Con la participación de Rights International Spain, el Bulgarian Helsinki Committee (Bulgaria), Hungarian Helsinki Committee (Hungría), APADOR-CH (Rumanía) se ha puesto en marcha un proyecto pionero de investigación en Europa coordinado por Fair Trials International para luchar contra la discriminación de las personas gitanas. El proyecto titulado “Lucha contra el sesgo inconsciente hacia las personas gitanas en el sistema de justicia penal” está apoyado por el Programa de Justicia de la Unión Europea y se implementa actualmente en cuatro países de la UE.
Existe considerable evidencia de que los gitanos tienen más probabilidades de verse involucrados en los sistemas de justicia penal de los Estados miembros de la UE que otros grupos étnicos. Si bien los datos son incompletos, la sobrerrepresentación de la población gitana no puede explicarse exclusivamente por los niveles más altos de criminalidad.
Existe evidencia cada vez más fuerte de que el sesgo inconsciente en los actores de la justicia penal tiene un impacto en los resultados del proceso. Cuanto mayor sea la discreción que ejerza un profesional, mayor será el riesgo de que un sesgo inconsciente produzca resultados injustos. En cada sistema de justicia penal, los profesionales ejercen una enorme discreción: determinan si una persona es detenida, si está en prisión provisional, los cargos y la condena.
Objetivos
La finalidad principal del proyecto es luchar contra el sesgo inconsciente contra las personas gitanas en los sistemas de justicia penal de los países miembros de la UE y, por lo tanto, reducir el riesgo de discriminación, privación y/o vulneración de derechos fundamentales.
Los objetivos concretos son:
Incrementar el reconocimiento de cómo los estereotipos negativos y las actitudes sociales contribuyen a la sobrerrepresentación de las personas gitanas en el sistema de justicia penal.
Involucrar a los profesionales del sistema de justicia penal (policía, fiscales, jueces y abogados) junto con víctimas para identificar los principales riesgos de discriminación contra las personas gitanas, así como estrategias para mejorar la imparcialidad en la toma de decisiones.
Identificar e intercambiar buenas practicas en estos temas.
Para ello llevaremos a cabo entrevistas con personas gitanas que hayan sufrido algún tipo de discriminación en el sistema de justicia penal español, con jueces, fiscales, abogados y policías; así como otras actividades destinadas a recabar la información necesaria para la elaboración de un informe nacional. Se organizarán mesas redondas para involucrar a actores clave directamente con las recomendaciones de los informes. Y finalmente se preparará un informe regional comparativo
La investigación llevada a cabo durante 2019 y parte de 2020 buscaba incidir en el fenómeno conocido como sesgo inconsciente, es decir, aquellas conductas discriminatorias por motivos étnico-raciales resultado de las asociaciones que, de manera automática, generamos entre grupos de personas y los estereotipos existentes sobre éstas. Esto ha supuesto un auténtico reto debido a la escasa información previa en la materia y la sensibilidad del tema tratado. No es fácil ni para las personas gitanas ni para los profesionales del sistema de justicia penal hablar libremente y sin tapujos sobre este tema.
La hipótesis de partida establece que el racismo institucional y el sesgo inconsciente tienen su manifestación más clara en aquellos espacios del sistema de justicia penal en los que existe una mayor discrecionalidad, pudiendo llegar a impactar de manera negativa en la imparcialidad del proceso.
Ante la ausencia de datos empíricos en la materia el informe ha buscado señalar hacia dónde se necesitaría enfocar futuras investigaciones. Se ha recogido la información existente y se han recabado las percepciones tanto de profesionales como de personas gitanas en todo el territorio español con el objetivo de empezar a dibujar el mapa de la discriminación hacia las personas de etnia gitana dentro del sistema de justicia penal español. Las conclusiones aquí expuestas nos permiten empezar a conectar los puntos para comprender la auténtica forma y dimensión del problema y en qué sentido deberían orientarse las soluciones.
Parada e identificación
Aunque la decisión de parar a una persona no debería tomarse en base a su pertenencia a una minoría étnica, sino que debería seguir un patrón objetivo de individualización de la conducta; la realidad es que la apariencia física y los estereotipos juegan un importante papel a la hora de identificar a una persona por parte de la policía.
Detención e investigación policial
Por otra parte, la falta de control judicial y, por tanto, de un sistema de control y garantías en la fase de investigación policial provoca serias inquietudes al existir la posibilidad de que se apliquen patrones de delincuencia estereotipados que atribuyan a ciertos grupos determinados delitos.
Garantías procesales
Los estereotipos grupales históricos que asocian la pertenencia a la etnia gitana con la delincuencia siguen muy arraigados socialmente hoy en día por lo que no podemos descartar que tengan un impacto en la presunción de inocencia de los encausados gitanos.
Los medios de comunicación ostentan un alto potencial para promover o cuestionar los estereotipos imperantes. En España, por lo general, fomentan los estereotipos más extendidos sobre la etnia gitana. A pesar de no tener un efecto directo en la toma de decisiones de los profesionales este tipo de noticias refuerzan estereotipos como los que asocian a las personas gitanas con la delincuencia, lo que puede actuar de detonante del sesgo inconsciente.
Prisión provisional
Otro estereotipo fuertemente arraigado es el que identifica a las personas gitanas como delincuentes potencialmente peligrosos que, unido a la imagen estereotipada de que el gitano hace de la delincuencia su modus vivendi, puede provocar un uso extensivo de la prisión provisional bajo los criterios de riesgo de reiteración delictiva debido al amplio margen de discrecionalidad existente. Las posibilidades de que se decrete prisión provisional en los casos especialmente sensibles o mediáticos aumentan exponencialmente al existir una presión social, mediática y política que puede saldarse negativamente en un conflicto entre las garantías procesales del encausado frente a la vocación de preservación del juez.
Sentencia
Aunque el margen de discrecionalidad a la hora de acordar la pena es menor, la existencia de un pronostico negativo sobre la posible reinserción del encausado puede tener un efecto negativo sobre aspectos como las conformidades, la valoración de las circunstancias atenuantes o agravantes o la suspensión de la pena.
La existencia más o menos extendida de comentarios discriminatorios en todas las categorías profesionales, reviste una especial gravedad si tenemos en cuenta que todos los profesionales deberían regirse por los principios de imparcialidad y no discriminación. Además, nadie puede asegurar que quien hace un comentario de este tipo, en apariencia inofensivo y entre colegas, no pueda de manera inconsciente reflejar el mismo prejuicio en un escrito de defensa, acusación o en una resolución; ya sea de manera directa, en la forma de valorar la prueba, o de llegar a una conclusión.
Además, la percepción de la desigualdad y la discriminación provoca en las personas gitanas distintos mecanismos de respuesta a la discriminación, tales como: desconfianza, miedo y aislamiento de la sociedad, refuerzo de la conexión con la comunidad de pertenencia, cambios en la forma de uso de los espacios públicos y adaptación de otros hábitos, culparse a uno mismo e internalización de la discriminación. En este sentido, la desconfianza de la población gitana hacia el sistema de justicia penal es manifiesta, y aumenta considerablemente si nos centramos en su opinión sobre la policía.
El resultado de todo lo anterior es la sobrerrepresentación de las personas gitanas dentro del sistema de justicia penal. Sin embargo, la falta de datos desagregados por etnia no nos permite respaldar con cifras ni esta ni ninguna otra conclusión de la investigación. La recopilación de datos sobre el origen étnico de las personas que entran en contacto con el sistema de justicia penal es compleja y genera numerosas dudas debido a la alta sensibilidad de los datos recogidos. Por ello, debemos apostar por un sistema de recopilación de datos que garantice que la información se conserve de manera anónima y segura y se utilice de manera ética y responsable.
Dentro del plano de las recomendaciones, consideramos que, entre otros, se debería:
(a) Establecer una definición legal de perfil étnico, así como la prohibición de emplear este tipo de prácticas.
(b) Aumentar la representación de las minorías étnicas en las distintas esferas públicas y, en concreto, en colectivos como la policía, judicatura y fiscalía. Solo unos poderes públicos que reflejen entre sus miembros la diversidad de nuestra sociedad serán auténticamente representativos y democráticos a ojos de la ciudadanía.
(c) En conexión con lo anterior, abordar las desigualdades estructurales que padece la minoría gitana. Como hemos podido observar, existen diversos programas en marcha y las estadísticas han mostrado mejoras paulatinas con el tiempo en distintos campos. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer.
(d) Implementar herramientas como los racial and ethnic statements y los racial and ethnic impact tools, puestas en marcha en otros países como Estados Unidos. Se trata de herramientas para evaluar posibles desigualdades durante la creación de una norma o durante una reforma legislativa, antes de su aprobación parlamentaria o; para mostrar el impacto en las minorías étnicas de normas, políticas y prácticas existentes.
(e) Implementar los cambios pertinentes para que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial sea un organismo activo e independiente.
(f) Desarrollar iniciativas legislativas a nivel nacional y autonómico en la misma línea que el Anteproyecto de ley para erradicar el antigitanismo que se está tramitando actualmente en Cataluña.
(g) Establecer un sistema de recopilación de datos sobre la etnia de las personas que pasan por el sistema de justicia penal que garantice que la información se conserve de manera anónima y segura y se utilice de manera ética y responsable.
(h) Profundizar en los aspectos formativos para que no queden como algo meramente anecdótico. En este sentido, abogamos por su obligatoriedad tanto para acceder a los distintos cuerpos profesionales, como de cara a la promoción interna y el acceso a puestos de responsabilidad o especializados; así como por su periodicidad, ofreciendo una formación continua en materia de derechos humanos y discriminación y que cuente con la participación de expertos en la materia, así como de miembros de las minorías étnicas.
(i) Ofrecer una formación especializada en el CGPJ para jueces, Ministerio Fiscal para fiscales, colegios abogados o a través del Consejo General de la Abogacía Española para abogados y en los órganos especializados de los distintos cuerpos de policía.
(j) Implantar en todo el territorio español programas PIPE como los desarrollados en diversas policías locales en España desde 2007. La implementación de los formularios de identificación por la Policía Nacional y la Guardia Civil representaría un paso importante para abordar las prácticas basadas en el perfil étnico.
(k) Promover pruebas de acceso a los cuerpos de policía destinadas a localizar posibles sesgos racistas de los candidatos, así como el aumento de la diversidad étnico-racial dentro de los cuerpos de policía.
(l) Crear un mecanismo de supervisión policial independiente, especializado y accesible.
(m) Implementar un modelo común a todos los cuerpos policiales de acta de información de derechos en un lenguaje sencillo y accesible.
(n) Promover la redacción de los documentos esenciales del proceso penal en un lenguaje sencillo y accesible.
(o) Implantar comités y grupos de trabajo que aborden las desigualdades dentro del sistema de justicia penal. Se trata de la creación de espacios en los que personas gitanas, jueces y fiscales puedan dialogar y abordar de manera periódica temas concretos y formular posibles soluciones.
(p) Desarrollar medidas orientadas a erradicar los comentarios discriminatorios por parte de los operadores jurídicos, así como agilizar las formas de denuncia.
(q) Promover formas de acceso a la carrera judicial que fomenten la diversidad étnico-racial.
(r) Promover el respeto del código deontológico por parte de periodistas y medios de comunicación en general.
(s) Fomentar las piezas periodísticas sobre “buenas noticias” en relación con la comunidad gitana, como una forma de romper los estereotipos imperantes.
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ALGUNOS DATOS
* Los datos reflejados en este artículo forman parte de la investigación recientemente publicada por Rights International Spain Roma: Lucha contra el sesgo inconsciente hacia
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