La Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea tras reunirse con distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas RIS, y recoger lo aportado por cada país, entre otros documentos, al informe llevado a cabo por Liberties.
Tras un análisis exhaustivo y en lo relativo a España, la Comisión Europea se ha mostrado de nuevo preocupada por la renovación del Poder Judicial, pendiente desde 2018, manifestando que “se han reiterado los llamamientos para que se modifique el sistema de nombramiento de sus vocales en consonancia con las normas europeas, de forma que al menos la mitad de los jueces y magistrados que lo componen sean elegidos por sus homólogos. Se han aprobado enmiendas legislativas que aumentan la transparencia en las relaciones entre el Gobierno y el fiscal general del Estado, pero persiste cierta inquietud ante la coincidencia temporal en el mandato de ambos.”
La CE ha solicitado además que refuerce el estatuto del fiscal general del Estado, “especialmente en lo que respecta a disociar en el tiempo el mandato de este con el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal”.
Con la vista puesta en el proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de interés y el proyecto de Ley sobre Prevención de Conflictos de Intereses del personal al servicio del sector público, la Comisión Europea recomienda que “se tomen medidas para hacer frente al problema de la duración de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos, para así aumentar la eficiencia de la sustanciación de los casos de corrupción de alto nivel.
Tampoco ha pasado inadvertido para el organismo el hecho de que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana continúa en fase de debate en las Cortes.
