El pasado 28 de octubre de 2015 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció, tras “realizar un exhaustivo análisis fáctico y jurídico de la información disponible”, que no se habían cumplido los requisitos legales previstos por el Estatuto de Roma para solicitar la autorización de los Jueces de la Corte Penal Internacional para abrir una investigación de la situación en Honduras.
Esto ha supuesto una gran desilusión para varios, especialmente para quienes esperaban que la CPI fuese una instancia determinante ante la impunidad reinante en el país. Un gran número de personas ya había perdido cualquier esperanza de que la Corte iniciara una investigación, puesto que cinco años es mucho tiempo, y cada informe publicado por la CPI sobre los avances arrojaba poca luz sobre la posibilidad de involucrarse en la situación en el país. El paso del tiempo lleva a que las pruebas se pierdan, los testigos quizá se arrepientan y los culpables caminen libres por las calles.
Como expuse antes, pasaron ya cinco años desde el inicio del examen inicial y este se enfocaba, en principio, en los hechos sucedidos después del golpe de Estado perpetrado contra el presidente constitucional Manuel “Mel” Zelaya el 28 de junio de 2009. Recordemos que ese fue el día en que la Corte Suprema del país dictó la orden de detención contra Zelaya y se decretó el toque de queda. La conmoción social y la represión a manos de las fuerzas armadas de seguridad continuaron sin cesar, incluso después de la celebración de las elecciones generales en el mes de noviembre de ese año, en las cuales Porfirio Lobo fue proclamado vencedor.
Desde ese momento hasta el día de hoy, la falta de justicia y las violaciones a los derechos humanos no cesan. Honduras está sufriendo.
Según Human Rights Watch, “los periodistas y los activistas campesinos son particularmente vulnerables a la violencia, pero el gobierno por lo general no juzga a los responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en riesgo.” Esa misma organización también alertó sobre la falta de independencia en la justicia y los abusos policiales producidos de forma sistemática contra los civiles, amén de altos índices de corrupción policial.
Pero eso no es todo, también UNICEF alertó sobre “la situación de violencia y abuso que afecta a la niñez del país” y Casa Alianza Honduras, añade que durante octubre de 2015, “los medios de comunicación escritos del país reportaron la muerte en forma violenta de 217 personas, lo que representa una cifra de 7 muertes violentas diarias” (del total de las muertes, 197 fueron del sexo masculino, 20 del sexo femenino. 117 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años, representando el 54% de las víctimas. Los casos reportados están en edades entre 8 y 75 años). Asimismo, señaló que en San Pedro Sula el número de casos de muertes violentas de menores de 23 años asciende a 20 y en el Distrito Central a 22.
Por desgracia, estas cifras ilustran algo que desde hace años lleva alertando la sociedad civil: por más que el actual presidente, Juan Orlando Hernández, proclame que la cifra de homicidios ha bajado, los índices siguen siendo altos y la violencia no cesa. Como tampoco cesa el número de jóvenes que se unen a las pandillas, ni el afincamiento de redes de trata de personas y criminalidad.
Es cierto que no es tarea de la CPI investigar las situaciones que describo en los párrafos anteriores, más bien debía investigar o evaluar la posible comisión de crímenes graves cometidos en el aftermath del golpe de Estado. A pesar de no desconocer la perpetración de graves crímenes, la Fiscal de la CPI concluía en 2014 que no existía base razonable para “pensar que estas conductas constituyen crímenes de lesa humanidad con arreglo al Estatuto de Roma”. Es decir, que con relación al golpe de Estado llevado a cabo contra el presidente Zelaya, se cometieron crímenes graves, pero no revestían la gravedad necesaria para ser materia de investigación de la CPI.
Sin embargo, en ese mismo informe del año pasado, la CPI había dejado una luz de esperanza al afirmar que reconocía “la existencia de alegaciones más recientes – después de la celebración de las elecciones abiertas en noviembre de 2009” y que “procuraba llegar a una determinación, en un futuro cercano, sobre si los actos denunciados constituyen crímenes de competencia de la Corte”.
Esta parte fue la que, por decirlo de alguna manera, ilusionó a la comunidad de ONGs: quizá llegaría una Corte internacional que aclararía qué fue lo que sucedió y se condenaría a los culpables.
Pero esto no sucedió. No fue suficiente: ni las alegaciones de crímenes cometidos después del 27 de enero de 2010 ni en la región del Bajo Aguán convencieron a la Fiscal, quien concluyó que “después de sopesar cuidadosamente la información disponible con relación a los requisitos legales del Estatuto de Roma” no existía fundamento razonable para que la Fiscalía procediese con una investigación.
Esta decisión dio por finalizada esta etapa en Honduras y cerró el examen preliminar sobre la situación en el país.
Si bien la Fiscal en su comunicado trata de atemperar la decisión expresando que la decisión “no minimiza los crímenes cometidos, ni el impacto para las víctimas”, esto no quita para que tales “crímenes”, a los que ella se refiere, no hayan sido investigados. Como tampoco lo fueron los cometidos en el marco del golpe contra Mel Zelaya, una situación de falta de justicia y violencia que ha agravado de manera tajante la criminalidad y la impunidad reinante en el país.
Lamentablemente, se cerró una importante posibilidad de justicia para las víctimas y sus familiares. Sostengo que esto no debe hacer que cesen los esfuerzos ni la colaboración para que las investigaciones y los juicios puedan ser llevados a cabo por tribunales hondureños que respeten todas las garantías necesarias para llegar a la justicia. Tal como declaró la Federación Internacional de Derechos Humanos, y haciendo mía su declaración, también lamento la interpretación restrictiva hecha por la Fiscalía “sobre su mandato hacia la violencia estructural y sobre los estándares de prueba necesarios para identificar la existencia de un plan o política para cometer un ataque contra una población civil.”
Las víctimas y sus familiares deben tener acceso a la justicia y por sobre todo merecen verdad, justicia, memoria y reparación aún sin la CPI.
Tal como escribió el ex Presidente Zelaya “los presuntos delitos cometidos tras el golpe de Estado en su contra el 28 de junio de 2009 “no prescriben”. Es quizá sobre esa premisa que debemos estar atentos, y seguir de cerca lo que pasa en Honduras.
