdiendo confianza en la policía en un futuro cercano, lo que puede desembocar en “un aumento de los conflictos entre las distintas comunidades y la policía, como ha ocurrido en otros países donde el fenómeno de la inmigración de ha venido produciendo hace más tiempo”.
Comparar los sucesos de Ferguson, Nueva York, o más recientemente Arizona con la realidad española es frívolo. Probablemente nunca lleguemos al extremo de que tantas personas pierdan la vida a causa del sesgo racial con el que actúa la policía; en lo ocurrido en Estados Unidos probablemente tenga mucho que ver la Primera Enmienda y la permisividad con la posesión de armas (que conlleva que la policía pueda usar las suyas más “fácilmente” que aquí, alegando una pretendida autodefensa), y no es imaginable que un país europeo llegue a esa situación. Ahora bien: el riesgo de que, en medio del clima de discriminación policial latente existente en España, explote un grave y doloroso conflicto social en un futuro cercano, es más que probable.
Y, en este contexto, es muy decepcionante que la clase política española no haya aprendido de lo que está ocurriendo en otros países con una diversidad racial más asentada. El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que se aprobará el día 11 de diciembre en el Pleno del Congreso, era una oportunidad histórica para poner freno a los controles basados en el perfil étnico de la personas estableciendo mecanismos concretos para erradicarlos. Pero en lugar de esto, el establishment ha optado por seguir mirando a otro lado y contribuir a que se siga normalizando el sesgo discriminatorio que padecen solo aquellos que no parecen pertenecer a la sociedad mayoritaria. De este modo, se seguirá estigmatizando y violando los derechos humanos de aquellas personas que sufren el hostigamiento policial y que no permanecerán calladas para siempre.
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PD: El título de este post lo he tomado prestado de la traducción al castellano (excelente, por cierto) del libro de Michelle Alexander, The New Jim Crow. Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, y que se ha traducido al castellano como El Color de la Justicia. La Nueva Segregación Racial en Estados Unidos, que analiza el sistema de castas raciales que sigue existiendo en la justicia penal de Estados Unidos, pese a la aparente superación de los prejuicios racistas.
PD2: Para aquellas personas que estén en Madrid el domingo 14, hay convocada una manifestación a las 18:00 en la Puerta del Sol, contra el racismo y la brutalidad policial.
