Cuando trabajamos en el exterior en cuestiones de derechos humanos o acceso a Justicia, uno de los documentos clave a la hora de intentar hacerse una idea de cuál puede ser la situación en un país cualquiera es el Informe Anual País del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EE.UU.). No es que sea la Biblia, pero complementado por informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, agencias especializadas y ONGs nacionales, da una buena visión de conjunto y apunta cuestiones clave, principalmente, si hablamos de Derechos Civiles y Políticos.
En este sentido, no sé si les pasa a ustedes también, pero a mí, estos últimos meses cada vez que leo la prensa tengo la sensación de haber sido tele-transportado a otra dimensión peor que la anterior. Bastante peor, de hecho. Como si alguien me hubiera movido de un lugar a otro instantáneamente, utilizando una máquina o dispositivo de ciencia ficción al estilo Star Trek.Pero, ¿será que siempre fue así?
Por lo que, como soy más de la generación de “Regreso al Futuro”, he cogido mi monopatín sancheski (skateboard le llaman hoy) y, cuan un Marty McFly cualquiera, he decidido montarme en una máquina del tiempo llamada ordenador (…quién pudiera hacerlo en un DeLorean DMC-12!) y, tras alcanzar una velocidad media de 88 millas por hora? (o tecleos por minuto), he podido viajar a través del tiempo, revisando qué es lo que el Departamento de Estado de los EE.UU. Comentaba sobre España en 2007 y qué decía de nuevo en 2016. ¿Les interesa? Yo creo que debería.
Resumiendo un poco, en 2007 dice que “el Reino de España, con una población aproximada de 45,1 millones de personas es una democracia parlamentaria encabezada por una monarquía constitucional. Posee un parlamento bicameral y el/la líder del principal partido político o coalición suele ser nominado a la presidencia” del Gobierno y que “(s)us autoridades civiles generalmente mantienen un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad”.
El informe también menciona que, de nuevo, “generalmente”, el gobierno respeta “los derechos humanos de sus ciudadanos, y (que) la ley y el poder judicial provee de medios efectivos para hacer frente a situaciones individuales de abuso. Existen informes sobre supuestos abusos de miembros de las fuerzas de seguridad contra detenidos y sobre menores migrantes maltratados en centros de detención”. Se informa sobre atrasos a la hora de formalizar acusaciones contra detenidos, expulsiones de inmigrantes en situación administrativa irregular, hechos aislados de anti-semitismo, discriminación contra comunidades musulmanas, violencia doméstica y tráfico de personas. También se informa de la reactivación del terrorismo de ETA y el asesinato de dos miembros de la Guardia Civil en Francia.
En relación al derecho a la vida, se menciona la sentencia contra un miembro de la Guardia Civil por la muerte bajo custodia de Juan Martínez Galdeano en Almería; otro caso involucrando a los Mossos por el homicidio negligente de Farid Ben Daoud; y sobre ETA, se apunta que durante 2007 no cometió ningún asesinato en territorio español.
En relación a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se indica la prohibición expresa en la Constitución y que el gobierno “generalmente” la respeta, aunque se apuntan casos de maltrato policial e impunidad. En particular, en base a informaciones de Amnistía Internacional, se informa sobre una mujer interfiriendo en un arresto en Barcelona, la cual sufrió daños por parte de oficiales de policía, siendo posteriormente multada por resistirse al arresto. De nuevo en Cataluña, se menciona la investigación de seis denuncias contra los Mossospor tratos degradantes ocurrido en 2006 en la comisaria de Les Corts y la condena a ocho miembros del mismo cuerpo por maltratos durante detenciones en las comisarías de Ciutat Vella ySants?Montjuic. Indicando que el juicio por agresión contra 13 oficiales de policía en relación al caso del ciudadano guatemalteco Luis Carrillo no había tenido lugar todavía por la imposibilidad de localizar a la víctima. Comentando, que 610 individuos habían presentado denuncias por maltrato contra miembros de las fuerzas de seguridad en 2006, representando 32 casos menos que en 2005, y que en el mismo año la defensoría del Pueblo había recibido hasta 3,663 denuncias por causas relacionadas con justicia, defensa e interior.
Mientras, con respecto a la situación en prisiones se afirma que “generalmente” se cumplen con los estándares internacionales y que el gobierno permite la visita de observadores independientes de derechos humanos. De hecho se menciona que durante la visita del Comité Europeo para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes se habían identificado denuncias de maltrato, alguna incluso de carácter serio. Recomendando la necesidad de mejorar la sistematización de la información al respecto. Adicionalmente, se informa que las prisiones sufren de superpoblación con 1,6 personas por celda, así como la inexistencia de presos políticos.
Con respecto a la libertad de prensa y la libertad de expresión, de nuevo se menciona que la Constitución garantiza ambos derechos y que el gobierno “generalmente” los respeta. Afirmando que en 2007 existía una prensa independiente, con un poder judicial efectivo y un sistema político democrático en funcionamiento y garantista. Además de un gobierno que no impide la crítica y una legislación que, bajo control judicial, prohíbe el apoyo y la glorificación del terrorismo. Recordando una sentencia de 15 meses contra Arnaldo Otegi por exaltación del terrorismo, así como la extradición de Gerd Honsik a Austria por la negación del Holocausto o el cierre de una página web por publicación de material neo-Nazi. Finalizando con las críticas de Reporteros sin Fronteras contra ETA por amenazas a periodistas. Afirmando que el gobierno no restringe el acceso público a ninguna página web, facilitando la existencia de diversos proveedores de internet.
Con respecto a 2016, desaparece el “generalmente” y el Departamento de Estado afirma que las “autoridades civiles mantienen el control efectivo sobre las fuerzas de seguridad”. Resumiendo los principales problemas de derechos humanos en la negación del acceso a asilo y la existencia de expulsiones forzosas, la existencia de corrupción “sistemática” entre oficiales del gobierno y la persistencia de violencia contra la mujer e infancia. Apuntando como otras cuestiones importantes la circulación de expresiones de odio en internet, la inequidad en oportunidades y salarios para la mujer en relación al acceso al empleo, el tráfico de mujeres y niñas, actos de vandalismo anti-semita, discriminación contra personas con capacidades especiales, musulmanes, minorías étnicas incluida la gitana, así como contra lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex(LGBTI).
No se mencionan casos de agentes del gobierno o de seguridad involucrados en asesinatos arbitrarios o ilegales, ni existen casos de desaparición por motivos políticos. Con relación a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes se vuelve a incidir en la prohibición constitucional y en el respeto de la misma “normalmente” por el gobierno. No habría informes sobre maltrato policial y los juzgados habrían desestimado algunas denuncias. Aunque, según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en 2015 se habrían reportado 128 casos de maltrato de personas bajo custodia policial, afectando a 232 personas, lo que sería una situación de mejora sustancial con respecto a los 961 casos registrados en 2014 o los 610 de 2006. Reduciéndose también el número de denuncias ante la Defensoría del Pueblo.
No obstante, se menciona la condena al Estado por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no haber investigado de manera adecuada las denuncias por tortura presentadas por Xabier Beortegi Martinez, miembro de EKIN. Y en relación a los centros de detención y prisiones, existe una mención especial a la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y otra al hecho de que 30 personas habrían fallecido bajo custodia en 2015, volviendo a destacar la aceptación por parte del gobierno del monitoreo independiente y externo de estos establecimientos.
Adicionalmente, se menciona un incremento de los crímenes de odio del 13% con respecto a 2014 (de los cuales solamente el 5% serían contra población musulmana); y si bien se destaca la adopción de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana,? conocida con el nombre coloquial de «Ley Mordaza», mencionando expresamente las multas por dejar de notificar a las autoridades competentes sobre la celebración de manifestaciones pacíficas en lugares públicos, las limitaciones al desarrollo de las mismas cerca de parlamentos, gobiernos regionales o infraestructuras “clave”, es difícil negar que tras una revisión de ambos documentos, la situación en 2016 frente a 2007 habría mejorado.
Curioso, ¿no? Porque la percepción existente en general es diferente. Ciertamente no hemos hablado de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde la situación, obviamente, no puede decirse que haya mejorado (de hecho los párrafos del informe de 2016 al respecto son bastante desalentadores) y cabe destacar que surgen nuevas y graves situaciones en relación a la población migrante. Sin embargo, deberíamos admitir que hasta el año pasado, al menos, no todo fue tan negativo. De hecho, quienes colaboramos con RightsInternational Spain (RIS) sabemos del esfuerzo hecho por diferentes cuerpos de seguridad tanto a nivel técnico como profesional (aunque no siempre político) para mejorar en relación al desarrollo de nuevos protocolos de actuación y gestión, estando cada vez más acordes con patrones internacionales de derechos humanos. Y como Donald Trump no entró en la Casa Blanca hasta enero de 2017, difícilmente se puede afirmar que éste sea un documento afectado por los ya famosos “hechos alternativos”.
Con todo, la maldita Star-gate o “Doc” Emmet Brown y su teletransporte, ha traído en 2017, y sobre todo en su segunda mitad, desde los atentados de Barcelona y Cambrils, a Parlaments y Senados que no siguen sus propios reglamentos, partidos en gobiernos con supuestas cajas B, cargas policiales en octubre, generalmente, marchas neo-nazis, multas en concentraciones, normalmente, detenciones preventivas de cargos públicos, raperos presos y titiriteros libres, fiscalías y jueces instructores que revolucionan la jurisprudencia, independencia v. imparcialidad, a-por-ellos… oé-oé, más revisiones y recortes, naufragios, apertura de procesos de ilegalización de partidos, sistemáticas, declaraciones y no-sé-qués, nuevas violencias contra la mujer, más odio en internet, xenofobia, intransigencia, banderas, machismo, miedo y cientos de demonios de los que difícilmente se va a poder escapar en sancheskis voladores. Así que, como una vez dijera el rey Pirro de Epiro: Otro informe como el de 2016 “…y volveré solo a casa”.
